ANÁLISIS DEL SISTEMA ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1998 Y 2008 DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

DERECHOS DE LA NATURALEZA

NOMBRE: KAREN VILLAFUERTE PACHECO

CURSO: NOVENO SEMESTRE “F”

TEMA: ANÁLISIS DEL SISTEMA ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1998 Y 2008 DEL ECUADOR.

SISTEMA ECONÒMICO EN LA CONSTITUCIÒN DEL ECUADOR DE 1998

Para analizar el sistema económico en la Constitución Ecuatoriana de 1998, es necesario señalar como antecedente los años 80 y 90 en donde se da una nueva ideología respecto a la economía y se establece a nivel mundial el modelo económico neoliberal que  consistente principalmente en la privatización de las funciones del Estado, privatización de las empresas público estatales para que adquieran eficiencia en el sector privado, el comercio libre, el desencadenamiento de los movimientos internacionales de los capitales, la disolución del Estado social, la entrega de las funciones de planificación económica a las empresas multinacionales; consecuentemente se platea un mínima intervención por parte del Estado en la economía del país.  

En este contexto es en el que se crea la Constitución de 1998, razón por la cual en materia económica, la Constitución de 1998 consagró el neoliberalismo y disminuyó el papel del Estado en la economía, hay que hacer énfasis en que el Estado había sido en principio y como así lo establecían constituciones anteriores, el más importante movilizador del desarrollo nacional y suministrador directo de bienes y servicios; lo que se busca con este nuevo paradigma de sistema económico es el desregular el mercado y abrir la economía al comercio y finanzas internacionales.

En la Constitución de 1998 se introdujo un nuevo paradigma económico es así que  se establece como  sistema económico del país a la  “economía social de mercado”,  éste nuevo modelo económico se lo utilizó para hacer referencia a un manejo en que destaca el mercado como principal mecanismo de asignación de recursos, teniendo como elemento principal la iniciativa privada cuyo protagonista es el sector privado como motor de la reproducción de la actividad económica y se da al Estado la responsabilidad de procurar por un ambiente beneficioso para un adecuado desenvolvimiento del sector privado.

Con los cambios realizados a la Constitución precedente de 1979 se viabilizaron los procesos privatizadores de los principales servicios públicos que eran prestados por empresas estatales, quedando vulnerables los recursos del subsuelo, servicios de agua potable, energía eléctrica, comunicaciones y empresas estratégicas, que la Constitución consideró factibles de concesión. En conclusión la Constitución de 1998 estuvo a tono con la época de privatizaciones y retiro estratégico del Estado.

Para la Constitución de 1998 el desarrollo y la planificación no tienen mayor importancia en la economía del país.

El art. 242 de la Constitución de 1998 al tratar de la organización y funcionamiento de la economía dice que responderán a los principio de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad.

En ésta Constitución también se  estableció de manera general la concurrencia de los sectores público y privado en la economía, incluso reconoció la existencia de las empresas y propiedades pública, privada, mixta y comunitaria o de autogestión.

La Constitución de 1998 señalaba que son de “propiedad inalienable e imprescriptible” del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, las riquezas del subsuelo y de las áreas cubiertas por el mar territorial. Añadía que su exploración y explotación “podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas”; que el Estado podrá hacer la “concesión” del uso de frecuencias electromagnéticas; y que el aprovechamiento y uso de las aguas corresponderá al Estado “o a quienes obtengan estos derechos, de acuerdo con la ley”

Es necesario destacar que se establecía que “Las aguas son bienes nacionales de uso público; su dominio será inalienable e imprescriptible; su uso y aprovechamiento corresponderá al Estado o a quienes obtengan estos derechos, de acuerdo con la ley”, en este sentido se deja entrever que no era aprovechamiento exclusivo el que ejercía el Estado sobre el recurso estratégico que es el agua sino que también se podía conceder a empresas privadas.

También el medio ambiente y su diversidad biológica podían involucrar a la “iniciativa privada” (Art. 248). Se sostiene que los servicios públicos de agua potable y riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros, pueden ser “delegados” a empresas mixtas o privadas “mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley” (Art. 249). De estas disposiciones constitucionales se puede observar claramente que el Estado mediante el respectivo ordenamiento jurídico abrió grandes oportunidades a la participación del sector privado.

TÍTULO XII - DEL SISTEMA ECONÓMICO

Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de producción.

Art. 243.- Serán objetivos permanentes de la economía: 
1. El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable y democráticamente participativo. 

2. La conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un crecimiento suficiente y sostenido.
3. El incremento y la diversificación de la producción orientados a la oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado interno. 
4. La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la reducción del desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y la distribución equitativa de la riqueza. 
5. La participación competitiva y diversificada de la producción ecuatoriana en el mercado internacional.

Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le corresponderá: 
1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza. Las actividades empresariales pública y privada recibirán el mismo tratamiento legal. Se garantizarán l a inversión nacional y extranjera en iguales condiciones. 
2. Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y programas obligatorios para la inversión pública y referenciales para la privada. 
3. Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen. 
4. Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y Regularlas y controlarlas en defensa del bien común. Se prohíbe el anatocismo en el sistema crediticio. 
5. Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar de los servicios básicos para el desarrollo. 
6. Emprender actividades económicas cuando lo requiera el interés general. 
7. Explotar racionalmente los bienes de su dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector privado. 
8. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad. 
9. Mantener una política fiscal disciplinada; fomentar el ahorro y la inversión; incrementar y diversificar las exportaciones y cuidar que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del país. 
10. Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios reales, teniendo en cuenta el aumento de la productividad, y otorgar subsidios específicos a quienes los necesiten.

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