¿Supone La Ley 1454 De 2011 Un Avance Para La Autonomía Y La Descentralización Administrativa?

¿Supone la Ley 1454 de 2011 un avance para la autonomía y la descentralización administrativa?

Con la Carta Política de 1991, se implanta un modelo de Estado unitario con autonomía administrativa, política y financiera para las diferentes entidades territoriales con el objeto de desaparecer el excesivo centralismo que se presentaba. A partir de la implantación de este modelo, el poder no se vería concentrado en el gobierno central, sino que debería presentarse una división o reparto del poder en el que participen los entes territoriales.

Derivado de la legislación, se desprenden una serie de derechos de carácter constitucional para las entidades territoriales como son tener la facultad de gobernarse por sí mismos, gozar de autonomía administrativa, establecer competencias, etc.

El gobierno colombiano, con el propósito de desarrollar lo referente a la autonomía de las entidades territoriales establecido en la Carta Política de 1991, obtiene finalmente la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley 1454 de 2011.

Con esta ley, se busca obtener la resolución de la cuestión acerca de los retos que se presentan sobre el desarrollo regional tales como la gran disparidad entre las regiones, el buen manejo de los recursos, la sostenibilidad ambiental y promover una nueva forma de organización territorial.

Partiendo de la estructura actual y las categorías en las que se distribuye el país, (Departamento, Municipio, Distrito, Territorios indígenas, Región y Provincias), se abre el camino hacia la mejora en la utilización y en la mayor eficiencia de los recursos destinados a las mismas. A pesar de esto, la Ley 1454/2011 no establece o fija los medios a través de los cuales se vendría a concretar la resolución de los diferentes retos planteados.

Se brinda la posibilidad a la regionalización del país puesto que dos o más departamentos podrán asociarse administrativa y políticamente para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias a través de convenios o contratos suscritos por los gobernadores autorizados para ejercer estas competencias.

A pesar de que es común hablar de la autonomía regional, en la práctica no se elaboran normas que realmente permitan llevar a la práctica este propósito y no se observa la verdadera voluntad por parte de los legisladores de elaborar una normativa que traiga consigo la satisfacción de una mayor autonomía requerida por cada región ni existe una clara distribución de competencias entre el gobierno central y las localidades por lo que algunos estudiosos señalan que la ley más que favorecer el proceso de descentralización y la concesión de una mayor autonomía para las regiones, ha supuesto un paso atrás en esta materia.

Respecto a los principios consagrados en la ley, vienen a contribuir a la ampliación de los principios ya establecidos en la Constitución en aras de promover la descentralización y una mayor autonomía.

La base fundamental del estado colombiano es la consagración como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.

La autonomía se trata de un principio fundamental, hasta tal punto que se considera como un principio jurídico en materia de distribución de competencias debiéndose llevar a cabo en la medida de lo posible.

La Corte Constitucional establece en la Sentencia C-894/2004 “lo que le está vedado al Congreso es sujetar por completo a las entidades que gozan de autonomía,

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