Análisis De La Sentencia Del Caso De Masacre En El Municipio De Mapiripan

El hecho ocurrido en el municipio de Mapiripan, donde se vio involucrada la Fuerza Pública Colombiana, debido al deber de actuar no realizado, es necesario revisar si la estructura del delito omisivo impropio se adapta a los sucesos terribles que terminaron con desenlace mortal con algunos de sus ciudadanos.

Entonces, debido a esto, lo primero que hay que verificar en los delitos de omisión, es si los bienes jurídicos de esta población están en una situación de peligro, y en nuestro caso con la incursión de los paramilitares se demuestra la inminente amenaza de los intereses tutelables; también como siguiente requisito se exige que los sujetos implicados tengan capacidad de conducta, es decir que pudieran realizar conductas posibles para el derecho, ósea que la fuerzas militares tuvieran el personal y los elementos tecnológicos y territoriales para evitar los actos ocurridos. Además como elemento indispensable para imputar delitos omisivos es necesario halla una no realización de la conducta debida, que en el caso analizado es la no intervención y detención de los actos de los sujetos al margen de la ley y afectan negativamente los intereses de la población.

Para continuar con el análisis de los elementos del delito omisivo en necesario hacer la aclaración que los dos elementos últimos por analizar son los que difieren este delito con el delito omisivo propio, como son la posición de garante, que vendría a ser el deber de protección o ámbito de responsabilidad que tiene la fuerza pública sobre los habitantes de Mapiripan y por último que exista un nexo de evitación, que en el caso analizado seria corroborar si el resultado se hubiera eliminado si quitamos la acción realizada por el ejército hubiera ocurrido igual el resultado, caso diferente en el hecho acaecido porque si el ejército incursiona para salvar a los habitantes hubieran podido o salvarlo o evitar un daño mayor.

En el caso colombiano, se entiende a la fuerza pública como garante n la protección de bienes jurídicos de la nación y con el deber de evitar que toda acción que vulnere los derechos y la seguridad de los ciudadanos, sea ejecutada por algún tercero, entonces, los miembros de esta institución, tienen un deber irrenunciable de proteger la vida e integridad de los ciudadanos, así como lo consagra el Art 171 de la CN. Ellos deben participar activamente en la defensa de los derechos constitucionales de las personas, así como enfrentar agresiones individuales o colectivas contra los derechos humanos.

Son estos los motivos por lo que la fuerza pública tienen el monopolio de las armas, de la fuerza y cuenta con los recursos necesarios para enfrentarse a todo acto que vaya en contra de la seguridad pública y viole los derechos humanos y omitir un acto que sea a favor de la defensa de estos, constituiría evidentemente una violación a su deber, y a su posición de garante.

En el caso analizado, esta verificado

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