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Evolución De La Participación Social En Venezuela A Partir De Los Consejos Comunales.

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Categoría: Acontecimientos Sociales

Enviado por: tolero 04 mayo 2011

Palabras: 5280 | Páginas: 22

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planificación y que en el año de 2006, cuando se promulgó su Ley Orgánica, se les dio su carácter de autonomía, organismos que mas que buscar la reivindicación social, toman ellos mismos las riendas y plantean las soluciones a las carencias presentes en sus comunidades. En el marco de los acontecimientos políticos que se suceden en Venezuela, a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, nos proponemos como objetivo de este ensayo, interpretar la participación ciudadana desde la representación social que construyen los propios sujetos (grupos comunitarios), y como el marco constitucional y legal los dota de derechos y herramientas. Inicialmente podemos concluir que la radicalización, el conflicto político y los espacios oficialmente (y con esto se quiere decir, legalmente) abiertos a la sociedad, son algunos de los elementos asociados al proceso de participación ciudadana, generando en el actual escenario sociopolítico el re-establecimiento de una conciencia participativa que ha hecho que el ciudadano común haga uso de los medios constitucionales y no constitucionales para hacer valer su opinión y derechos en este divergente panorama de conflictividad. 2. Participación Social. Antecedentes. La participación política es un derecho ciudadano que está íntimamente ligado al desarrollo de la democratización en el mundo, y aún se mantiene a pesar de los obstáculos que ha encontrado en su camino, toda vez que el mundo se encuentra

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actualmente en un complejo proceso de redefinición de los paradigmas que le dan explicación, en donde la visión que se tiene de la democracia y de la misma participación no escapan de ello, a propósito de la crisis de la representatividad política-partidista y estatal, la ineficiencia e ineficacia del Estado en materia de gestión pública, la agudización de los problemas sociales a los que no pueden dar soluciones efectivas, entre otros aspectos. Lo cierto es que la inherencia de los ciudadanos en la gestión de su propio porvenir, de su estado de bienestar social y de su relación con el aparato estatal, conlleva tácitamente procesos de lucha, dificultades, redimensionamiento de paradigmas sociopolíticos, cuestionamientos, subordinación, manipulación,

estancamiento, conflicto de intereses, polarización social, riesgos; pero también agrupa interesantes experiencias positivas, suma de voluntades, toma de conciencia, objetivos particulares y colectivos, organización, y abriga las esperanzas por una mejoría en las condiciones de vida existentes en la sociedad. Si bien la historia política venezolana está llena de actores políticos de tipo movimientos sociales, muy pocos fueron de larga duración, mayormente por falta de organización, y por la pérdida de sus objetivos primarios. Debido a que carecían de un espacio oficial en el quehacer político del gobierno, estos solo se definían como voceros del pueblo que reclamaban reivindicaciones sociales al gobierno. Muy poco se realizaba de forma proactiva desde estas organizaciones sociales. Según Machado (2009) en Venezuela se tienen registros de formas de participación social desde 1934, que ayudaron a lograr la fundación de los conglomerados urbanos de San Agustín del Sur, La Vega y Antemano, conformándose como Juntas Profomento o Promejoras. Durante la década de los 1940’s estas organizaciones alcanzaron presencia nacional, y se organizaron en federaciones promejoras, fue a raíz de este gran crecimiento y relevancia que los partidos políticos las vieron como un buen vehículo para permear sus intereses de movilización de masas, bajo sus propias agendas.

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En 1964, el gobierno de Raúl Leoni lanza el Programa Nacional de Desarrollo de la Comunidad, desde el cual se coordinarían las acciones de mejoras de infraestructura, de apoyo a actividades culturales y deportivas, aunque no marcaba una gran participación social, sino fungía como “una estrategia política diseñada para garantizar una adhesión al pacto de elites para garantizar la gobernabilidad tras la dictadura de Pérez Jiménez y neutralizar la influencia que pudieran tener otras fuerzas disidentes en estos sectores” (Machado, 2009:174). En la década de los 70, lo organizativo popular tuvo un auge considerable debido al nacimiento de muchas organizaciones populares en este periodo. La características que ellas compartían eran la autonomía, las prácticas democráticas y alto nivel de participación. La mayoría de sus programas perseguían agendas de lucha impregnadas por las muchas demandas reivindicativas. En muy pocos casos se realizaron planteamientos para proponer transformaciones en la formación social del país. El movimiento popular en los años 80 se encontraba debilitado, principalmente por el descontento de los sectores populares hacia el tema político, llegando a una situación de retroceso en las formas organizativas populares. Produciendo una incapacidad para construir una alternativa real contrahegemónica. Según (Machado 2008) la inexistencia de estos grupos organizados, dejó a los “grupos subalternos” con nada más que la explosión violenta de calle en los que se conoce como El Caracazo, ya que no poseían otros modos orgánicos dentro de la institucionalidad estatal para manifestar sus demandas sobre necesidades postergadas. Con los 90’s se comienza un nuevo resurgimiento de la organizaciones populares, esta vez con agendas más amplias que la sola demanda reivindicativa, plantean nuevos horizontes políticos distintos a los desgastados primigenios. En el 92 se producen dos intentos de golpes. La crisis orgánica se profundiza. Una pequeña muestra de ello es creciente apoyo de una porción considerable de los

