Conceptuales, jurídicas y de procedimiento de control social

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Contraloría Social en los diversos Organismos y entes de los poderes públicos.

Si bien es cierto que el artículo No. 62 marca la pauta para los cambios de paradigma, existen en la misma constitución y en la legislación venezolana otros articulados que abren los caminos para el nuevo modelo de país que queremos.

El preámbulo de la constitución apoya las bases de la refundación de la República, la cual no será efectiva sin la participación protagónica del pueblo. Es decir los cambios no se harán efectivos sin la actuación de los ciudadanos, que ahora tienen el derecho de ejercer control sobre las políticas públicas. Sobre el particular el artículo No.66 señala que “los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”. Juristas y estudiosos de la constitución indican que aspectos relacionados con el control social están previstos en los artículos 128 y 141 y. De ellos el 141, es el más directo al referirse a la administración pública: “La administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

La contraloría social se ha convertido en una herramienta fundamental en el ejercicio de la participación y control y de la evaluación popular; tanto en la gestión de gobierno (en sus tres niveles político-territoriales nacional, estadal y municipal), como en la actividad de las propias organizaciones del denominado poder popular como lo son: las comunas, los consejos comunales y las organizaciones socio-productivas.

Con la práctica de la contraloría social el ciudadano, las comunidades y las organizaciones populares tienen la posibilidad de propiciar una relación más cercana, directa y transparente con el gobierno como responsable principal de la ejecución de los proyectos destinados a elevar la calidad de vida de las comunidades o de sectores sociales organizados.

La Ley Orgánica de Contraloría Social (Gaceta Oficial, Nº 6011 de fecha del 21-12-2010) la define sobre la base del principio constitucional de corresponsabilidad como una función compartida entre las instancias del Poder Público, los ciudadanos y ciudadanas y las instancias del poder popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales (artículo, 2).

En tal sentido, podemos afirmar que la contraloría social establece una relación directa entre los ciudadanos y los gestores públicos y privados; es decir, se determina la corresponsabilidad entre las entidades del Estado y la sociedad civil (que no es otra cosa que el pueblo organizado de manera independiente) que facilita el trabajo conjunto para atender problemas específicos que se presenten en la gestión de las políticas públicas y, que por lo tanto, afecten a los ciudadanos y ciudadanas.

Ejerciendo la contraloría social

Hemos considerado los aspectos conceptuales, legales y procedimentales de la contraloría social; pero ¿dónde aplicarla? Es decir, ¿a cuáles programas, proyectos y obras podemos aplicar la contraloría social? Y, ¿cuáles son los principales aspectos a considerar para elaborar un informe, de acuerdo a los lineamientos que contiene la Ley Orgánica de Contraloría Social (LOCS)?. Veamos a continuación, algunas respuestas.

Otro elemento para la contraloría ciudadana, son los planes y los presupuestos públicos; es decir, los planes y presupuestos de cada uno de los organismos gubernamentales dé cada uno de los niveles de gobierno. Los planes contienen una relación de cada programa (o cada misión concreta), con sus objetivos y metas específicas. Los presupuestos públicos tienen a su vez, cada una de las obras de cada programa que están previstos durante un año.

En síntesis, aplicamos la contraloría social a las políticas públicas que planifican y ejecutan los distintos niveles de gobierno del país. Practicamos la contraloría a los programas, proyectos y obras que se realizan en los distintos ámbitos de actividad pública como lo son: ambiente, cultura, deporte, educación, programas sociales, salud, seguridad, vivienda y transporte; entre otros. Los planes y presupuestos públicos (de los gobiernos nacional, estadal y municipal) son instrumentos que nos brindan los insumos técnicos para realizar el seguimiento pertinente a cada una de las obras planeadas y presupuestadas; tales como denominación y ubicación de la obra o servicio, funcionario responsable, presupuesto asignado, fecha de inicio y culminación (en el caso de obras de construcción, reparación o mantenimiento).

¿Cuáles son los aspectos que debemos considerar al momento de realizar la contraloría social? En principio, debemos tener claro que, los ciudadanos efectúan un proceso de evaluación externa como beneficiarios o usuarios de una política pública. Esta evaluación externa y participativa de la política, programa, proyecto u obra y, esa evaluación ciudadana implica incidencia ciudadana directa en la gestión pública.

Una vez considerada la base legal de la Contraloría Social, podemos indicar algunos de sus principales rasgos distintivos; tales como:

1. El control de la gestión pública es un derecho constitucional; contenido y desarrollado progresivamente en distintas leyes. Por lo tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la posibilidad de reclamar una Actividad y gestión transparente del tratamiento de los asuntos públicos; por parte de las autoridades y de las expresiones del poder popular (consejos comunales, comunas, entidades socio-productivas), sin ningún tipo de temor ni de restricción; salvo las contenidas en las leyes.

2. La contraloría social es para el ejercicio CIUDADANO. Esta característica nos indica que, la contraloría social se realiza desde la ciudadanía hacia el Estado y sus instituciones. Además, el ejercicio de la actividad de control sobre la gestión pública, puede ser realizado en forma individual o colectiva.

3. La contraloría social abarca los tres niveles de gobierno (nacional, estadal, municipal) y de las demás ramas del Poder Público. Con esto queremos resaltar que, ningún nivel del Poder Público está exceptuado del ejercicio de la contraloría social.

4. El ejercicio de la contraloría social es de carácter vinculante.

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