SITUACION ACTUAL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS

El sistema penitenciario venezolano es objeto de duras críticas, del todo merecidas, por ende es necesario pensar en las posibles soluciones para lograr una reforma carcelaria en el país. Dado que el problema se ha agudizado porque no se cumple con el artículo 272 de la Constitución, el cual prevé una serie de medidas destinadas a humanizar el sistema penitenciario. Las prisiones continúan estando centralizadas a pesar de que la carta fundamental obliga a que sean administradas por gobernadores y alcaldes. Igualmente, deben estar dirigidas por penitenciaritas profesionales. Los internos procesados deben estar separados de los condenados. La población reclusa tiene que ser reubicada según la clasificación estándar: máxima, media y mínima peligrosidad. Es necesario que existan espacios para el trabajo, el estudio y la práctica del deporte.

El sistema penitenciario en Venezuela confronta innumerables problemas, tales como el retardo procesal, el hacinamiento, el precario estado de los penales, la ausencia de una clasificación de presos, la carencia de servicios básicos indispensables y la presencia de armas y drogas, todo lo cual contribuye a la excesiva violencia que caracteriza a las instituciones penitenciarias en Venezuela. A esto se suma el escaso número de funcionarios penitenciarios, con escasa o ninguna formación en el área. Todas estas características, ponen en tela de juicio la función de “rehabilitación y reinserción social” que en teoría deberían lograr estas instituciones, receptoras de la población delictiva del país y que resultan ser el reflejo agravado de los males que afectan a nuestra sociedad, encontrándose que la permanencia en estos centros de reclusión, lejos de rehabilitar, propicia vicios y mayores problemas a un sistema penitenciario ya desgastado y obsoleto. En nuestro país los establecimientos penitenciarios están divididos en:

Centros de cumplimiento de pena, que son los Centros Penitenciarios y Cárceles Nacionales y Reclusorios para procesados, que son los Internados Judiciales, pero existe un problema, y es que todos están a pesar de su función, están destinados para lo mismo: encerrar para destruir tanto el alma como el cuerpo de los que por sus pabellones deambulan, con sus cuerpos llenos de cicatrices que son la prueba de que el pasado existió y convertidos en fieras por la necesidad de sobrevivir, al más puro estilo de los programas de televisión de la vida salvaje “matar o morir” esa es la consigna, para que una vez en libertad –si se logra sobrevivir- desempeñar el mismo oficio –o tal vez uno peor- que en alguna oportunidad los trajo a este infierno en la tierra. El asunto no se presenta en si lo que hizo está bien o no, el problema se presenta en el que una vez dentro de una cárcel la persona (mujer u hombre) sea tratada como un ser humano y no como una fiera salvaje, para que no solo cumpla con la pena, sino que sea reeducado y esté en condiciones para realizar una vida normal en la sociedad que una vez lo encerró allí.

Los índices de hacinamiento son mayores a los que estima la Oficina de Estadísticas de la Dirección General de Rehabilitación y Custodia del Recluso; pues los parámetros para determinar la supuesta capacidad instalada corresponden al momento de creación, equipamiento y habilitación de cada reclusorio; pero no se ha considerado el grado de deterioro en que se encuentran en la actualidad para determinar tal capacidad. Los actuales instrumentos legales que rigen la materia penitenciaria en el país, poco han influido en la cruenta realidad de las cárceles venezolanas las cuales fueron descritas por la organización internacional Human Rights Watch, en el libro Castigado sin condena, como abarrotadas, con personal insuficiente, deterioradas físicamente y plagadas de armas, drogas y bandas. Las cárceles en Venezuela afrontan problemas administrativos, técnicos, económicos, sociales, ecológicos y estructurales, lo que ha llevado a desvirtuar el fin mismo de la pena para el Derecho Penal Venezolano, establecido en el artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario: La reinserción social del penado constituye el objetivo fundamental del período de cumplimiento de la pena.

En junio 2011 Dos secuestros en prisiones venezolanas en poco más de dos semanas han dejado al descubierto la situación de vulnerabilidad del sistema penitenciario de este país y, según organizaciones que trabajan con población reclusa, la evidencia de que el Gobierno ha perdido el control de las cárceles.

En el mismo mes de junio 2011 huelgas de hambre, automutilaciones, reyertas, homicidios, y secuestros de funcionarios han puesto en las últimas semanas a las prisiones en el primer plano de la actualidad en Venezuela, un país que a lo largo de los años se ha habituado a escuchar sólo malas noticias de cuanto ocurre en sus penitenciarías.

Los reclusos de la cárcel de La Planta, un penal caraqueño con capacidad para 450 personas, pero poblado por 2.700 reos, retuvieron durante casi 24 horas a 15 funcionarios del penal, incluido el director, en protesta por el supuesto maltrato policial recibido por algunos presos en su desplazamiento a los juzgados. El incidente se produjo dieciséis días después de que 22 funcionarios, entre ellos también el director, fueran secuestrados durante una semana por presos de la cárcel de El Rodeo II, a unos 40 kilómetros de la capital, que protestaban por un supuesto brote de tuberculosis.

Entre las cárceles calificadas por la organización como "más violentas" en 2011 destaca la de Uribana, en el occidental estado Portuguesa, donde se han contabilizado 37 reos fallecidos, y el penal de Sabaneta en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, con 29 muertos hasta fines de octubre. La OVP indicó que el 70% de la población reclusa de Venezuela tiene entre 18 y 30 años, 91% son hombres y 14% de los presos son extranjeros.

La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó que en Venezuela se están construyendo nueve recintos penitenciarios, siete para procesados y dos ciudades penitenciarias.

Varela: "Nosotros apostamos a que el 90% de las personas que están en prisión son totalmente rescatables".

Varela estimó que en un año estarán funcionando los siete centros para procesados

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