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sectores populares a los responsables de las dos intervenciones militares y aumento del rechazo a la institucionalidad democrática liberal hasta el momento vigente. Muchas de las nuevas formas organizativas populares estaban motivadas por la adhesión a estos militares. La participación popular tiene un auge y ciertamente multitudinario. La propuesta política de estos militares cobraba fuerza. Fue tal la aceptación y el apoyo del pueblo a este grupo de militares que en las elecciones presidenciales de 1998 su líder Hugo Chávez Frías sale victorioso. Aun cuando se estaba en la probabilidad de un gobierno de corte castrista, el pueblo lo prefería a continuar con los viejos esquemas de gobierno. Una vez Chávez en el poder (1999), inicia el conteo regresivo para la constituyente, que se llevará a cabo a finales de ese mismo año, haciendo realidad su plan de lograr una verdadera justicia política desde el punto de vista constitucional, a este proceso de constituyente fueron llamados a participar todos los venezolanos y venezolanas, poniendo por primera vez, de forma tan explícita, el futuro del país en manos del pueblo, fue el primer intento de democracia participativa. La actual administración gubernamental elaboró un documento titulado Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, que marca las directrices para la creación de de formas organizativo de lo popular desde el poder central. A partir de estas Líneas Generales, el Estado se concibe como un facilitador del proceso de organización y participación para la creación del poder popular. Se comienza a formular los canales para permitir esta democracia participativa, una forma de que los ciudadanos sean “sujetos de activos y protagonistas de su propio destino” (Henriquez, 2009), una nueva forma de relación entre el Estado y los

ciudadanos, garantizando que los poderes públicos estén al servicio de los ciudadanos.

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La creación de estos nuevos formas y/o mecanismos de participación sociopolítica de la sujetualidad nacional-popular contra-hegemónica, consiguen en los Consejos Comunales, la posibilidad de una profundización de lo democrático, haciendo que este supere el agotado modelo de la mera representatividad y se encamine hacia senderos de una democracia participativa, radical, pluralista y protagónica. 3. Los Consejos Comunales. Para que pueda existir una democracia participativa, el pueblo debe ser artífice de su propio desarrollo y participar en la construcción de su propio destino. En Venezuela lo que sustenta la democracia participativa, dándole el valor necesario al poder popular mediante la organización social, son los denominados Consejos Comunales. Estas organizaciones, que no han carecido de polémica, se han convertido en la punta de lanza del aparato ejecutor de políticas públicas del gobierno del Presidente Hugo Chávez, debido a su gran potencial de diagnostico de las carencias de las comunidades y del protagonismo que les dota en la resolución de problemas en su comunidad. Dichas organizaciones, aunque desde su concepción ha mantenido el espíritu de hacer a los miembros de las comunidades corresponsables de la planificación, ejecución y contraloría de los proyectos efectuados en su ámbito de acción, han evolucionado en el papel que juegan dentro de la trama organizativa de la ejecución de las políticas públicas, dicha evolución puede observarse mediante los distintos documentos legislativos en los cuales se ha enmarcado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: Art. 62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación,

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ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. Al adquirir rango constitucional, la participación ciudadana permite a todos los venezolanos y venezolanas ser parte del proceso de planificación de políticas públicas, pudiendo opinar en la elaboración y ejecución de proyectos. Ya enmarcado en la constitución el derecho a la participación por parte de la sociedad organizada en la toma de decisiones de la agenda pública, en junio de 2002 se decreta la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, instancia en la cual el poder municipal daba cabida a las comunidades a discutir los proyectos en los cuales se invertía el presupuesto local. En esta ley se establece como principal objetivo "hacer eficaz su intervención en la planificación que conjuntamente efectuará con el gobierno municipal respectivo, y el concurso de las comunidades organizadas". En el artículo 6 de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, se hace mención por primera vez de lo que se convertiría en el epitome de la participación social en Venezuela, los Consejos Comunales: “los miembros del Consejo Local de Planificación Pública estarán obligados a cumplir con sus funciones, en beneficio de los intereses colectivos, mantendrá una vinculación permanente con las redes de los consejos parroquiales y comunales, atendiendo sus opiniones y sugerencias, y prestará información oportunamente, de las actividades del Consejo Local de Planificación Pública.”1

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Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Art. 6.

