Replanteamiento de un modelo alternativo para el siglo XXI

1. Replanteamiento de un modelo alternativo para el siglo XXI:

Planes de inclusión social y primacía de los Derechos Humanos.

1.1. PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN VENEZUELA Y SUS ARTICULACIONES CON LOS DERECHOS HUMANOS.

Este trabajo presenta un estudio de carácter descriptivo sobre las políticas económicas y sociales que adelanta el gobierno venezolano desde la Constitución Nacional de 1999.

Desde esa fecha, el gobierno emprendió distintas iniciativas en materia económica, utilizando los conceptos de “equilibrio económico”, “desarrollo endógeno”, “nuevo cooperativismo” y, más recientemente, “modelo de producción social”. Estas iniciativas han estado dirigidas, de acuerdo con la visión del gobierno, a cambiar el ordenamiento económico vigente por un sistema no capitalista, humanizado y soberano.

Las estrategias que el gobierno se ha propuesto llevar a la práctica para lograr tales propósitos han sido:

• La democratización del capital y la tierra.

• La soberanía en la orientación y distribución de la riqueza nacional, hacia el desarrollo de las potencialidades internas de las comunidades en la ciudad y el campo.

• La inclusión social en la actividad productiva.

En este orden, el interés por la economía social y el desarrollo económico ha ocupado un lugar importante en la política gubernamental desde el año 1999, al lado de objetivos de crecimiento económico, estabilidad macro-económica, sostenibilidad fiscal y estímulo al ahorro y la inversión.

Este interés se ha expresado en programas, planes, leyes, inversiones y medidas económicas desde entonces.

El objetivo del estudio es comprender las nuevas orientaciones, definiciones y estructura jurídica, programática, institucional y financiera de la política de economía social y desarrollo económico sustentable, donde el gobierno ha puesto su mayor empeño a fin de producir cambios en el sistema económico y el modelo productivo del país.

A continuación observamos los contextos donde estos cambios se han pretendido aplicar y los efectos que ha tenido su funcionamiento en las actitudes y comportamientos de los beneficiarios, asociados en cooperativas o núcleos de desarrollo endógeno.

Antecedentes.

La industria petrolera fue el principal dinamizador de la modernización venezolana desde mediados de los años treinta. Las exportaciones petroleras pasaron de 2% en la década de 1920 a 83% en la década de 1940. La modernización se practicó como un intenso proceso de transformaciones que comprendía, entre otros aspectos, la integración del territorio, la acumulación capitalista de los excedentes petroleros y la transformación de las formas de trabajo y modos de vida.

Entre los cambios ocurridos por efectos de ésta destacaron:

• La migración a la ciudad.

• El abandono del campo.

• La densificación poblacional de las capitales de estado.

• La creación de nuevos centros urbanos petroleros y el surgimiento de los sectores obreros y medios.

A partir de los años 1940 estos cambios son expresamente promovidos por el Estado, como dueño y administrador de los ingresos petroleros, convirtiéndose éste en el espacio donde los actores y sectores nacionales encontraron el medio para materializar los proyectos de modernización.

En la política pública venezolana el gasto social fue realmente importante a partir de la segunda mitad de la década de 1930. Entre los años 1935-1936, el peso porcentual del gasto social en las finanzas públicas se duplicó, pasando de un 5% a 11% respectivamente, debido al aumento del presupuesto en salud.

Luego, mantuvo un crecimiento relativamente estable hasta incrementarse significativamente en la década de 1960 y, de manera más constante, a partir del año 1964. Sin embargo, el gasto económico siempre tuvo mayor peso que el gasto social, representando más o menos el 40% del total de gasto público.

Sólo en la década de 1960, el gasto social llegó casi a equipararse con el gasto económico. La preponderancia de este último se debe a las prioridades de la política para aquella época, las cuales se orientaron hacia el pleno empleo de los factores, la expansión del mercado de trabajo formal y el crecimiento sostenido de los ingresos laborales reales.

En la décadas de 1970 y 80.

Los gobiernos de la época adoptaron un modelo de modernización económica al que los autores han denominado “desarrollista” y en el cual se ubica el fenómeno de la renta petrolera.

En el enfoque desarrollista, se entiende el desarrollo como el camino hacia una modernización estructural de la nación que requiere de políticas globales y sectoriales (fiscales, económicas y sociales).

El Estado se asume como el principal agente de desarrollo en un contexto de auge económico prolongado ocurrido entre 1963-1972 y de bonanza petrolera entre 1973-1975.

Sus instrumentos fueron el reparto de la renta, el fomento del capitalismo y, en los últimos años, el endeudamiento externo.

Bajo este enfoque, el Estado promueve una nueva etapa de industrialización nacional y la reducción de las importaciones (por la vía de la construcción y la manufactura); la nacionalización del petróleo y la consolidación de las industrias básicas; la concentración de capitales; un acelerado crecimiento industrial-urbano; las viviendas para sectores medios y el incremento y protección del empleo asalariado.

