Ley De Amparo

DECRETO NUMERO 1-86

LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los principios en que se basa la organización democrática del Estado,

deben existir medios jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al

ser humano, a la libertad de su ejercicio y a las normas fundamentales que rigen la vida de la

República de Guatemala, a fin de asegurar el régimen de derecho;

CONSIDERANDO:

Que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en

que se basa el amparo, como garantía contra la arbitrariedad; la exhibición personal, como

garantía de la libertad individual y la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y

disposiciones generales, como garantía de la supremacía constitucional.

POR TANTO,

En uso de las facultades soberanas de que está investida,

DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA

La siguiente

LEY DE AMPARO, EXHIBICION PERSONAL

Y DE CONSTITUCIONALIDAD

TITULO UNO

Protección constitucional

CAPITULO UNICO

Normas fundamentales y disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y

defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la

Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales

ratificados por Guatemala.

Artículo 2. Interpretación extensiva de la ley. Las disposiciones de esta ley se

interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los

Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden

constitucional.

Artículo 3. Supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o

tratado. No obstante, en materia de Derechos Humanos, los tratados y convenciones aceptados

y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno.

Artículo 4. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.

Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en

proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

En todo procedimiento administrativo y judicial debe guardarse u observarse las garantías

propias del debido proceso.

Artículo 5. Principios procesales para la aplicación de esta ley. En cualesquiera

procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios:

Todos los días y horas son hábiles.

Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en

definitiva.

Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente de la fecha de la respectiva

resolución, salvo el término de la distancia.

Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos.

Artículo 6. Impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional sólo la

iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo

la responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda,

las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos.

Artículo 7. Aplicación supletoria de otras leyes. En todo lo no previsto en esta ley, se

aplicarán supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la

Constitución.

TITULO DOS

Amparo

CAPITULO UNO

Procedencia

Artículo 8. Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de

violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere

ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos,

resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o

violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.

Artículo 9. Sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el Poder Público,

incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado

creadas por ley o concesión o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud

de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra

entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por la ley, tales como

partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes.

El

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