Derechos Humanos Guatemala Y Mineria

RESUMEN

Minería de metales y derechos humanos en Guatemala

La mina Marlin en San Marcos

Vincent Castagnino Mayo 2006 / Brigadas de Paz Internacionales

Reseña histórica de la extracción minera en Guatemala.

En Guatemala, la explotación de metales se remonta a los periodos previos a la colonización. Originalmente los metales se usaban como materia prima para la elaboración de herramientas, armamentos, elementos de trueque u objetos ornamentales. Una de las características a destacar sobre la extracción de minerales ha sido la sobre explotación que la población indígena sufrió en los centros de producción.

Los conflictos posteriores a la independencia de Guatemala (1821) desencadenaron un descenso en las actividades mineras del país. Ello se debió a los disturbios generados en la región por los repetidos enfrentamientos entre los diferentes movimientos independentistas. Medio siglo después, la Reforma Liberal de 1871 abrió las fronteras económicas de Guatemala. Las actividades mineras empezaron entonces a depender de los precios de los metales en el mercado internacional. A principios del siglo XX y más adelante, el desarrollo de la actividad encontró altibajos dependiendo de las fluctuaciones de dicho mercado..

La EXMIBAL: dibujando la historia

A partir del golpe de Estado de 1954, que derroca el régimen democrático de Jacobo Árbenz, se promulgaron de manera sistemática códigos de extracción minera, lo que puso en evidencia, según Luis Solano. A finales de 1962, la empresa canadiense International Nickel Company (INCO), casa matriz de la empresa Exploraciones y Explotaciones Metálicas de Izabal, S.A. (EXMIBAL), sugirió al Estado guatemalteco, gobernado entonces por el General Idígoras Fuentes (1958-1963), implementar una nueva ley de minería con el argumento de poder estimular importantes inversiones en la industria de extracción en Guatemala. en 1965 participaban en la redacción de un nuevo código nacional de extracción minera en el que se destacó EXMIBAL. (1963-1966), fue aprobado un código de minería, inspirado en las sugerencias de la INCO. El texto definió el marco legal que, cuatro meses después, permitió al coronel Peralta, otorgar a la INCO por cuarenta años 410 kilómetros cuadrados de concesiones, ubicados en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. La INCO se convirtió así en uno de los principales propietarios del área. Julio César Méndez Montenegro (1966-1970)10 propuso revisar la cooperación entre la INCO y el gobierno anterior, tras un encuentro con universitarios que se oponían a las facilidades que el Estado ofrecía a la empresa.

A partir de 1970, la negociación privilegiada entre las empresas mineras y el Estado se hizo más obvia12. Responder a los intereses de los militares significaba, para empresas como EXMIBAL, poder seguir gozando de los favores del Estado guatemalteco; En este contexto, Solano menciona que quienes estaban en contra de la minería de metales se vieron enfrentados a tiempos difíciles. Rechazar la actividad minera significaba oponerse a las empresas del sector, pero también a las juntas militares.

En julio de 1970, General Carlos Arana Osorio, conocido en la década anterior por su mano dura en contra de la insurrección guerrillera en Izabal, donde se ubicaban las primeras concesiones de la INCO, luego en enero de 1971, se atentó contra la vida de tres de los cuatro miembros de la comisión universitaria de investigación sobre la actividad.

Así mismo, la Comisión en su informe menciona un vínculo entre la empresa y la sangrienta represión de la manifestación campesina en la aldea de Panzós (Alta Verapaz), el 29 de mayo de 1978. A pesar de la falta de pruebas para vincular directamente a EXMIBAL

La llegada de Glamis Gold Ltd.

Tras un aparente paréntesis durante los años ‘80 y ‘90, marcado por el conflicto armado interno y las primeras negociaciones hacia la paz, la problemática de la minería de metales regresó públicamente a la coyuntura guatemalteca a finales del año 2003, debido a que el Estado guatemalteco otorgó una licencia de explotación de metales a la compañía Glamis Gold Ltd.

El proyecto Marlin

El proyecto de explotación minera de oro y plata Marlin se localiza entre los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos, y es propiedad de la empresa Glamis Gold Ltd. con sede en Reno, Nevada (Estados Unidos). Las acciones de esta compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y de Toronto. Fue fundada en 1972, y trabaja en la extracción de oro y plata desde 1981. Sus primeros proyectos se desarrollaron en el estado de California, Estados Unidos, a lo largo de los años ‘80 y ‘90.

Se estima que la mina Marlin tiene un potencial de 2,3 millones de onzas de oro, y 36 millones de onzas de plata, de las que la empresa prevé extraer anualmente alrededor de 217.000 onzas de oro, y 3,5 millones onzas de plata26. La venta total del producto bruto (no refinado en Guatemala), y exportado, se estima en US$ 893 millones. La inversión total de capital en el proyecto se eleva a US$ 140 millones. Por ello, el Banco Mundial (BM) otorgará un financiamiento de US$ 45.

La licencia de explotación del proyecto Marlin se aprobó en noviembre de 2003, y desde mayo de 2004, es la empresa guatemalteca Montana Exploradora S.A., subsidiaria de la Glamis Gold, quien lo ejecuta.

La minería en el centro del debate

Miembros de la sociedad civil, y periodistas se posicionaron sobre los beneficios y perjuicios de la minería de metales a cielo abierto, conformándose poco a poco dos bloques opuestos: a favor y en contra. El desarrollo del país fue tomado como el principal argumento para justificar la presencia de la minería de metales en Guatemala. Las empresas, así como el gobierno del Presidente Oscar Berger, argumentaron que la minería era una oportunidad que Guatemala debía aprovechar para avanzar. Añadieron que garantizaría el bienestar de la población ubicada en el área de la actividad minera.

Luis Chávez, del Colectivo de Organizaciones Sociales de San Marcos (COSAM), ya desde enero de 2004, criticó las pocas consideraciones sobre el impacto ambiental de la actividad minera, denunció los mínimos beneficios que ésta traería a la población, y señaló la evidente falta de participación de la población afectada para definir su propio camino de desarrollo. Además, los ambientalistas del Colectivo Madre Selva alertaron desde diciembre de 2003 sobre los antecedentes de la

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