El país tuvo durante 18 años, un crecimiento económico estable y un gasto social expansivo; pero a partir de la segunda mitad de 1970 cambió drásticamente de rumbo hacia un deterioro progresivo de todos los signos políticos, económicos y sociales.

Este cambio se sentirá con más contundencia en 1983, año en el cual se toman medidas de estabilización económica traumáticas y se instala el pesimismo y el malestar en el ánimo colectivo de la población venezolana.

Finalmente, el sistema se hizo más excluyente por efecto del centralismo, el clientelismo y la segmentación de la protección social entre los grupos modernos emergentes y el resto de la población. La burocracia pública adoptó la práctica del reparto entre una clientela política y económica que operaba bajo el paraguas de los partidos; y una clientela social que se movía a través de las conexiones partidistas, pero también por medio de las relaciones familiares y/o personales.

Décadas de los 80 y 90.

El elemento clave que caracteriza la política económica venezolana entre los años 1980 y 1990 es el intento dirigido hacia el ajuste de la economía interna en función de parámetros y exigencias del mercado mundial, conocida como la estrategia de la apertura. Esta estrategia se aplica en un contexto donde comienza a tener fuerza el fenómeno de la globalización y éste ejerce influencia en el debilitamiento de los sistemas políticos, económicos e institucionales constituidos cinco décadas atrás en la mayoría de los países de América Latina. En Venezuela, es un período que trae una herencia de persistente deterioro económico y social, y donde la agenda internacional tuvo un importante peso en la definición y aplicación de soluciones.

En el año 1980, Venezuela se encuentra frente a una caída del PIB de 4%, después de 18 años consecutivos de una tasa de crecimiento positiva. La inflación pasó de un dígito en 1978 (7.2%) a dos en 1979 (20.4%) y en 1980 (19.7%), afectando los salarios y el ingreso familiar. Aumentaron las desigualdades económicas y el país presentaba ya un acumulado de pobreza mayor al 20%, con tendencia a crecer cada año. Desde este momento, la pobreza se instala en el país y no hay capacidad institucional, social ni económica para frenar el problema.

El programa de ajuste económico estructural (1989-1993): a partir de 1989 se decide aplicar un programa de ajuste de mayor alcance y permanencia que el anterior. Este programa implicaba darle un giro drástico a la economía venezolana mediante la reducción de las funciones reguladoras y planificadoras del Estado y, a largo plazo, el aumento de la participación del sector privado en las actividades productivas. Con esta intención se toman medidas de ajuste que produjeron la eliminación de los subsidios indirectos, la liberación de precios, la flexibilización de la normativa laboral, el apoyo financiero a las exportaciones, la reducción del gasto público, la privatización de las empresas estatales y la reorientación del gasto social. El programa de ajuste surge de un acuerdo firmado con el FMI en 1989 y contó con la asistencia financiera de la banca internacional en el área económica y social.

La severidad del deterioro es acompañada por una creciente protesta pública, represión y violencia social. Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989 ocurre una revuelta popular en contra de las medidas de ajuste. Cabe destacar que estas medidas se aplicaron sin el respaldo mayoritario de empresarios ni de partidos políticos, incluyendo el partido del gobierno de turno.

Un dato que revela la dramática situación de protestas y represión en ese año fue el repunte de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en el Distrito Federal, que pasó de 21.5 en 1988 a 52.3 en 1989 (EL CARACAZO).

El programa de ajuste económico restringido (1994-1998): este programa se denominó Agenda Venezuela y surge del segundo acuerdo con el FMI firmado en el año 1996. Este programa consistió en una serie de medidas de ajuste macroeconómico aplicadas gradualmente y limitadas a ciertas áreas de la economía petrolera. El programa contemplaba también continuar con las estrategias de reorientación del gasto social, la reestructuración y fortalecimiento del sistema de pensiones del seguro social llevándolo hacia un sistema de administración privada y la reforma del sector financiero, habida cuenta de la fuerte crisis bancaria ocurrida entre los años 1994 y 1995.

Lo ante señalado deja ver que la política pública de las tres décadas anteriores dejó una ciudadanía incompleta o inacabada. Los derechos fueron establecidos a través de los pactos entre elites políticas y económicas y se ejercieron por medio de las prebendas que dejaba el clientelismo para un sector de la población en forma de privilegios. En consecuencia, se crearon distancias e inconsistencias cada vez mayores entre la democracia formal, como régimen y método, y la democracia sustantiva, como ciudadanía, seguridad y bienestar. De igual manera diversos estudios han señalado la aceptación de prácticas no democráticas en el ejercicio del poder por parte de grupos que, aunque minoritarios en Venezuela, se reparten en todos los segmentos sociales y políticos del país.

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