Derecho a un Ambiente Sano

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROTECCIÓN AMBIENTAL

PARTICIPANTES: C.I.

ÁNGELA E. CARIDAD V- 10.681.312

YANET MACHADO V- 7.775.679

JEAN VILCHEZ V- 15.434.720

FELIPE CONTRERAS V- 7.775.027

LUZMILA PUERTA V- 3.962.832

SAN CARLOS DE ZULIA, ABRIL DE 2012.

Protección Ambiental como una Función Pública

Derecho a un Ambiente Sano.

Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las necesidades ecológicas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural.

El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que

se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aún cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico; Artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En Venezuela se ha venido estableciendo un amalgamado cuerpo legislativo en materia ambiental. A los instrumentos generados durante el último tercio del siglo XX y a los convenios internacionales suscritos por el país en esa época, se le han venido sumando nuevas leyes, discutidas, sancionadas y formalmente puestas en vigencia en los primeros años del actual gobierno, así como la asunción de nuevos compromisos internacionales. Junto a las leyes Orgánica y Penal del Ambiente, y los acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal, Basilea, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención de Ramsar sobre los humedales (RAMSAR) que se remontan al inicio mismo de la preocupación institucional formal por el ambiente en Venezuela, hoy aparece una nueva legislación, en gran parte derivada de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Ley de Diversidad Biológica, Ley de Desechos y Residuos Sólidos, Ley Orgánica de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Zonas Costeras, Ley de Planificación y Gestión del Ordenamiento Territorial, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley de Zonas de Desarrollo Sustentable, Ley de Espacios Acuáticos e Insulares, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley de Ciencia y Tecnología

A

pesar de que en algunos casos se trata de instrumentos que incorporan lo ambiental como un componente en su conjunto, sumando los nuevos convenios internacionales ratificados por el país: Convenio de Diversidad Biológica, Convenio de Rotterdam, Protocolo de Kyoto. Conforman en su conjunto una amplia base -aunque no siempre coherente- para sustentar las exigencias de los venezolanos de un derecho a un ambiente sano. En el intento de realizar una síntesis temática de los distintos aspectos considerados en el cuerpo legislativo ambiental de referencia para el país, se han identificado los siguientes agregados para la estructuración de este balance:

a) Contaminación agua, suelo y aire.

b) Dotación de servicios y equipos para el saneamiento salubridad y vigilancia.

c) Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad Biológica.

d) Ordenamiento ambiental del territorio.

e) Prevención y mitigación de riesgos ambientales.

f) Capacitación, organización y participación comunitaria.

Para evaluar la situación planteada entre octubre 2004 y septiembre 2005, se ha utilizado la información difundida públicamente por las distintas instancias involucradas en las exigencias y la satisfacción de las demandas por un ambiente sano. De manera especial para este balance se utilizaron como fuentes: los logros presentados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), máxima autoridad ambiental nacional; la Defensoría del Pueblo (DP), y en menor medida el Ministerio Público (MP), instancias del Poder Ciudadano encargadas de velar por el cumplimiento del

Estado de derecho en el país; VITALIS, organización no gubernamental (ONG) que como en otras oportunidades ha realizado un balance anual sobre la situación ambiental del país desde la perspectiva del movimiento ambientalista.

Finalmente se recurrió a la prensa escrita como complemento de utilidad para cubrir a cabalidad el período considerado y acceder a las opiniones directas de la gente, en especial cuando pudiesen surgir diferencias entre las distintas instancias involucradas. A continuación se evalúa cada uno de los grandes componentes temáticos arriba identificados: Contaminación agua, suelo y aire. En esta materia el MARN considera como logros:

• Evaluar 188 playas de los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, Vargas y Falcón, con la finalidad de determinar la calidad de aguas y la aptitud de cada una de las zonas evaluadas.

• Atender la emergencia en las playas del municipio Brión (Edo. Miranda), descartándose la presencia de marea roja y de contaminantes en el agua.

• La elaboración del Manual Técnico para

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