LA CORRUPCION: Un Silencio cómplice Que Junto Con El Clientelismo Terminó Apoderándose Del PAIS.

Colombia, como muchos países industrializados y de economía de transición, ha sufrido los flagelos que genera LA CORRUPCIÓN, pero a diferencia de otros contextos, se han presentado algunas particularidades que terminaron agravando la situación, lo que no ha impedido la realización de la más vigorosa estrategia para combatirla.

Una larga convivencia con el narcotráfico y el afán por el enriquecimiento fácil se convirtieron en la media y en la forma de ascenso social; el narcotráfico permeó a la sociedad en su conjunto, a la política, a la economía, a la agricultura, al deporte.

Foro Iberoamericano sobre el Combate a la Corrupción (1998 Jun. 15-16: Santa Cruz de la Sierra)

CLAD; Agencia Española de Cooperación Internacional

El Presidente de la República ha sido consciente de la responsabilidad que implica derrotar la corrupción y desde sus inicios fue tomando permanentes decisiones, que mantienen su vigencia y que se seguirán implementados hasta el último día de su mandato.

La adopción de medidas generales contra la corrupción resulta insuficiente ante la magnitud del reto que implica erradicarla, razón por la cual se han celebrado Convenios con organismos de control que si bien tienen funciones separadas colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

La palabra Corrupción viene del vocablo latino "corrumpere" que significa decir "echar a perder", desde el punto de vista ético se ve cuando los profesionales, independientemente sea su carrera, abogados, constructores, ingenieros, profesores, rectores, etc. Abusan de sus clientes o también los que generalmente utilizan sus servicios también, se ve en los médicos que en vez de mirar su profesión por el bien que le hacen a la humanidad solo lo miran desde el punto de vista económico, con esto se esta queriendo decir que todos los profesionales son corruptos pero si todas las profesiones tienen corrupción sea cual sea.

La corrupción se define así como un eje fundamental sobre el que soporta todas las formas de criminalidad organizada tanto nacionalmente como en el transnacionalmente. También constituye la vía subterránea utilizada para escapar los controles del poder. En resumen la corrupción significa: cambiar la naturaleza de una cosa, volviéndola degradada o mala”. Así esta palabra, en las definiciones ético-morales, está vinculada al concepto de que existe una cierta naturaleza o manera de ser que cambia o degenera.

Para efectos de este ensayo se entenderá como corrupción el manejo indebido del poder que tienen las personas, a través de sus empleos, que desempeñan ya tanto en el ambiente gubernamental como en el privado, y como consecuencia de esto obtienen beneficios personales o para terceras personas, generalmente de tipo económico

La globalización de la economía precipita otras formas de corrupción en las cuales empresas transnacionales, que han sido la minoría, quieren ganarse los mercados a través de actos de corrupción, entre ellos el soborno.

El soborno es la práctica de corrupción más generalizada y extendida, al extremo de que en torno a este se fue creando una especie de subcultura que originó un paralenguaje en el cual expresiones como “mordida”, “serrucho” y otras que en lugar de causar rechazo o indignación, arrancaron sonrisas o miradas de aceptación, complacencia o, lo que es peor, indiferencia.

Para entender a fondo la forma como se ha emprendido la lucha contra la corrupción en Colombia, es necesario resaltar la importancia que tuvo la Reforma Constitucional de 1991. Este cambio normativo se preocupó por ofrecer más legitimidad y credibilidad en las instituciones del Gobierno y por garantizar nuevos espacios de participación ciudadana.

Así se explica que la normatividad que se refiere al tema de lucha por la moralidad en la administración pública sea tan reciente. La Constitución Política de 1991 determina que la función administrativa, que está al servicio de los intereses generales, se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Constitución Política de Colombia. Artículo 209, 1991

“El mayor reto que enfrenta el Estado en el aspecto institucional es que debe volver a legitimar su existencia y la de las instituciones que lo conforman. El problema de legitimidad está unido, además, al alto nivel de corrupción que existe en el país, creando no solamente pérdida en la credibilidad de los dirigentes sino, distorsiones de mercado que obstaculizan y no permiten la creación de empleo y un mayor crecimiento económico”.

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. Logros y retos de la política social en Colombia. 1998.

Otro aspecto constitucional relevante radicó en el cambio de régimen hacia una descentralización precipitada del sector central al territorial, que produjo un masivo traslado de recursos, decisión que no se acompañó de controles, de formas de veeduría que hubieran evitado la apropiación de lo que se consideró como un botín.

Durante la vigencia de lo que históricamente se llamó el Frente Nacional, proceso en el cual los partidos políticos se alternaron durante dieciséis años en el ejercicio del poder, los controles fueron relegados ya que el pacto bipartidista condujo a un silencio cómplice que junto con el clientelismo terminó apoderándose del sistema.

La corrupción es, sin duda, un problema de Estado y es allí en donde se deben reafirmar los controles para combatirla, pero es también un asunto social en el cual la creación de un entorno ético es fundamental para consolidarlo, estrategia que requiere de un esfuerzo de largo plazo.

Otra consecuencia que no podemos dejar de mencionar es el estigma que se ha pretendido crear en torno a la función pública y con ella a los servidores públicos colombianos.

En nuestro país existen entidades del orden nacional y del territorial, a las que pertenece un número aproximado de un millón de servidores públicos. La regla general es la honestidad y la excepción son los casos de corrupción situados en entidades objeto ahora de acciones precisas y concretas.

No se trata de negar la intolerable realidad sobre la existencia de prácticas corruptas en el interior de nuestra Administración Pública, pero también se presenta que la lucha contra ella es viable, razón por la cual se dirigen esfuerzos sostenidos para combatirla mediante la prevención, la realización de reformas estructurales

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