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La inclusión de estos nuevos actores en la elaboración, planificación y elaboración de los proyectos llevados a cabo por los entes locales no fue de bien ver por los Alcaldes, quienes fueron obligados a darles espacios, mediante la reforma de la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) permitiendo la creación acelerada de estos consejos de planificación, ya que en su artículo 20 se exige que los programas y proyectos de las alcaldías deben ser presentados por los mismos CLPP para su aprobación. Aunque en la Reforma de Ley del Poder Público Municipal del año 2005, aun se considera a los Consejos Comunales como entes conformantes de los Consejos Locales de Planificación Pública, prontamente se vio el alcance que estas organizaciones sociales podían alcanzar y por mandato del Presidente Chávez, la Asamblea Nacional se aceleró a promulgar la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2006), donde se dotaba a estos organismos de autonomía de los gobiernos locales y se comunicarían directamente con el Gobierno Nacional, por medio de las comisiones presidenciales establecidas para tal fin. En esta Ley de Consejos Comunales se definen como: “Artículo 2. Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”. Dando esta prerrogativa legal a las comunidades, se pudo lograr que la sociedad se organizara, habiéndose conformado para marzo de 2008, según

Fundacomunal, 36.812 consejos comunales, de los cuales 26.143 estaban constituidos y 10.669 en proceso de conformación en todo el país.

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Con la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Los Consejos Comunales en el 2009, fueron muchos los cambios de manera formativa que se hicieron, entre ellos se destacan, el artículo 30[2], que se refiere a la modificación de la figura del Banco Comunal, registrado anteriormente como una cooperativa, en el modelo de producción y en las formas de organización para el impulso de la economía comunal. Logrando así que que los Consejos Comunales se formen en una Unidad Financiera y se desarrollen junto a un proceso de autogestión, y den cumplimiento a la responsabilidad social como una comunidad organizada, lo que implica el ahorro de los fondos que el Estado transfiera al Poder Popular para que crezcan y generen economías locales, apuntados hacia el modelo de producción socialista. Responsabilidades de sus miembros Las distintas personas naturales que ejercen la función pública, se encuentran sometidas ante todo al principio de legalidad y tienen responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria por la contravención de los principios contenidos en el ordenamiento legal vigente. Los consejos comunales, al manejar fondos públicos, generan responsabilidad civil, penal y administrativa, por lo que, sin tener el estatuto de funcionario público, los miembros del órgano financiero adquieren las responsabilidades propias de un Funcionario Público, requiriendo una presentación de declaración de patrimonio ante la Contraloría General de la República.3 El ejercicio de la función pública acarrea distintos tipos de responsabilidad (civil, penal, administrativa, disciplinaria y política), y que pueden enmarcarse dentro de

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Asamblea Nacional. Ley de Los Consejos Comunales (2009). Artículo 30. “La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria es la instancia del consejo comunal que funciona como un ente de administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera de los recursos y fondos de los consejos comunales, de acuerdo a las decisiones y aprobaciones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital. Estará integrada por cinco habitantes de la comunidad, electos o electas a través de un proceso de elección popular”. 3 Ley de los Consejos Comunales (2006). Artículo 27.

