Socialismo Del Siglo Xxl

Socialismo del siglo XXI

. En otras palabras, no está anclado a los modelos socialistas que rigieron una buena parte del mundo en el pasado. Tampoco es un socialismo surgido o enmarcado dentro de la Guerra Fría de mediados del siglo XX. Es un socialismo nuevo, que está inspirado en los valores que el mundo acepta como justos en este nuevo siglo: la democracia, el respeto por los derechos humanos, entiéndase no sólo los civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. Porque el socialismo no es otra cosa que poner el interés colectivo prioritariamente por encima del interés individual. Sólo así se puede vivir en democracia. Si un individuo y su dinero, están por encima de una comunidad, eso jamás será una democracia. Será una dictadura, o peor, una plutocracia. Como la que existe en los Estados Unidos, con sus 45 millones de pobres.

En la Constitución Nacional de 1999 se consagra ampliamente el concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia lo cual compromete toda la acción estatal en relación con esa definición.

El Estado venezolano con su acción, garantiza la seguridad en sentido amplio, la legalidad, la equidad y la justicia; el respeto al ejercicio democrático permanente, la participación política, el equilibrio y complementariedad de los poderes públicos, la representatividad efectiva y la participación en general y el protagonismo popular, entendiendo que pueblo somos todos. Garantiza Educación no sólo porque tiene gran cantidad de planteles oficiales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, sino porque la educación que se imparte en todos los centros es de calidad, regulada y supervisada por el Estado como Estado Docente conforme a un conjunto de principios generales dictados por él que promueven la formación de verdaderos demócratas, ciudadanos y republicanos; con énfasis especial en la democratización de la cultura. Garantiza el acceso a la salud, la recreación no sólo prestando él directamente los servicios que deben ser eficientes y de calidad sino comprometiendo la participación de los sectores privados además de los planes asistenciales especiales que se ejecutan en la actualidad. Fomenta la economía pública y privada para la generación de riqueza permanente, con niveles de ganancias razonables, que generan empleo más allá de las medidas de inamovilidad laboral, que promueven salarios justos, seguridad social y respeto absoluto para los ciudadanos como empleados, trabajadores, usuarios y consumidores. Un Estado que reconoce y garantiza al sector privado de la economía, que participa en la dinámica económica a través de empresas mixtas y que se reserva con exclusividad áreas estratégicas económicas. Que es garante de la prestación de servicios públicos óptimos para toda la población (electricidad, teléfono, agua potable, aguas tratadas, vialidad, vivienda, transporte público, etc) estrictamente regulado, supervisado y controlado por el Estado. Una acción estatal que promueve un sistema de seguridad social integral, solidario, cooperativo y participativo donde trabajadores, empleados, Estado, patronos públicos y privados participan, aportan y lo hacen viable y sostenible. Un Estado planificado y planificador que diseña verdaderas políticas públicas coherentes que describen un proyecto de país que se aspira a alcanzar, dentro del cual se redistribuye la riqueza a través de la justa y equitativa recaudación tributaria, la inversión estatal, la democratización del crédito y la ejecución de programas sociales asistenciales temporales como paliativo frente a la exclusión. Un Estado que desarrolla una acción eficaz, eficiente, decente, coherente, consistente y honesta. Con respeto absoluto por las libertades, derechos y garantías; que promueve la organización popular en diferentes niveles desde lo nacional hasta lo local y desde lo gremial y sindical hasta lo vecinal y que asume como bandera que el marco general de país que queremos está consagrado en el texto constitucional de 1999 que a 10 años de aprobado está insuficientemente desarrollado; faltan una gran cantidad de normas jurídicas y la adecuación de muchas otras al nuevo texto constitucional.

En fin, un Estado que dirige su acción a crear un pueblo educado, culto, instruido, sano, recreado, seguro, con trabajo, vivienda, etc. que sin lugar a dudas será un mejor ciudadano, un mejor republicano y un mejor demócrata.

Venezuela, según la constitución nacional vigente, es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia; con una Democracia participativa y protagónica a la cual corresponde una visión de país. Esta declaración es vinculante para el Estado en su acción y en función de eso el sistema educativo debe ajustarse para la construcción del nuevo republicano y de la nueva republicana, es decir de los nuevos ciudadanos. La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 2:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Esta definición explícita no es solamente una declaración formal, tiene carácter vinculante y debe manifestarse en la actuación concreta del Estado.

Esta ciudadanía crítica, singular pero también orientada al bien común la que se entiende como ciudadanía activa y con la cual está comprometido el proceso de transformación iniciado a partir de 1998 y explicitado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Sólo así será posible construir una sociedad diversa y plural en la que hemos de aprender a ser y convivir de forma pluralista, justa y democrática.

Debe tenerse claro sobre cuáles bases democráticas se sustenta una concepción diferente de ciudadanía. Y en este sentido, debemos entender que esta concepción sólo es compatible con la creación de condiciones efectivas de transferencias progresiva del ejercicio del poder político, del control y de la fiscalización para las comunidades. en una serie de prácticas- sino también – en valores, en principios, en horizontes que la sociedad

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