JUICIO POLITICO A SERVIDORES PUBLICOS, LA LEY Y SU APLICACIÓN EN CASOS CONCRETOS

Nombre del estudiante: JUAN CARLOS ALCIVIA GARCIA

JUICIO POLITICO A SERVIDORES PUBLICOS, LA LEY Y SU APLICACIÓN EN CASOS CONCRETOS

Materia: DERECHO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Nombre del maestro: FRANCISCO JAVIER ARTEGA RODRIGUEZ

JUICIO POLITICO A SERVIDORES PUBLICOS, LA LEY Y SU APLICACIÓN EN CASOS CONCRETOS

Las conductas ilícitas en el desempeño de funciones públicas ha sido motivo de reprobación social y jurídica a lo largo del tiempo. En las últimas décadas, gracias a la creciente participación social en las cuestiones políticas y de gobierno, se condujo a que el propio aparato público ajustara las disposiciones constitucionales, legales y administrativas en la materia, y acrecentara las dependencias y entidades competentes para el respectivo ramo.

Como se sabe, el juicio político es un procedimiento jurisdiccional constitucional per sé, reservado a la jurisdicción y competencia del Congreso de la Unión, desde luego a través de sus dos Cámaras, donde la de Diputados actúa como órgano de instrucción del procedimiento y en su caso de acusación, mientras que el Senado participa como Jurado de Sentencia.

Se trata pues de un juicio constitucional cuya tramitación forma parte de los actos formalmente legislativos de naturaleza jurisdiccional del Congreso, de lo que se sigue que no forma parte de la justicia ordinaria.

Por encontrarse directamente establecido en el texto constitucional, las normas que le establecen y regulan son indefectiblemente de orden público, lo que se traduce, conforme a la más explorada doctrina y práctica del Derecho, en que se trata de disposiciones que necesariamente han de observarse en tiempo y forma para asegurar integralmente el cumplimiento del orden jurídico nacional.

En esa virtud, el juicio político constituye una intervención de carácter jurisdiccional de naturaleza formalmente legislativa y materialmente administrativa, que al propio tiempo conforme la teoría general del Derecho Administrativo es de carácter complejo por implicar la intervención de dos órganos de gobierno distintos, en este caso, las soberanas dos Cámaras del Congreso de la Unión.

Consecuentemente, es de estimarse que conforme los principios para la interpretación de las normas jurídicas, son aplicables directamente al juicio político, en un contexto propio, las normas sustantivas y de procedimiento expresamente señaladas por la Constitución, lo que se traduce en que el régimen procesal y de supletoriedad que le corresponde a través de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código Federal de Procedimientos Penales debe ser considerado en ese contexto particular del juicio político.

EJEMPLOS

De instrumento ejecutor contra los priistas indisciplinados del antiguo régimen, el juicio político en México se convirtió en arma de defensa y ataque entre los diferentes partidos políticos, sin importar que es un instrumento ciudadano para destituir a los funcionarios irresponsables.

A partir de 1997, fecha en que el PRI pierde el control del Congreso, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados reporto que las demandas de juicio político se incrementaron casi al cien por ciento. La cifra aumento desde que Vicente Fox llegó a la Presidencia.

Los 86 juicios políticos que se han presentaron a partir de esa fecha fueron desechados en su mayoría por carecer de elementos, dando cuenta de la intensa batalla que han sostenido los partidos para someter a sus rivales.

Entre los funcionarios de alto nivel del Estado demandados de 1999 a la fecha sobresalen los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (5); Santiago Creel, secretario de Gobernación (3); José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda (3); Arsenio Farell, ex contralor federal (3); Genaro Góngora, expresidente de la Suprema Corte (2); Francisco Barnés, ex rector de la UNAM (2); Roberto Madrazo, líder nacional del PRI (1); Porfirio Muñoz Ledo, embajador plenipotenciario ante la Unión Europea (1); Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno capitalino (1); Patricio Chirinos, exgobernador de Veracruz (1); Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1); Herminio Blanco, exsecretario de Comercio (1); Jorge Madrazo, ex procurador (1), y Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes (1).

También han sido demandados los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal (1); ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1); José Woldenberg; titular del IFE (1); el diputado priista Óscar Levín Coppel (1); Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública (1); Diódoro Carrasco Altamirano, exsecretario de Gobernación (1), y Rosario Robles, líder nacional del PRD (1).

Sin embargo todos estos casos no han procedido, lo que pone en entredicho la funcionalidad del mismo.

La integración del juicio político a la Constitución en 1982 tuvo un destinatario: el exsenador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión desaforaron para procesarlo por corrupción durante su gestión como director de Pemex. Desde entonces ningún otro juicio político ha prosperado, a pesar de que a la Cámara han llegado centenares de demandas contra funcionarios y exfuncionarios.

LEGISLACION APLICABLE

TITULO SEGUNDO

Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia

CAPITULO I Sujetos, causas de juicio político y sanciones

ARTÍCULO 5o.- En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan.

Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las Leyes Federales

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