Dependencia y educación para la autonomía

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 PEC 2: Análisis del valor de la vida en tiempos de pandemia

Leire Morales Barrocal

        A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a diversas problemáticas que han puesto a prueba tanto las habilidades como las carencias de sobrellevarlas y la capacidad de resiliencia ante ellas. Estas problemáticas van desde desastres naturales, conflictos políticos que derivan a guerras, y, por supuesto, enfermedades y pandemias.

        El 11 de marzo de 2020 se suscitó un hecho que, sin duda, quedará grabado en nuestras vidas y dada la importancia histórica, en los libros de historia: la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una pandemia mundial a raíz de un brote de enfermedad por Coronavirus (COVID-19). Esta pandemia ha pillado al mundo por sorpresa, con un escaso tiempo de respuesta para gestionar un sistema sanitario, económico, político y social. La emergencia sanitaria puso en evidencia limitaciones en los sistemas de salud a nivel mundial, lo que hizo necesario un marco bioético que brinde herramientas para orientar la toma de decisiones de los profesionales de la salud ante la escasez de recursos sanitarios. Evidencia que existía con anterioridad, pero que a causa de la crisis se ha agravado. Estas medidas tomadas por el gobierno ha generado un debate acerca de la priorización de los recursos sanitarios, surgiendo una crisis bioética dentro de la crisis sanitaria a consecuencia de que la demanda por camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y medios de soporte vital avanzado, entre otras cosas, ha enfrentado a los equipos de salud a difíciles decisiones en la asignación de estos recursos, con la consecuencia moral de decidir a quienes tratar y a quienes excluir. Ahora bien, ¿A qué colectivo de personas les regalan la vida y a quienes no?

        Por desgracia, en nuestro día a día, podemos observar como existen una serie de discriminaciones causadas por tener en cuenta las capacidades de las personas, incluso de manera involuntaria o inconsciente. El incumplimiento de los derechos a la salud sufrido por las personas con diversidad funcional en dicho contexto encierra una doble discriminación: no solo se les ha excluido al rechazar su igual derecho a la salud; también se les ha discriminado al no haber creado iguales condiciones de acceso para lograr la igual efectividad de este derecho en la crisis vivida. Dicho incumplimiento tiene a la base el prejuicio capacitista. (Aparicio, M y Toboso, M). Este pensamiento capacitista habla de la discriminación y el prejuicio social generado en la sociedad contra personas con diversidad funcional. Es una palabra que refleja la sociedad discriminatoria y excluyente en la que vivimos. No nos damos cuenta de que en muchas discapacidades lo que causa el “no ser capaz” es una sociedad que no acepta las diferencias. Un ejemplo de una acción capacitista evidente es negar a una persona con diversidad funcional la oportunidad de tener disponible un respirador para combatir el virus, con el pensamiento de que una persona con diversidad funcional tiene menos derecho a la vida, que una persona totalmente saludable.  

        Como podemos observar, vivimos en un mundo dominado por los principios utilitaristas. Las personas vulnerables – por su discapacidad, salud o edad – son frecuentemente descartadas o marginadas por el sistema y se actúa de manera que discrimina a través de las barreras preexistentes, las negligencias, las políticas o normas adoptadas, generando desigualdades injustas y discriminación, ya que no se ha tenido en cuenta las necesidades de todas las personas por igual. Es decir, la discriminación ha sido un factor que ha marcado la vida de muchas personas atentando contra la igualdad de la humanidad y los derechos humanos, como pueden ser las personas con diversidad funcional. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) el logro de los derechos de las personas con diversidad funcional no está ilimitado por la discapacidad, sino por las barreras sociales que impiden que las personas ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, aspecto que la sociedad no cumple en esta situación de pandemia, ya que la sociedad se centra más en las capacidades de las personas, que en lograr la igualdad de todos los colectivos existentes logrando así una no discriminación.

        Este pensamiento ha sido aceptado socialmente e instalado como el fundamento en la construcción de criterios “éticos” para la más justa asignación de recursos en situaciones sanitarias como la pandemia y que tiene el objetivo de conseguir el mayor beneficio posible, a la vez de evitar el mayor daño posible. Se debe tener presente que este principio de “antepone el bien de la mayoría frente a la minoría”, es decir, la mayoría hace referencia a la sociedad “normal” frente a las minorías, que pueden ser las personas con diversidad funcional. El bien no puede ser únicamente el bienestar de la mayoría, porque eso podría llegar a desembocar en actuaciones muy poco morales en el caso de que esa mayoría impusiera su criterio y aplastara los derechos de la minoría. Por ejemplo, según las tesis de Bentham, sería legítimo sacrificar a una persona con diversidad funcional si de esta manera pudieran salvar a personas con una vida completamente saludables. En conclusión, eso haría felices a la sociedad, ya que se ha salvado a una persona con todas sus capacidades latentes y de esta manera, dando una oportunidad a una persona  capacitada para poner lograr algo en la sociedad. Según esa lógica, podrían defenderse posturas completamente inmorales, siendo un error y un peligro. Este principio no debe ser el único que oriente las acciones en tales circunstancias, sino que resulta imprescindible que se acompañe de la aplicación de otros principios éticos, como por ejemplo, que además de que el  sistema sanitario se centre en los resultados de mortalidad, recuperación funcional y retorno a la vida normal, también los equipos sanitarios deben de actuar con el uso eficiente de los recursos y otras acciones virtuosas como son la empatía, solidaridad, entregar un trato humanitario, cuidar la confidencialidad y privacidad del paciente e intentar luchar por los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, de manera que garanticen los derechos humanos de las minorías, de manera que en ninguna situación puedan ser violados.  Las necesidades de atención médica, incluso si no existen, no pueden asumir un peso tan preponderante como para comprimir el núcleo irreductible del derecho a la salud, que constituye un elemento indispensable de la dignidad humana (D´Avack, 2020: 374).

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