Actividad 2 Autoreflexiones Unidad 2 Contexto Socioeconomico

Unidad 2- Autorreflexiones

Relación entre Sociedad y economía (1910 A 2014)

POLÍTICA SOCIAL

La emergencia de una sociedad civil más activa ha originado la construcción de espacios sociales de instituciones con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público, con manifestaciones importantes en el plano nacional, estatal y local. Ese cambio reciente ha generado una relación más viva y dinámica entre las instituciones del gobierno y la sociedad civil, y le ha dado un nuevo aliento a la actual reforma del Estado.

El cambio institucional planteo nuevos retos para la planeación del desarrollo, la mayor presencia de la sociedad civil en los estados y municipios alimento un nuevo federalismen y la descentralización de la política social y el subsecuente aumento de las atribuciones y responsabilidades del gobierno local en la planeación del desarrollo regional, en la definición de criterios de asignación de recursos antes distribuidos por las dependencias del gobierno federal, así como en la ejecución y evaluación de programas sociales y de fomento económico.

Entre los beneficios más reconocidos de la descentralización de la política social, destacan, los siguientes:

• Propicio un aumento de la eficiencia de los recursos públicos

• Redujo los costos de transacción

• Permitió que la acción del gobierno satisfaga las necesidades locales conforme las características culturales, geográficas y ambientales de las comunidades beneficiadas.

A su vez, la supervisión de las acciones de las autoridades locales por parte de la ciudadanía tiende a asegurar el cumplimiento de objetivos y propicia la transparencia del uso de los recursos públicos. Las ventajas que ofrece la descentralización de la política social han podido observarse en las acciones encaminadas a aumentar la provisión de servicios básicos (salud y educación), el equipamiento y la infraestructura a las localidades rurales.

FIN DEL MODELO ECONOMICO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

La economía mexicana ha experimentado situaciones adversas que se originan en el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la crisis de la deuda externa del decenio de los 80, la restructuración productiva interna, las crisis recurrentes y las incertidumbres que genera el reordenamiento mundial en un contexto de creciente interdependencia entre las naciones. En ese contexto, la política económica tiene como objetivos estratégicos sentar las bases de un crecimiento económico interno sostenido y capitalizar las oportunidades que ofrece la economía global, así como apoyar primordial pero no exclusivamente a los grupos y a las regiones económica y socialmente más rezagadas. Esas prioridades nacionales plantean el reto de definir estrategias y criterios más eficientes del gasto social. Por un lado, en atención a los preceptos constitucionales que confieren a la acción del Estado un carácter universalista, deben fortalecerse las estrategias y aumentar la eficacia de los programas que atienden las necesidades de bienes y servicios básicos que propicien para todos los mexicanos la igualdad de oportunidades y derechos de participación en el proceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios.

Por el otro lado, la urgencia de desarrollar acciones más efectivas de combate a la pobreza y la marginación, plantea el reto de diseñar estrategias de política social congruentes con los principios

de la justicia distributiva, es decir, de apoyar prioritariamente a los grupos sociales y regiones donde la población padece privaciones que atentan contra su dignidad e impiden el desarrollo de

sus capacidades básicas, comprometiendo con ello el potencial de desarrollo que la nación tiene en esos grupos de población.

La atención a los grupos marginados de los beneficios del desarrollo no es un fenómeno nuevo, fue planteada como una prioridad desde el estallido de la revolución de 1910. En efecto, considerando la desigualdad social y regional que el país heredó del régimen porfirista (1877-1910), el espíritu de la constituyente de 1917 y la política social aplicada por los gobiernos posrevolucionarios reconocieron el imperativo de atender las necesidades más apremiantes de la población; a través de estrategias y programas consistentes en el tiempo, se logró aumentar el empleo y el ingreso real, ampliar la cobertura de los servicios básicos, dotar a las familias de una vivienda digna y decorosa y crear la infraestructura y el equipamiento necesarios para atender las necesidades de la población, especialmente en las ciudades, asentamientos en ese tiempo atrayentes de cuantiosos movimientos migratorios y donde se registraban las tasas mayores de crecimiento natural de la población.

El alto crecimiento económico logrado hasta los años setenta con un déficit fiscal manejable permitieron sostener el aumento del empleo, del salario real y del gasto social en niveles lo suficientemente altos como para lograr una generalizada y sistemática mejoría de la calidad de vida de la población, lo cual se manifestó, entre otros logros sin precedentes, en el permanente aumento del PIB per cápita, la disminución de la mortalidad infantil, el aumento en la esperanza de vida de la población y la disminución de la pobreza y la marginación.

En relación con los programas para atender las necesidades básicas de la población en su conjunto, es decir, independientemente de

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