Negociaciones En Venezuela

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Las posibilidades del uso de las Técnicas de Negociación como herramientas por excelencia, para dirimir los conflictos naturales o artificiales de intereses entre los miembros de una sociedad considerada civilizada, es decir que aspira a fundamentar sus relaciones, comportamientos, modos, y usos de carácter intra y extra-sociales de convivencia colectiva e individual, basada en la utilización de los medios formales o sus derivados que les facilita el ordenamiento jurídico-político que esta se dio por medios democráticos, debe ser una constante, de forma tal que quienes las integran se permitan alcanzar la satisfacción armónica de sus intereses y fines aparentemente distintos, parciales, contradictorios y contrapuestos.

En el caso de nuestro país, cuya abundancia de recursos naturales ha permitido, sigue y todo indica que seguirá permitiendo por muchos más decenios y hasta lustros, la existencia de un modelo rentista de su economía, es decir donde como producto de la explotación del petróleo se obtienen buena parte de los ingresos fiscales, comparados con los provenientes de los que se generan de lo aplicación de tributos sobre las ganancias provenientes del esfuerzo productivo del trabajo individual, la renta del suelo o del capital aportado por sus ciudadanos, situación que ha permitido al aparato administrativo del Estado obtener y manejar abundantes e ingentes ingresos “extraordinarios”, y a la dirigencia política ensayar formas de estado, de gobierno y de relación socio-política adecuadas a esquemas de redistribución de la renta, cada vez más orientados hacia su aplicación para los fines del desarrollo humano y del crecimiento económico en los términos definidos por los propios expertos en la materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es decir disponemos de un país cuya superestructura jurídico-política ha respondido y aún sigue respondiendo, más aún a partir de la aprobación del nuevo marco constitucional en diciembre de 1999, al referido esquema rentista-redistribuidor y de Estado Promotor del crecimiento y desarrollo económicos, que esta conteste con la diversidad socio-económica de su estructura económica, sólo que ahora la orientación de el desarrollo trata de compatibilizar el uso de los recursos hacia una inversión social que tienda ha transformarse en inversión productiva en el corto, mediano y largo plazo, de manera de generar equilibrio económico-social y socio-económico en la referida estructura económica y de clases.

Bajo las premisas señaladas anteriormente, podemos afirmar en lo que respecta al comportamiento de lo actores institucionales de carácter público, que los mismos cuentan con recursos humanos, económicos, materiales, financieros y tecnológicos suficientes, y del instrumental normativo adecuado que les permite actuar apegados a una legalidad cimentada en una marco constitucional de carácter participativo, y con la flexibilidad necesaria para aportar soluciones reales, pero loables, de conveniente realización, así como disponer de la firmeza igualmente necesaria una vez agotados los esfuerzos negociadores, ante la posible intransigencia y resistencias derivadas de actitudes particularistas, posicionamientos competitivos negadores del otro o de las otras partes, propuestas contrarias a principios como los de Soberanía, Estabilidad del Estado y sus Instituciones, Constitucionalidad, Legalidad, Participación Directa en los Asuntos Públicos, Derecho a la Vida, al Trabajo, a la Vivienda, a la Propiedad, Libre Tránsito, etc.,. Igualmente, estos recursos de los que dispone el Estado, les permite abordar los procesos de negociación planteados por los diferentes actores sociales, cuyos intereses se presentan como aparentemente incontrovertibles tanto en los distintos escenarios del acontecer nacional, sean estos expresados de manera real o mediáticamente tratados.

Al respecto, exponemos los casos de negociaciones realizadas entre actores sociales con intereses aparentemente irreconciliables, según la cobertura mediática dada por determinados medios de comunicación e información ampliamente conocidos por la población, pero que en el plano real se ha posibilitado acordar soluciones efectivas, loables, convenientes y satisfactorias a los intereses de las partes, las cuales se han iniciado oportuna y decididamente por estas, dándole tramite y término en los lapsos esperados en cada una de estas fases. Es el Caso de la Situación generada por el cierre del tránsito vehicular entre el Estado Vargas y el Distrito Capital, realizados por la autoridades del tránsito el días jueves 05-01-2006, debido al accidente ocurrido al Viaducto Nº 1 de la Autopista Caracas-La Guiara, cierre que trajo aparejado una compleja problemática de tipo económica, comercial y social a los conglomerados humanos que habitan en las referidas entidades federales.

Aspectos considerados en la negociación:

Actores o negociadores con interés y voluntad para negociar

En virtud que la problemática tiene causas externas a la mayoría de los actores afectados, ya que son temporalmente atribuibles a distintas autoridades públicas a lo largo de un período cercano a los veinticinco (25) años o aparentemente más, como son:

A) La construcción presuntamente indebida del referido Viaducto Nº 1, cercada o sobre una supuesta falla geológica,

B) La falta de reubicación oportuna de nuevos pobladores en los barrios ubicados en ladera sur-oeste de la vialidad, durante los últimos 15 años aproximadamente, barrios que no son consolidables desde el punto de vista técnico constructivo, motivado a que estarían ubicados en terrenos no aptos geológicamente para tal fin, y que se presentan como una de las causas de la cesión del terreno base del viaducto en cuestión, debido a la percolación incontrolada de aguas blancas y residuales sobre dicho terreno. Y

C) La aparentemente precaria y flemática actuación de los entes estatales 1958-2006, encargados del mantenimiento estructural e integral de la vialidad y en particular del referido Viaducto Nº 1 de la Autopista Caracas – La Guaira.

Ninguna de estas causas dependen directamente para su abordaje y solución significativa de la mayoría de los actores afectados por el problema, sin embargo las consecuencias inmediatas y mediatas si requieren ser asumidas por el conjunto de dichos actores, por la magnitud del daño ocasionado por el principal problema, como lo es la inhabilitación total del referido viaducto y con ello el normal desenvolvimiento del transporte de pasajeros y de bienes

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