Principales Objetivos De La Ley De Amparo

Proteger el orden público y el bien social son los principales objetivos de la Ley de Amparo; está pensada para proteger al 100 por ciento de los ciudadanos.

Entre los cambios más importantes destacan:

1-Se podrán impugnar las omisiones; si la autoridad no hace algo, se puede obligar al estado que cumpla con sus responsabilidades. Antes procedía sólo contra alguna norma general o algún abuso de autoridad, pero no contra omisiones.

2-También se pueden impugnar las acciones de particulares, como las de un banco.

3-Se permiten los amparos colectivos por primera vez y el llamado interés legítimo, que permite unirse a un amparo aunque la medida no afecte directamente al ciudadano en ese momento. Antes sólo podía acudir al amparo el que tuviera una afectación personal y directa, por un interés jurídico.

4-Cambian los efectos del amparo; el juez tendrá que delimitar hasta dónde llegan los efectos del amparo; el alcance exacto de una sentencia.

Las reformas a esta ley no son una creación reciente, se han ido formando en los últimos 13 años y ahora finalmente se promulgan.

El 99 por ciento de los empresarios queda protegido con estas reformas y no les afectará los cambios a la ley, pero el 1 por ciento -bares, casinos, centros de vicio y empresarios de ese ramo- está inconforme porque no puede ampararse para impedir que se ejerzan medidas de regulación contra ellos (como una multa o una clausura).

Aclaró que existen candados para evitar que se abuse del amparo y que éste se pueda usar para liberar a delincuentes de sus responsabilidades, pero el abogado Adolfo Solís reconoció que hay corrupción en los ministerios públicos y falta que se pueda sancionar a la autoridad que actúa mal, sin tener que liberar a un ciudadano que cometió un delito sólo porque la investigación no está bien integrada o hubo fallas en su detención.

Se ha llegado a un ejercicio donde el ciudadano cree en el amparo como una garantía y lo ejerce para defender sus derechos, cree en él como una institución confiable para recurrir a la tutela constitucional.

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