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la ley del Estatuto de la Función Pública, La Ley Orgánica de la Contraloría, el Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley contra la Corrupción. Aunque según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos define a la actividad administrativa como el conjunto de actos, hechos y omisiones que despliegan los órganos del poder público en uso de las potestades administrativas (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 1981), estas disposiciones también se aplican a las personas de derecho privado investidas de autoridad, así como a las empresas privadas que tienen una finalidad de interés público. Según el artículo 17 de la Ley de los Consejos Comunales (2009) estas instancias “…adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana…”. La mencionada ley en el artículo 32 del Capítulo III concerniente a la organización del consejo comunal, reza que “los voceros o voceras de la Unidad Administrativa y Financiera incurrirán en responsabilidad civil, penal y administrativa, según sea el caso, por los actos, hechos u omisiones que alteren el destino de los recursos del consejo comunal, por lo cual serán sancionados conforme a las leyes que regulen la materia”. Apunta Cabanellas (1978) que la responsabilidad se erige como un elemento que permite disminuir el salvajismo y la impunidad. Tradicionalmente se conocen dos categorías fundamentales de responsabilidad, a saber: En primer lugar la Civil que se encuentra a su vez subdividida por la responsabilidad contractual y la extracontractual y en segundo lugar la responsabilidad penal que se encuentra subdividida en responsabilidad criminal y responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Lares (1998) indica lo siguiente: La responsabilidad de los funcionarios públicos es una institución esencial en el estado de derecho… No es suficiente con la declaración de nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho. Es

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necesario, además, que mediante sanciones de diverso orden, se mantenga a los funcionarios dentro del círculo preciso de las atribuciones y deberes que las normas jurídicas les trazan (p. 483). Mientras que Rondón (2004) al estudiar la responsabilidad afirma lo siguiente: “La responsabilidad en general es el efecto desfavorable que recae sobre un sujeto como consecuencia de su conducta, cuando la misma, constituida por una acción u omisión, ha violado una norma jurídica o un pacto contractualmente establecido” (p. 145). Pero aunque exista una división clásica de la responsabilidad también se consiguen una abundante clasificación de la responsabilidad entre las que se puede nombrar: a) Responsabilidad individual en el ejercicio de la función pública (civil, penal, administrativa); b) Responsabilidad administrativa del Estado; c) Responsabilidad disciplinaria del funcionario y d) Responsabilidad política en el ejercicio de la función pública. De acuerdo con Cabanellas (1978) la responsabilidad es “la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o en ocasiones especiales por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado”. Para el estudio de la responsabilidad se debe partir del precepto constitucional contenido en el artículo 139 que reza lo siguiente: “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley”, complementado con las previsiones del artículo 25 constitucional que reitera este principio de responsabilidad y en donde se establece que los funcionarios responden desde el punto de vista civil, penal y administrativo cuando dicten, ordenen, ejecuten, violen o menoscaben los derechos garantizados constitucionalmente y el artículo 141 constitucional, que establece los principios que debe observar la Administración Pública al momento de cumplir con los fines del Estado y entre los que se encuentra “(…) la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública (…)”. Por último el artículo 259 del texto constitucional consagra las atribuciones de la jurisdicción contencioso-administrativa en donde se le otorga al

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Juez de lo Contencioso Administrativo la potestad para: “son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad de la Administración…”. Pero no solamente el basamento constitucional preceptúa o consagra el principio de responsabilidad individual en el ejercicio de la función pública y se puede observar que en el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción se indica lo siguiente: “Los funcionarios y empleados públicos responden civil, penal, administrativa y disciplinariamente, por la administración de los bienes y recursos públicos, de conformidad con lo establecido en la ley”. Mientras que el artículo 82 de la Ley de la Contraloría preceptúa lo siguiente: “Los funcionarios, empleados y obreros que presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numeral 1 al 11, de esta Ley, así como los particulares a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones contrarios a normas expresas en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones”. El artículo 79 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone lo siguiente: “Los funcionarios o funcionarias publicas

responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad no excluye la que pudiera corresponderles por leyes especiales o de su condición de ciudadanos o ciudadanas”. El asunto que se presenta en la práctica es lograr la determinación del tipo de responsabilidad; es decir, si el hecho, acto u omisión es imputable al funcionario o a la Administración, encontrándose la falta personal y la falta de servicio como elementos para determinar la responsabilidad del funcionario. La responsabilidad penal es definida por Cruz, Pelekais y Torres (2005) en los siguientes términos: “Es la que surge cuando un funcionario público, adecua su conducta a aquellos presupuestos fácticos que las leyes pertinentes tipifican como delito y que conllevan a la aplicación de una pena, independientemente de los demás hechos delictuosos que como cualquier otra persona pudieran cometer”, consagrándose

