Actividad de Aprendizaje: La política de Estado en Ciencia y Tecnología
Enviado por candice120484 • 29 de Febrero de 2020 • Trabajos • 1.820 Palabras (8 Páginas) • 245 Visitas
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Nombre: Ingrid Candice Ulloa Villanueva
Materia: Contexto Socioeconómico de México.
Unidad 3 Actividad de Aprendizaje: La política de Estado en Ciencia y Tecnología.
Matricula: ES1822022651.
Correo: candice120484@nube.unadmexico.mx
Fecha de envió: 08 de Junio 2019.
Introducción.
En este presente trabajo se abordarán el tema de la política del Estado mexicana en ciencia y tecnología en la era global, para intentar comprende el fenómeno de la globalización en México, este debe de ser visto, como un fenómeno repetitivo, es decir “ciclos históricos”: que han proporcionado el desarrollo del país.
Un ejemplo claro, son los cambios auto-organizativos de los sistemas complejos que sucedieron cuando se instauro el capitalismo comercial y continuaron con mayor notoriedad con el Tratado de Libre Comercio, el cual incluyo a México en un esquema comercial desarrollado.
La Globalización como fenómeno mundial ha provocado enormes cambios en el mundo y México no es la excepción, las diferentes cumbres realizadas demuestran que la globalización tiene números elementos, para suponer que no desaparecerá, pero es posible corregir los fallos; en este proceso interviene en todos los sectores de la sociedad y tiene además una influencia benéfica como el intercambio de tecnologías y ciencia entre los países desarrollados y en vías de desarrollo.
Desarrollo.
Esta parte del trabajo se abordarán los antecedentes de la política de Estado en Ciencia y Tecnología; un fuerte impulso a la planeación en el país se registró al comienzo de los años 80s, en la etapa final del periodo gubernamental del presidente José López Portillo, con la intención de elaborar un Plan Global de Desarrollo (PGD), en el que se considerase el conjunto de áreas de la administración pública y muy especialmente la presencia formal de un programa de gobierno. Lo relevante es que el sector de ciencia y tecnología también estaba considerado como parte de las acciones e instrumentos que permitirían alcanzar las metas del PGD.
En el plan que la actividad científica y tecnológica se había orientado principalmente a la investigación básica y al fortalecimiento educativo, pero que enfrentaba diferentes problemas en la generación, difusión y aplicación de los conocimientos. Tales problemas, se decía en el plan, se debían a la insuficiencia de recursos financieros, a los pocos recursos humanos, a una coordinación inexistente entre las instituciones científicas y tecnológicas y, en definitiva, a “una ausencia de políticas definidas en la materia”. Al mismo tiempo, indicaba el alto grado de dependencia tecnológica de la industria nacional y la conveniencia de ampliar el personal calificado y alentar el desarrollo de tecnologías propias --a partir de la sustitución de importaciones de bienes de capital--, y la participación de industriales en el proceso de innovación.
En cualquiera de los casos, el objetivo principal que planteó el PGD, como se perfiló para todos los sectores de la administración, fue lograr una autodeterminación, en este caso en materia de ciencia y tecnología, y congruente con las posibilidades y requerimientos de desarrollo. En consecuencia, propuso media docena de líneas estratégicas generales: fortalecimiento de la ciencia básica; orientar la investigación aplicada y el desarrollo experimental a la solución de los problemas prioritarios de alimentación y energéticos; atender la formación y capacitación de recursos humanos, particularmente las ingenierías y las ciencias básicas; y el fortalecimiento de las políticas en materia de transferencia de tecnología.
El plan también advertía que la mayoría de las metas que se trazaba eran de orden cualitativo, aunque no dejó de indicar algunas de orden cuantitativo. Por ejemplo, estableció que para 1982 el gasto nacional en ciencia y tecnología ascendería a 1 % del PIB, en el ámbito de la formación de recursos alcanzar un total de 17,684 becas y un monto para proyectos de investigación. A pesar de que mencionó algunas acciones generales que estarían en la perspectiva de alcanzar tales metas, remitió al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982 (PNCyT) como la principal acción nacional indicativa y reguladora. Vale la pena advertir que apenas en 1976 se había dado a conocer el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, un amplio documento rector de políticas en la materia para un sexenio, pero que tenía un horizonte temporal mayor. Dicho documento fue solicitado a Conacyt por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, su elaboración llevó prácticamente dos años y participaron más de 300 personas, entre funcionarios públicos, miembros de la comunidad científica y analistas. Sin embargo, en sentido estricto y a pesar del alcance del Plan, el documento no fue retomado en el sexenio que precisamente estaba por comenzar; el presidente que en ese año iniciaba su periodo, José López Portillo, formuló su propio programa sectorial, el PNCyT.
Un hecho que ilustra las diferencias en los periodos de gobierno y que tiene importancia, para establecer las líneas de continuidad y de ruptura en las políticas. El PNCyT, el programa sectorial de la administración de José López Portillo, asumió las áreas prioritarias que se habían anotado en el marco general del PGD: investigación básica; agropecuaria y forestal; pesca; nutrición y salud; energéticos; industria; construcción, trasporte y comunicaciones; desarrollo social; y administración pública. Ellas fueron la matriz en la que se incluyeron los más de dos millares de proyectos en marcha, los cuatro millares de actividades internacionales y el otorgamiento de poco más de 17 mil becas, de las cuales el 40 % ya estaba en marcha y el restante 60 % se distribuiría conforme a las áreas ya mencionadas, aunque también indicó que serían preferentemente becas nacionales y para universidades de provincia. Para el logro de tales metas, precisó el plan, el gasto público y privado en 1982 sería de alrededor de 1 % del Producto Interno Bruto.
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