Politica De Desarrollo En Venezuela

Trabajo Investigativo

DESARROLLO POLÍTICO DE VENEZUELA:

La caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, marcó el comienzo de uno de los períodos más interesantes e importantes de la historia contemporánea de Venezuela.

Que parte con la formación de una Junta de Gobierno que asume el poder y dirige el proceso político del país hacia el establecimiento de un régimen constitucional. Durante este período provisional asciende al primer plano la actividad política de los partidos; se convocaron las elecciones y el país entró en una etapa de democracia representativa, que ha sido el signo dominante durante la vida política de Venezuela durante los últimos cuarenta y dos años.

Durante esta etapa se han sucedido los siguientes Gobiernos:

La Junta de gobierno, presidida por Wolfgang Larrazábal, quien renunció el 13 de noviembre de 1958 y fue sustituido por Edgar Sanabria. El nuevo presidente constitucional fue Rómulo Betancourt (13 de febrero de 1959 al 11 de marzo de 1964). En esta última fecha tomó juramento Raúl Leoni y ejerció el poder hasta el 11 de marzo de 1969, cuando traspasó la banda presidencial a Rafael Caldera; éste presidió hasta el 12 de marzo de 1974. Su sucesor fue Carlos Andrés Pérez, cuyo periodo presidencial terminó el 12 de marzo de 1979 y comenzó el de Luís Herrera Campins. Por reforma de la Constitución, Herrera concluyó el 2 de febrero de 1984, cuando se inició el gobierno de Jaime Lusinchi. A continuación, Carlos Andrés Pérez es nuevamente elegido durante los comicios de diciembre de 1988. Su vuelta a la presidencia a partir de 1989 generó un periodo de gran inestabilidad política, pues se produjeron dos intentonas de golpe de Estado en 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre); su mandato debía culminar en febrero de 1994, pero fue interrumpido.

El periodo de mandato del presidente Carlos Andrés Pérez se redujo considerablemente, pues se produjo en la historia venezolana el primer juicio a un presidente en ejercicio. El 12 de marzo de 1993, mientras el presidente Pérez presentaba ante el Congreso Nacional su mensaje anual, el fiscal general de la República, Ramón Escobar Salom, sorprendió con la introducción ante la Corte Suprema de Justicia de una demanda contra Pérez por malversación y peculado de partidas secretas. La Corte se reunió el 20 de mayo de 1993 y declaró que sí había indicios para enjuiciar al presidente; de acuerdo con la Constitución, Carlos Andrés Pérez fue suspendido de sus funciones públicas y se encargó de la primera magistratura el presidente del Senado, Octavio Lepage, en tanto el mismo Congreso designó a la persona que gobernaría el país con carácter de interino hasta la finalización del periodo que correspondía a Pérez, en caso de que el juicio no le fuera favorable y la sentencia se produjera antes del 2 de febrero de 1994.

El presidente interino seleccionado por el Congreso fue el senador por Acción Democrática Ramón Velásquez, quien contó con los votos de AD y COPEI, más otros partidos minoritarios; prestó juramento el sábado 5 de junio de 1993. En las elecciones de 1993 obtuvo de nuevo la presidencia Rafael Caldera, "autoexcluido" de COPEI, encabezando esta vez un nuevo partido, Convergencia, y apoyado por otras organizaciones como MAS, PCV y MIN. Caldera tomó posesión el 2 de febrero de 1994 para un periodo que debe concluyó a los cinco años. Las elecciones presidenciales, celebradas en diciembre de 1993, dieron como vencedor fue Hugo Chávez, uno de los oficiales involucrados en la intentona golpista de 1992, que había sabido aglutinar (con un mensaje de corte nacionalista y populista) a un amplio sector de la población descontento con el sistema político vigente, caracterizado por la alternancia de los dos partidos tradicionales, la creciente corrupción y la crítica situación económica, que había originado enormes desigualdades sociales y el surgimiento de amplias bolsas de pobreza. El presidente electo, que tomó posesión del cargo en febrero de 1999, tuvo entre sus prioridades más inmediatas la disolución del Parlamento y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que procediera a dotar al país de una nueva ley fundamental. Nuestra y vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

PRINCIPIOS DE LA CENTRALIZACIÓN:

En sentido estricto, la centralización sería aquella forma de organización pública en la que una sola administración, la del estado, asumiría la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de interés general, y atribuyéndose todas las potestades y funciones públicas necesarias para ello. En este sistema, las posibles divisiones del territorio que se pudieran efectuar, no supondrán la consiguiente existencia de otros entes públicos, sino que serían simples circunscripciones de una misma administración que situaría en ellos a sus agentes periféricos sujetos a la autoridad central por vínculos de jerarquía.

Por contra a este principio, la descentralización puede describirse como un proceso histórico que se inicia cuando el proceso centralizador está agotado. Inicialmente la descentralización se planteó como una cuestión distribución del poder entre el estado y los entes locales, pero en la actualidad se ha plasmado no sólo en la autonomía reconocida a éstos, sino también en la creación de un nivel regional.

En la actualidad la descentralización alude a uno de los supuestos de transferencia de competencias que tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. En concreto es aquella transferencia de competencias intersubjetiva, es decir, que tiene lugar entre personas jurídico públicas, que se realiza siempre en vía principal (por norma jurídica, nunca por acto administrativo).

LA REGIONALIZACIÓN HA SIDO CONCEBIDA COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO:

El desarrollo local surge como nuevo enfoque regional; se asume como el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas, entendidas siempre como punto de partida y nunca de llegada para un nuevo tipo de desarrollo centrado en lo local.

Se resalta la fuerza del concepto de Desarrollo Endógeno Local y el aprovechamiento del potencial endógeno en el territorio, que contempla la acción global de movilización de los actores locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado, manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión económicos, sociales y políticos en donde se integran y de los que depende.

Como objetivo

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