Derecho Procesal Administrativo

Derecho Procesal Administrativo

El Derecho procesal administrativo es un ámbito proveniente del Derecho administrativo que se enfoca en vigilar y regular las atribuciones de los tribunales de justicia en relación con los sujetos de derecho en materia administrativa.

El derecho contencioso administrativo entendido como las normas de control impuestas por la Administración y enfocadas en la materia de jurisdicción tiene su origen histórico en el Derecho francés napoleónico. La creación del Consejo de Estado francés supuso las bases para la creación jurisprudencial del derecho administrativo. (Rodriguez, pág. 6)

Este Consejo atendía y resolvía controversias que se presentaban entre los administrados frente a violaciones o supuestos daños en los que incurrían los órganos de la administración pública en materia tributaria y fiscal. Fue tal su influencia que el mismo Estado francés se veía obligado a respetar y acatar sus resoluciones, en algunos casos hasta llegando al detrimento del patrimonio del Estado.

“…Las funciones judiciales están y han de permanecer siempre separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán perturbar las operaciones de los cuerpos administrativos, ni emplazar ante ellos a los administrados por razón de sus funciones…” García de Enterría

La principal característica del sistema francés es la existencia de Tribunales especiales competentes para conocer en los litigios suscitados en los que es parte la Administración, tribunales que son independientes y distintos de la jurisdicción ordinaria, y que actualmente también están separados de la administración pública de la cual forman parte. La separación de estos tribunales del Poder Judicial apareció desde su origen, mientras que su independencia frente a la Administración evolucionó hasta entrado 1872.

Dicho esto, surge la duda si el terminología actual para referirnos a una contienda administrativa sería de carácter “Contencioso” o “Procesal Administrativo”. Bajo la expresión contencioso administrativo se comprende: 1. la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, la organización de los tribunales administrativos; 2. la materia contencioso administrativa, o sea, el asunto del conflicto y; 3. el procedimiento contencioso administrativo.

Aquí es donde radica la confusión, ya que algunos autores miran al contencioso administrativo como el conjunto de litigios o controversias que se originan en la actividad administrativa, otros que se refieren a los actos administrativos, excluyendo los hechos de la administración, finalmente para otros, son los litigios o controversias en los cuales se debaten cuestiones de derecho administrativo. Es, por definición, una contienda o conflicto de intereses (contencioso) y es administrativo en tanto se regla por normas esencialmente de Derecho Público. (Flores, 2008)

Por lo expuesto, el concepto más próximo para definir el contencioso administrativo es aquel enfocado en definirlo como un conjunto de normas sobre litigios relativos a la Administración Pública y tribunales de orden jerárquico que se enfoca en un determinado ámbito administrativo.

La doctrina distingue entre lo contencioso-administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo primero referente a los conflictos entre la Administración Pública y los administrados y órganos administrativos; y el segundo referente a la potestad de administrar justicia en dicha materia. (Lucero, 2008, pág. 94)

Actualmente y según algunos tratadistas sería erróneo referirnos a esta actividad de la administración en un litigio como ‘Contencioso’ ya que este término se acuñó originariamente para referirse a los Tribunales reguladores de la actividad estatal en Francia, y ponen énfasis en su carácter de ‘Procesal’, debido a su carácter controlador pero subordinado al Poder, mientras que en la Francia napoleónica, este se encontraba subordinada a dichos Tribunales. (Madrazo, 2012)

El Derecho Procesal Administrativo es un proceso sistemático y normado por la propia Administración para controlar su actuación en la jurisdicción, que busca proteger al administrado frente a actuaciones suyas, y garantizar la eficaz aplicación del derecho administrativo a través de sus órganos jurisdiccionales.

De lo dicho es notorio que su importancia jurídica, política y social, porque mediante ella, se cumple con un transparente proceso que garantice la equidad entre el administrado y la Administración. Este

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