Identificación Del Derecho Vulnerado

INTRODUCCION

Los pueblos indígenas de Guatemala han logrado sobrevivir de varios holocaustos: la colonización y/o invasión española, la independencia, la reforma liberal y el conflicto armado de 36 años. Desde 1970 se han presentado ante el Estado guatemalteco, varias propuestas para transformar su situación a hacia una realidad más humana y justa, estas se encuentran en documentos llamadas agendas. También han participado en diferentes espacios para la reivindicación de sus derechos. En todo este proceso se ha presentado la posibilidad de que se les reconozcan sus derechos históricos como: la tierra y territorio, autonomía y libre determinación, participación a todo nivel, sistema educativo y salud desde su visión, visión de Desarrollo y de Estado.

Con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas, se reconoce a la nación guatemalteca como: multiétnica, multicultural y plurilingüe (siendo cuatro los pueblos reconocidos: maya, ladino, garífuna y xinka. Los mayas y ladinos son los grupos mayoritarios), de este se han desprendido la aprobación de un sinnúmero de acuerdos, tanto ministeriales como gubernativos y muy pocos legislativos y la creación de una cierta institucionalidad que se encargaría de promover políticas públicas para los pueblos indígenas, pero estos no han podido llegar a tener un grado de

autonomía, sino al contrario han estado sujeto a las decisiones de los diferentes gobiernos y sus propias políticas.

Históricamente el país se ha caracterizado por grandes desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales, que han provocado niveles de exclusión de amplios sectores de la población que no han tenido acceso a oportunidades de desarrollo.

Así mismo también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, ha creado un Programa de Capacitación Técnica y Litigio Estratégico de los Derechos de los Pueblos Indígenas, dentro del marco del Programa Maya, el cual tiene como objetivo capacitar a estudiantes de la facultad de ciencias jurídicas y sociales, de las diferentes universidades del país, a efecto de que los mismos puedan coadyuvar en la elaboración de estrategias para la promoción, difusión y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El acceso a la justicia, en particular para los sectores más vulnerables de la población, constituye un gran reto para Latinoamérica. En las últimas décadas, los estados han aumentado la ratificación de instrumentos de derechos humanos, incluyendo derechos específicos para pueblos indígenas, mujeres y otros sectores. También ha aumentado la demanda social para que se garanticen de mejor manera los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Lo que no ha tenido el mismo ritmo es la implementación institucional de los derechos.

En países como Guatemala o Perú, la violencia política dejó un saldo muy grande de violaciones graves de derechos humanos cuyos efectos aún padece la población, en especial la población indígena rural y urbana popular. La mayor parte de los delitos de lesa humanidad no fueron procesados judicialmente en su momento. Es más, ni siquiera había una aceptación oficial de que hubiesen ocurrido. En Guatemala esto pasó, por ejemplo, con el tema del genocidio, cuya comisión fue planteada por primera vez de modo público por la

Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999. Estos hechos, en su conjunto, constituyen una inmensa demanda potencial de justicia para efectos de la búsqueda de la verdad así como de mecanismos adecuados de reparación, dado que muy pocos de los mismos han sido llevados ante la justicia o han merecido alguna forma de reparación. Incluso a la fecha, quedan aún estructuras y mecanismos que reproducen la vulneración de derechos y los mecanismos que aseguran la impunidad de actores con poder armado.

Al legado de la era de la violencia política, se suma la falta de implementación institucional de los derechos sociales, económicos y culturales. Tales derechos se encuentran garantizados formalmente en el marco jurídico en los países de la región –están contenidos en tratados internacionales y las constituciones. En el caso de Guatemala, además, están contenidos en los Acuerdos de Paz, pero no se aplican en la vida cotidiana para la mayor parte de la población. Las llamadas políticas neoliberales y de reducción del Estado han incidido en una contracción de la responsabilidad social del Estado con relación a la prestación de servicios educativos, de salud y otros servicios públicos. La población rural, indígena y las mujeres sufren mayores dificultades para acceder a los servicios públicos, comparativamente con la población urbana, mestiza, y los hombres, por el urbano-centrismo, así como por falta de pertinencia cultural, lingüística y de género de dichos servicios.

Catorce países en Latinoamérica han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que, conjuntamente con provisiones constitucionales, hace parte del marco de derechos colectivos e individuales que formalmente tienen los pueblos indígenas. En esta materia (derechos indígenas), así como en el caso de los derechos sociales, económicos y culturales, el problema central es la llamada “brecha de implementación”, como bien anota el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los indígenas. La “brecha de implementación” se expresa, en algunos casos, en una abierta vulneración de derechos tanto individuales como colectivos, que afecta la vida e integridad de los pueblos indígenas.

En situaciones donde las violaciones de derechos humanos son de carácter sistemático y estructural, algunas organizaciones de derechos humanos han considerado llevar casos paradigmáticos ante los tribunales como una manera de hacer visible otros casos similares, escondidos tras la aparente normalidad de la sistemática violación de un derecho. En este sentido, en el litigio judicial aparece como una posibilidad instrumental para promover la efectiva aplicación de los derechos humanos, pensando tanto en los beneficiarios inmediatos como en el conjunto de la sociedad.

El litigio judicial, concebido desde una perspectiva estratégica, no sólo permite abogar por las víctimas directas de una situación concreta, sino también por otras que están en una situación afín. De ahí que el litigio estratégico basado en, y orientado al logro de los derechos humanos busca cambios jurisprudenciales, legales, institucionales y culturales de más largo aliento, que impacten en un espectro mayor de la sociedad y el Estado. Si bien este esquema de razonamiento

...