Hocol

Hocol era el mayor accionista de dos de los principales oleoductos del país: el Oleoducto del Alto

Magdalena y el Oleoducto de Colombia, con una participación en el patrimonio del 36% en el

primero, y del 22% en el segundo. Los costos de estas construcciones (168 y 426 millones de dólares,

respectivamente) representaron una inversión significativa para la empresa. En el 2005, Hocol

continuaba operando el primero de estos oleoductos. Para esta clase de operaciones, desarrollada a

través de extensos territorios habitados por comunidades diversas, la seguridad era un problema

crítico. Según explicó Ramiro Santa, tanto en sus actividades de exploración y explotación como en la

operación del oleoducto, Hocol buscaba un manejo flexible de sus relaciones con las diferentes

comunidades.

Las compañías petroleras, por lo general, han operado en regiones rurales remotas en las que

existe una fuente de riqueza y un marcado contraste con los recursos que poseen las comunidades

localizadas en las áreas circundantes. Aunque la relación con los habitantes de las zonas aledañas a

las operaciones petroleras comenzaba –usualmente- con la demanda de puestos de trabajo, la presión

social de estos grupos conseguía distintos tipos de donaciones. Estas donaciones iban desde aquellas

destinadas a la compra de material didáctico para escuelas locales hasta la construcción de

infraestructura de diferente tipo. Con el paso de los años, la organización y legitimación de las Juntas

de Acción Comunal8

hizo posible contar con un marco en el que se pudieran fijar condiciones para el

desarrollo de las relaciones entre las empresas y esas comunidades, y canalizar mejor los recursos

para los programas de “ayudas a la comunidad”. Tales condiciones hacían referencia a las

características, montos y manejo de las inversiones sociales que realizaban las petroleras en las áreas

de influencia de su operación. Pero, aún así, no era usual que las donaciones petroleras estuvieran

articuladas a los planes de desarrollo municipal y departamental porque las organizaciones

gubernamentales no participaban en su asignación.

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