Divergencias Geopolíticas Restan Fuerza A Propuesta.

Divergencias geopolíticas restan fuerza a propuesta.

El denominado anillo energético es un proyecto de interconexión gasífera del Cono Sur, impulsado fundamentalmente por Chile, con el fin de suplir su déficit energético, a partir de los problemas de abastecimiento con Argentina. Casi la totalidad de importaciones chilenas de gas natural proceden de este país, cuya producción ha declinado significativamente.

Este proyecto de interconexión gasífera plantea distribuir en el Cono Sur parte de las reservas de los yacimientos de gas de Camisea, ubicados en el sur del Perú, así como las existentes en Bolivia.

En el proyecto han participado, además de Chile y Perú, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En las reuniones realizadas por los gobiernos para este proyecto, Bolivia sólo lo ha hecho en calidad de observador.

Gran parte del denominado “anillo energético” ya se encuentra construido. Se trataría de conectar al Perú con la red de ductos que existe en el norte de Chile y Argentina, mediante la construcción de un gasoducto de unos 1,200 km de extensión desde la ciudad peruana de Pisco hasta la chilena de Tocopilla, la cual requiere una inversión cercana a los US$2.5 millardos.

El proyecto ha suscitado reacciones contrapuestas en el Perú, pues, entre otros factores, se ha insistido en que debe desarrollarse prioritariamente el mercado interno, garantizando el abastecimiento a largo plazo.

Otro de los problemas que ha tornado inviable este proyecto es que Bolivia, país que posee las segundas reservas de gas de América del Sur, sólo participa del anillo energético en calidad de observador, pues demanda, como condición, una solución a su situación de mediterraneidad.

Por mandato popular resultado de un referéndum en el 2004, el gobierno boliviano no puede suministrar gas a Chile mientras éste no acepte discutir su problema de salida al Pacífico. Sin la participación de Bolivia, el proyecto sólo tenía posibilidades de convertirse en un texto jurídico para dar garantías a los inversionistas que participen del proyecto.

La meta de suscribir el documento conjunto que permitiría transformar el acuerdo de implementación del anillo energético en un tratado internacional, no prosperó, debido, en parte, a divergencias en algunos de los puntos del texto del tratado.

Prevalecen aún opiniones contrapuestas en aspectos clave como la definición de lo que es una situación de emergencia —que pudiera dar lugar a la interrupción del suministro—; el mecanismo para solución de controversias; y las excepciones temporales al régimen de acceso abierto, entre otros.

En ese contexto, el proyecto para la construcción del gasoducto acordado en noviembre del 2005 entre los gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela, adquiere

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