El trasfondo de la reforma al artículo 24 constitucional

El trasfondo de la reforma al artículo 24 constitucional

A raíz de que la Cámara de Diputados aprobara el pasado 15 de diciembre la iniciativa de reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la libertad de religión, las opiniones sobre los propósitos y consecuencias de dicha modificación son antagónicas:

Una posición, sostenida por la Iglesia La Luz del Mundo, afirma que este cambio constitucional tiene como trasfondo cumplir las exigencias de la jerarquía católica, quien, enarbolando una sesgada interpretación de la libertad religiosa, busca resucitar antiguos privilegios: instrucción religiosa en las escuelas públicas; participación del clero en política electoral; instalación de capellanías en el Ejército y la Marina; subsidio estatal para sueldos de los ministros de culto, además de la posesión y control de medios de comunicación electrónicos, entre otros.

Esta postura, que es compartida por numerosos actores sociales (entre ellos organizaciones civiles, intelectuales, funcionarios públicos y académicos), sostiene que tal reforma vulnera el Estado laico y, en consecuencia, afecta las libertades de los mexicanos.

Otra opinión, en cambio, sostenida por la Conferencia del Episcopado Mexicano,¹ los grupos parlamentarios del PAN y PRI,² algunos diputados del PRD, así como la Secretaría de Gobernación,³ entre otros, asegura que con dicha iniciativa de reforma constitucional se produce una ampliación de libertades, y se mantiene incólume el Estado laico.

¿Es la modificación del artículo 24 constitucional una «agresión al Estado Laico» o una «ampliación de libertades»?

En realidad, ¿cuál es el trasfondo de esta reforma?

El trasfondo consiste en la manipulación de la noción de libertad religiosa para sustentar privilegios. En efecto, tras insertar la libertad de religión en el texto del artículo 24 constitucional, se oferta un concepto distorsionado y tendencioso de ella, a fin de emplearla como fundamento para satisfacer las exigencias clericales. El problema radica, pues, en que se abandona la comprensión de la libertad religiosa como derecho humano, y se le reemplaza por una concepción licenciosa y sesgada, totalmente ajena a los principios del Estado laico; cuando esto sucede, la libertad religiosa se convierte en bandera para el reclamo de privilegios religiosos, en demérito de nuestro régimen de libertades.

Dicho trasfondo se consigna expresamente en el propio “Decreto de reforma y adiciones al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” &sup4 emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y signado por los miembros del PAN y PRI (contenido en la Gaceta Parlamentaria, de fecha 15 de diciembre de 2011), en el que se confiesan los verdaderos propósitos que se persiguen con esta modificación:

1. Desmantelamiento del Estado laico. En México el Estado laico está contemplado en los artículos constitucionales 3° (educación laica), 5° (prohibición de pactos que menoscaben la libertad, como sucede con los votos monásticos), 24 (libertad de creencias y culto), 27 (patrimonio eclesiástico) y 130 (separación Estado e Iglesias). Bajo la cobertura de un concepto tendencioso de libertad religiosa, lo que se pretende es anular el Estado laico, como lo demuestra el Decreto que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, que a la letra dice:

“Con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, a la luz de él se requerirá tanto la revisión de los artículos 3°., &sup5°.,

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