LEY DEL SERVICIO ELÉCTRICO

MEM/FUNDELEC (MARZO AL 23/06/99)

COMISIÓN DE ENERGÍA DEL SENADO (01/07/99)

GABINETE ECONÓMICO (07/07/99)

CONSEJO DE MINISTROS (17/07/99)

CAJAP (27/07/99)

CONSEJO DE MINISTROS (01/08/99)

CARACAS, 6 DE AGOSTO DE 1999

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.

2. LA REGULACIÓN.

3. EL MERCADO Y LA COMPETENCIA.

4. PRECIOS, TARIFAS Y CRITERIOS DE RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS.

5. UNA LEY MARCO.

6. ASPECTOS RESALTANTES.

• TÍTULO I - DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

o CAPÍTULO I - ASPECTOS BÁSICOS

o CAPÍTULO II - DE LA PLANIFICACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO

• TÍTULO II - DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

• TÍTULO III - DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO ELÉCTRICO

o CAPÍTULO I - DE LA GENERACIÓN

o CAPÍTULO II - DE LA TRANSMISIÓN

o CAPÍTULO III - DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

o CAPÍTULO IV - DE LA DISTRIBUCIÓN

o CAPÍTULO V - DE LA COMERCIALIZACIÓN ESPECIALIZADA

• TÍTULO IV - DE LOS USUARIOS

• TÍTULO V - DE LOS MUNICIPIOS

• TÍTULO VI - DE LAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

o CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

o CAPÍTULO II - DE LAS CONCESIONES

• TÍTULO VII - DE LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

o CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

o CAPÍTULO II - DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES

• TÍTULO VIII - DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

• TÍTULO IX - DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

• TÍTULO X - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

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1. INTRODUCCION.

Venezuela es uno de los países con mayor grado de electrificación en América Latina; más del 94% de su población dispone de servicio eléctrico. Esto es el resultado de un esfuerzo realizado por el Estado venezolano durante las décadas de los 70 y 80, al cual se sumó una significativa concurrencia de empresas privadas. El país cuenta con un sofisticado sistema de transmisión con tensiones de 765, 400 y 230 Kv., que interconectan los principales centros de producción de energía y permiten tener potencia y energía disponible para los centros de consumo a lo largo y ancho del territorio nacional. Son muy pocos los suscriptores atendidos por sistemas aislados y esto ocurre sólo en casos cuya interconexión resulta económicamente inconveniente y de difícil realización.

El país tiene instalados actualmente 18.906 MW en sus diferentes plantas de generación. Antes del año 2003, según las previsiones actuales, se instalarán 2.200 MW adicionales por parte del sector público y 600 MW por parte del sector privado. Esto cubrirá los requerimientos de la demanda hasta ese año. Las instalaciones hidroeléctricas del bajo Caroní cuentan actualmente con unos 12.500 MW de potencia instalada en Gurí y Macagua. Una tercera planta, la de Caruachi, se encuentra en fase construcción y agregará unos 2.100 MW de potencia instalada. Las plantas actualmente en operación representan actualmente el 70% de la oferta nacional de electricidad y constituyen apenas una parte del potencial de unos 26.000 MW en que se estima todo el curso de dicho río. A ese potencial se suman otros que, en el total nacional, representan unos 46.000 MW de fuentes hidráulicas.

Ahora bien, el desarrollo eléctrico del país se plantea hoy dentro de una nueva realidad. La creciente demanda previsible por el crecimiento demográfico, industrial y de otros sectores, en condiciones de calidad, seguridad y accesibilidad reclama volúmenes igualmente crecientes de inversión. Tales inversiones deben acometerse desde ahora mismo. Hasta el presente, las posibilidades de crecimiento y expansión del sector se apoyaron fundamentalmente en las fuertes inversiones públicas. Ello fue posible gracias a la llamada "siembra del petróleo" o, lo que es lo mismo, a la capitalización de la renta petrolera que encontró una tierra fértil en este sector. El Estado, al disponer de cuantiosos recursos, pudo emprender la explotación del gigantesco potencial hidroenergético del río Caroní, así como también de otros potenciales menores de la región occidental. Paralelamente pudo capitalizar también parte de la renta petrolera en generación térmica, la construcción de las llamadas "autopistas eléctricas" de 760 Kv ya señaladas, y una red de distribución de miles de kilómetros.

Sin embargo, hoy confronta el país un doble problema: la caída de la inversión pública que arrastra un proceso de deterioro en todo el sector y un sensible vacío legal. El primero se expresa en un servicio cada vez más costoso y de menor calidad que afecta crecientemente a la población y al aparato productivo nacional. Además, un sistema organizativamente desarticulado, donde EDELCA aparece adscrito a la CVG, CADAFE al Fondo de Inversiones de Venezuela, organismos adscritos al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. El Ministerio de Energía y Minas que, según la Ley Orgánica de la Administración Central, tiene la competencia para trazar la política y el plan eléctrico, tiene además las funciones de control y fiscalización, así como la de fijar tarifas conjuntamente con el Ministerio de la Producción y el Comercio.

El segundo problema se expresa en la ausencia de un instrumento que sirva ya no sólo para regular las distintas relaciones jurídicas que emergen de esta actividad, sino también como instrumento de política económica y social en manos del Estado. De manera que ni éste, ni los inversionistas, ni los usuarios, tienen claramente definidos sus derechos y obligaciones, ni mucho menos la dirección hacia la cual se orientan las actividades eléctricas del país. Uno y otro problema requieren de respuestas inmediatas, tanto con un plan coherente que responda a los previsibles incrementos de la demanda residencial, comercial e industrial, como con una Ley que defina, de manera estable, las llamadas "reglas del juego".

Por otro lado, la planificación del sector ha obedecido al entendimiento entre las principales empresas eléctricas que firmaron en 1968 el contrato de interconexión. Este fue modificado en 1988 cuando, además de CADAFE, EDELCA y la Electricidad de Caracas, se incorporó ENELVEN. El mismo ha permitido alertar a las empresas acerca de las ampliaciones necesarias. El Estado venezolano, aunque en forma no sistemática, ha realizado intentos de coordinación para elaborar un plan eléctrico nacional. Hoy resulta imperativo que el Estado diseñe y asuma un plan energético nacional como parte

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