Independencia De Guatemala

Etapas del Proceso de Independencia

El proceso de la emancipación del Reino de Guatemala ha de apreciarse en relación con los acontecimientos que se suscitaban en Europa y el resto del continente americano, y debe examinarse en toda su larga duración, tratando de captar su evolución o `maduración', hasta culminar, más o menos simultáneamente que en otras partes de Hispanoamérica, en el rompimiento de los vínculos de dependencia con España.

El historiador Chester Zelaya ha dividido el proceso en tres etapas: la del Despotismo Ilustrado (1794-1810), la Constitucionalista (1810-1820) y la Independentista (1820-1823).

La primera escapa al presente artículo, ya que se trata en otras partes de esta misma obra se refiere al clima ideológico y político que se creó paulatinamente por una compleja serie de factores que de hecho venían desde tiempo atrás y entre los que ha sido usual mencionar la Independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Por supuesto, es cierto que en historia resulta imposible trazar mojones radicales, y si se habla de etapas es sólo como recurso de comprensión y análisis, puesto que en la realidad no han existido esos rompimientos que se plantean aquí para una explicación más clara de los hechos.

Al reducir el estudio a las otras dos etapas, es preferible, al menos para el caso centroamericano, hacer otra división. El primer hito lo establecieron los súbitos y graves acontecimientos peninsulares que se iniciaron en 1808 y que desembocaron en el proceso constitucionalista de Cádiz, el cual se interrumpió abruptamente con la derogatoria de la Constitución en 1814 y la vuelta al régimen absolutista.

Entre 1814 y 1820, mientras no estuvo vigente la Constitución, se produjo una interrupción aparente, un interregno calmado, durante el cual pareció afirmarse el dominio español, pero en el que, de manera encubierta, se produjo una definición de las diversas posturas de los grupos urbanos que buscaban un cambio de la situación, especialmente en la ciudad de Guatemala.

La última etapa (1820-1823), en coincidencia con Zelaya, puede dividirse en dos subetapas: la comprendida de 1820 a la declaratoria de la Independencia el 15 de septiembre de 1821, y la que se inició con la aplicación de lo decidido provisionalmente en la capital. Este período estuvo dominado por la unión al Imperio mexicano, y se cerró al caer el régimen y reanudarse el proceso de decisión interrumpido por la anexión. Esta última etapa, desarrollada en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, se trata en la cuarta parte de esta misma obra.

Antes de referirse a los acontecimientos españoles, sin embargo, es conveniente describir cómo funcionaban en el Reino de Guatemala las relaciones de poder, tanto políticas como económicas, ya que su comprensión permite apreciar mejor los cambios que deseaban las élites criollas, que estaban inconformes con esa situación, aunque en diferente forma, según se tratara de la élite de la ciudad de Guatemala o de las élites de las principales ciudades provincianas, las cuales tenían aspiraciones diversas.

Las Relaciones de Poder en el Reino de Guatemala

Conviene resumir primero la situación de la distribución del poder político y económico en el Reino de Guatemala, con el fin de comprender (a lo largo del proceso emancipador y luego después de obtenida la Independencia), las aspiraciones de los diversos grupos participantes y cómo evolucionó (y muchas veces se radicalizó) el esfuerzo por lograr las reivindicaciones que se consideraban no sólo urgentes sino justificadas.

El sistema político español había sido siempre altamente centralizado. Todos los hilos del poder regional se concentraban en el Presidente, Gobernador y Capitán General, y, a su lado, en la Audiencia. Estos funcionarios fueron mayoritariamente peninsulares, lo mismo que las más altas autoridades de la Real Hacienda. Sin embargo, las decisiones fundamentales debían consultarse a España, o bien venían desde allá nuevas directrices. En la Península también existía centralización, originalmente en el monarca y su Real y Supremo Consejo de Indias, y posteriormente en las Secretarías de Estado.

El establecimiento de las intendencias modificó un tanto la organización regional, pero concentró en los intendentes una serie de facultades y funciones que antes tenían los gobernadores, alcaldes mayores o corregidores, con el agravante, desde el punto de vista de la élite criolla, de que estos funcionarios fueron en su mayoría peninsulares, mientras que los alcaldes mayores y corregidores habían sido generalmente criollos.

El gobierno eclesiástico también estaba centralizado en los obispos y arzobispos, que asimismo fueron mayoritariamente peninsulares, lo mismo que gran parte de los miembros del Cabildo Eclesiástico. Sólo en los Ayuntamientos pudieron las élites criollas expresar su control político, sobre todo por medio de la compra de cargos, si bien compartían el poder con los peninsulares que también ocupaban puestos capitulares.

El gobierno español de las Indias se caracterizaba por dos principios fundamentales y complementarios:

a) la existencia de varias esferas de autoridad y de responsabilidades (gobierno, guerra, hacienda, justicia, Iglesia), y

b) el recelo de la Corona hacia las iniciativas y actuaciones tanto de sus funcionarios coloniales como de los grupos de poder

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