Pidiregas

PIDIREGAS

I. Origen y concepto de los PIDIREGAS

Con objeto de contar con la infraestructura necesaria para asegurar un abasto oportuno y suficiente de los bienes y servicios que produce el Estado de manera exclusiva, el H. Congreso de la Unión reformó, en diciembre de 1995, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley General de Deuda Pública en sus artículos 30 y 18, respectivamente. Estas reformas dieron lugar a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, también conocidos como PIDIREGAS.

En el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, se definen las características de los PIDIREGAS y se establecen medidas en cuanto a los ingresos que generen, el servicio de las obligaciones y mecanismos para atenuar su impacto en las finanzas públicas. En el Reglamento de esta Ley y en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal se especifican los requisitos para la autorización de estos proyectos, el seguimiento y algunos aspectos del registro contable. Conforme a la Ley General de Deuda Pública, en la Norma NIF-09-A se detallan las reglas del registro contable de las inversiones en estos proyectos.

Conforme a este marco legal, para que un proyecto pueda ser realizado como PIDIREGA, es necesario que los recursos que genere por la venta de bienes y servicios sean suficientes para cubrir las obligaciones financieras contraídas. Sólo aquellos proyectos que en el análisis de prefactibilidad que realizan las entidades tengan una rentabilidad demostrada, y que correspondan a actividades prioritarias o estratégicas en los términos que señalan los artículos 25 y 28 de la Constitución, podrán calificar para que su financiamiento y registro de gasto se realice conforme a esta modalidad.

El esquema financiero considerado originalmente para los PIDIREGAS fue el conocido como CAT (Construir, Arrendar y Transferir), bajo el cual, el financiamiento y la ejecución de las obras se encomienda a empresas privadas a cambio de recibir un flujo de ingresos en el tiempo. Una vez concluida la construcción del activo, la entidad lo renta a la empresa por un periodo previamente establecido y la propiedad del mismo se transfiere a la entidad cuando se hayan cubierto todos los pagos pactados.

Sin embargo, por la complejidad y magnitud de algunas inversiones o por las condiciones que, en su momento, prevalecieron en los mercados financieros, las entidades han tenido que recurrir a los mercados nacionales e internacionales para la ejecución de algunos proyectos. A este esquema se le ha denominado Obra Pública Financiada (OPF), bajo el cual, el contratista privado consigue el financiamiento únicamente durante la etapa de construcción y la entidad pública contratante del

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