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en los artículos 46 al 82 de la Ley Contra la Corrupción los presupuestos fácticos que regulan la conducta en el ejercicio de la función pública. Lares (1998) define a la responsabilidad administrativa en los siguientes términos: “…, incurre en responsabilidad administrativa el agente público que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio. Se le ha denominado igualmente responsabilidad disciplinaria”. Mientras que Rondón (2004) afirma que la responsabilidad administrativa es la consecuencia para un sujeto de la violación de normas del ordenamiento administrativo no estatutario que tiene una consecuencia primara de carácter pecuniario y a la cual se le puede acumular otras consecuencias (inhabilitación, suspensión y destitución) y considera que existe una

responsabilidad en sentido amplio y una responsabilidad en sentido estricto. De lo anteriormente expuesto se puede afirmar que la responsabilidad administrativa es aquella que se deriva por el incumplimiento, inobservancia de las normas referidas a la actividad administrativa y aquellas derivadas por el incorrecto o inapropiado manejo o custodia de fondos o bienes público, así como el incumplimiento de la planificación de los distintos organismos públicos, teniendo su basamento en el artículo 139, 141 y 25 constitucional; el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control Fiscal y 33 de la Ley Contra la Corrupción. La responsabilidad disciplinaria surge por las imputaciones que reciba la conducta del funcionario en aplicación de supuestos contenidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública que regula las relaciones de los funcionarios públicos, teniendo su basamento constitucional en los artículos 139, 25 constitucional; así como en los preceptos 83 y 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Es importante indicar que de acuerdo con el contenido del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control Fiscal ante la gravedad de la actuación, abstención u omisión del funcionario, el órgano contralor al momento de la declaratoria de responsabilidad administrativa puede acordar la inhabilitación

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para el ejercicio de un cargo público o la destitución del cargo, sin embargo hay que separar estas circunstancias excepcionales de la consecuencia de la responsabilidad disciplinaria declarado por el órgano contralor. Los Consejos Comunales y las comunidades. Los consejos comunales son un medio de organización comunitaria, y le que está posibilitando que así sea es que ésta mediación permite resolver problemas de mejora de la calidad de vida de las personas de los medios populares. La

ejecución de proyectos gira en torno a la vivienda y todos los servicios conexos de urbanismo que lleva consigo, servicios de suministro de agua potable y canalización de las aguas servidas; electrificación, vías de acceso, escuelas, embaulamiento de quebradas, muros de contención, etc. Las comunidades populares encuentran en los CC un mecanismo más efectivo de resolución de problemas que sienten como prioritarios. Al superarse la burocracia del Estado en todo sus niveles y partiendo del diagnóstico de las necesidades más sentidas, la acción comunitaria a través de sus consejos comunales, puede resolver de modo más ágil. Las comunidades no solamente están demandando soluciones de servicios y satisfacción de necesidades sino que están planteando y realizando soluciones a los mismos. Son las mismas comunidades populares las que están dando respuesta a necesidades históricas. Desde una perspectiva de derechos humanos las personas van haciendo realidad el cumplimiento de derechos sociales. La participación en los espacios sociales populares a través de los consejos comunales, y esto es otro dato que hay que resaltar del estudio, mantiene una identidad local-territorial convirtiéndose está en epicentro genésico de nuevas formas de participación. Es a partir de esa forma de participación, con esas motivaciones, que se articula toda otra intervención participativa en la vida pública del país. Se muestra un cambio emergente protagonizado por los sectores populares, que van asumiendo

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en grado creciente mayores niveles de responsabilidad social a la vez que se constituyen como ciudadanos. Al obtener logros concretos partiendo de la organización y la movilización, que se posibilita a través de los consejos comunales, se va superando la desconfianza en las propias capacidades, lo que permitiría el mantenimiento de estas formas organizativas. A lo anterior se le sumaría el fortalecimiento de una conciencia organizativa para resolver los problemas dejando atrás una cultura de la urgencia, además de desechar las salidas individualistas a problemas colectivos. En este mismo proceso se van incrementando los niveles de conciencia política. Las personas que se politizan pasan de centrar toda su atención a los problemas individuales y empiezan a ubicarlos en contextos más amplios abriendo caminos a proyectos de transformación desde las bases. Las necesidades individuales se ponen de manifiesto en un espacio común, la asamblea, en ese momento se convierte en un problema colectivo en la medida en que todos los que están en la misma situación lo reconocen, pasa a identificarse como un problema colectivo y la búsqueda de solución en común a través de los consejos comunales, lo que implica una revalorización de lo colectivo, que conlleva a una reconfiguración entre lo público y lo privado. Pero también implica otro fenómeno, como lo es el de la recomposición de la red de relaciones sociocomunitarias en el mundo popular. La necesidad de hacer cada más habitable el espacio social que se ocupa,

procurando elevar la calidad de vida, implica para los habitantes de las comunidades una motivación para el diagnóstico social, elaboración de propuestas y proyectos, realizar las gestiones ante los organismos gubernamentales correspondientes. Si estos organismos no actúan con diligencia en la ejecución presupuestaria para que en los consejos comunales puedan realizar las obras en los tiempos programados, puede afectar gravemente las motivaciones a participar de las personas, ocasionando un grave daño a lo logrado en el tema de participación y organización social. Las prácticas de retardo en la asignación de

