Constitución de Colombia 1991

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oy, 15 años después de ser promulgada la constitución política de Colombia de 1991, se puede decir sin temor a equivocarse que el constitucionalismo colombiano ha sido y sigue siendo, un constitucionalismo aparente, y, que pese a los avances formales y algunos reales que la constitución colombiana vigente trajo con sigo, en ella, en su filosofía política y sobretodo en los factores que determinaron dicha filosofía se puede encontrar el rastro de su fracaso para solucionar la caótica situación que desde los ochentas caracteriza a Colombia.

Desde la declaración de Independencia hasta hoy se han ensayado una gran cantidad de Constituciones[1], sin que por ello alguna de ellas haya generado la solidez material y social que permita el desarrollo de una verdadera democracia o, al menos, el surgimiento de un Estado mínimamente estable, como pretendían aquellos que, frete a las diferentes crisis nacionales, respondían con una nueva constitución imaginando, seguramente, que con ello se resolvería automáticamente, como por arte de magia, la crisis nacional de turno.

Semejante pensamiento, por demás legulellesco, se olvida de dos asuntos de vital importancia para que una constitución tenga algún efecto. Primero: que, como señala Ferdinand Llassalle,[2] la esencia de una constitución, aquello que la hace real y efectiva, son los factores reales de poder, sin los cuales ésta se convierte en “una hoja de papel” y, segundo: que para que se puedan garantizar los derechos proclamados en una Constitución, hace falta que la estructura estatal que pretende garantizarlos se simiente en una sociedad fuerte, compuesta de ciudadanos portadores de virtudes cívicas que “vean en el orden constitucional y legal un proyecto colectivo de vida, dotado de sentido y valor y no simplemente retórica jurídica , pues deben considerar sus instituciones políticas como fruto de un acuerdo democrático y no de una imposición extraña”[3]

Con la Constitución de 1991, hasta ahora ha sucedido lo mismo que con las constituciones y reformas anteriores: Surge en medio de una grave crisis nacional y se espera de ella la solución mágica a los diversos problemas que afronta el país.

La década de los años ochenta, como todos los momentos históricos que precedieron la proclamación de una nueva constitución, fue catalogada como una década de crisis nacional, que estuvo marcada por el fortalecimiento de la guerrilla, luego de que se rompieran los diálogos de paz iniciados en el gobierno de Belisario Betancourt, la guerra del narcotráfico en contra del Estado, el accionar de grupos paramilitares, la violencia política y la falta de espacios democráticos para la participación ciudadana.

Para 1990, a decir de Eduardo Pizarro, cuatro eran “los escenarios posibles”[4] de cambio para los años siguientes:

1. Una polarización extrema que podría conducir a una guerra civil

2. Un continuismo conflictivo, es decir, el mantenimiento invariable de las instituciones con niveles de violencia soportables para el sistema político

3. Una modernización autoritaria, como en Brasil y Chile a partir de 1964 y 1973 respectivamente.

4. Una modernización democrática, fundada en una apertura democrática y en la gestación de un sistema pluralista.

Entre los cuatro escenarios posibles, que se acaban de mencionar, se opta por la modernización democrática del Estado, mediante una Asamblea Nacional Constituyente, por encima de salidas como la dictadura o la guerra civil.

Al respecto señaló Carlos Gaviria:

“Cuando los hechos se desbordan, cuando la violencia se hace insoportable, entonces el ciudadano común lo que normalmente dice es “hace falta mano dura, que hace falta que se impongan normas de una manera drástica”. Pero no, en ese momento se pensó en una solución distinta, en una solución democrática: que se reúna una Asamblea Nacional Constituyente, que se reúna una asamblea donde estén representadas las etnias, ciertos grupos minoritarios, así la constitución no resulte un monumento a la gramática, como dicen que era la Constitución de 1886”[5]

Al finalizar los ochenta, varios sectores se pronunciaron en la perspectiva de elaborar una nueva Constitución: el periódico “El Espectador” propuso en 1987, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, luego, en 1988 ésta propuesta fue retomada por el Presidente Virgilio Barco. Posteriormente, un grupo de politólogos y constitucionalistas propusieron un referendo para hacer los cambios necesarios a la Constitución en vez de una Asamblea Constituyente.

Pero fue en los primeros meses de 1990 cuando las iniciativas de realizar una Asamblea Nacional Constituyente tuvieron su impulso definitivo. A partir de las manifestaciones de silencio de estudiantes universitarios, causadas por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento (16-01-89), se organizó un movimiento de respaldo a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, bajo el lema “todavía podemos salvar a Colombia”; propuesta que tuvo una amplia acogida nacional.

Así, en las elecciones del 11 de marzo de 1990 se introdujo la llamada séptima papeleta, con la idea de respaldar una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente; sin embargo, los votos de la séptima papeleta, no fueron ratificados oficialmente sino hasta las elecciones presidenciales del 27 de mayo, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara constitucional el Decreto 927 que ordenaba contar los votos sobre la constituyente en las elecciones presidenciales.

Fruto de los resultados obtenidos en las elecciones del 11 de marzo y el 27 de mayo, se inicia en Colombia el proceso de conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, que sesionará entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, con dos objetivos principales:

1. “Que democratice la vida política de la nación, ante todo mediante la creación de nuevos espacios para que puedan participar validamente en la vida pública todos los sectores de opinión que así lo deseen. Que rompa las murallas y las capas de cemento que han hecho que el Estado sea cada día más impenetrable.

2. Que modernice el aparato estatal y lo coloque en condiciones de cumplir, eficientemente, sus atribuciones esenciales, con aceptables niveles de rendimiento en los campos económico y social, gracias a las actividades que realice y, sobre todo, a las que promueva.”[6]

Antes, y durante los cinco meses de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente se escucharon y discutieron propuestas de diversos

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