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recursos por parte de los organismo gubernamentales puede ocasionar que la participación termine siendo desmovilizadora del cuerpo social. 4. Conclusiones. Las comunidades como espacios sociales de convivencia primarios son una excelente escuela para fomentar la cultura democrática. Las prácticas de asambleas comunitarias para discutir los proyectos necesarios de las

comunidades y su posterior aprobación, muestra un ejercicio de lo democrático con amplia repercusiones en la cultura política del país y la sanidad política de la república. A mayores niveles de participación corresponde mayores niveles de fortalecimiento de lo democrático, y esto es también bien es llamativo, la idea de la representación se va reconfigurando hacia formas más participativas de democracia. El apoyo que el Gobierno Bolivariano y los diferentes organismos públicos han dado a los consejos comunales se ve materializado en la creación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales la cual fue promulgada en el 2009, este instrumento legal crea un marco jurídico que agrupa las funciones y responsabilidades que estas comunidades organizadas deben asumir, es importante destacar que anterior a esta Ley, no existía ningún instrumento legal que sirviera de referencia para normar la materia, en consecuencia al dar a conocer esta nueva ley se creó en el ciudadano una nueva forma de participación. Es por esta razón que el ciudadano común hace uso de los medios constitucionales y no constitucionales para hacer valer su opinión y derechos en este divergente panorama de conflictividad. Finalmente se concluye que la participación popular en el modelo de gobierno actual ha ido en crecimiento, y que estas comunidades organizadas han pasado a ser partícipe de la planificación y ejecución de obras que van en beneficio de su propio entorno.

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Las comunidades como espacios sociales de convivencia primarios son una excelente escuela para fomentar la cultura democrática. Las prácticas de asambleas comunitarias para discutir los proyectos necesarios de las

comunidades y su posterior aprobación, muestra un ejercicio de lo democrático con amplia repercusiones en la cultura política del país y la sanidad política de la república. A mayores niveles de participación corresponde mayores niveles de fortalecimiento de lo democrático, y esto es también bien es llamativo, la idea de la representación se va reconfigurando hacia formas más participativas de democracia. 5. Bibliografía.   Cabanellas de T., G. (1978) Diccionario Jurídico. Argentina: Editorial Heliasta. Delgado H., José G. (2007). “Los Consejos Comunales en el Contexto de la Normativa Legal Vigente”. Seminario: Consejos Comunales,

Planificación Municipal y Poder Popular. Escuela de Vecinos. Caracas, Venezuela.   Lares, E (1998). Manual de Derecho Administrativo. Caracas:

Publicaciones UCV. Machado M., Jesús E. (2009).” Participación social y consejos comunales en Venezuela”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2009, vol. 15, nº 1, pp. 173-185.   Mora B., Freddy A. (2007) “La responsabilidad de los consejos comunales derivada del ejercicio de la función pública”. Provincia Nº 18, pp.137-157. Rondón, H (2004). “Responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios públicos en la Ley del Estatuto de la Función Pública y en la Ley contra la Corrupción”. El régimen jurídico de la Función Pública en Venezuela. Funeda. Caracas. Leyes.  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999.

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    

Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.2002. Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. 2006. Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 2005. Ley de los Consejos Comunales. 2006. Ley de Los Consejos Comunales. 2009

Internet.  Aporrea: “Gobierno Bolivariano transfiere más de Bs F. 500 millones al Poder Popular”. [en línea] Consulta del 10-03-10.  Machado, Jesús (2008a) I Estudio de los Consejos Comunales de Venezuela 2008 [en línea] Caracas. Fundación Centro Gumilla.  Hernández, Geisha (2009). Ley de los Consejos Comunales consolidará construcción de la Sociedad Socialista. [en línea]

Caracas. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y el Protección Social. Consulta del 10-03-10.  Ministerio del Poder Popular para las Comunas y el Protección Social. Divulgan nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales. [en línea] Consulta del 23-02-10.