LA MEJORA DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA POBREZA

La mejora del acceso a la justicia de la población en condición de vulnerabilidad como estrategia para reducir la pobreza

En realidad existe el acceso a la Justicia para la población.

Como se puede reducir la pobreza

Como se puede mejorar un país o un pueblo en donde no existe acceso a la justicia

Que es la ERP

Para hablar de este tema es preciso señalar uno de los conceptos que lo definen, así tenemos que: “el acceso a la justicia consiste en brindar la posibilidad a todas las personas por igual, de acceder al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, mediante servicios de justicia cercanos a los usuarios, centrados en sus necesidades prioritarias, que reconozcan su protagonismo e incorporen a los sectores más vulnerables de la población entre sus beneficiarios.

En tal virtud, el acceso a la justicia debe significar no solamente la capacidad del Estado para solucionar conflictos de modo imparcial y transparente, sino además, el reconocimiento de toda clase de formas o procedimientos que le permitan al poblador común y corriente obtener la satisfacción de la demanda, con lo cual todas las prácticas de justicia comunitaria desarrolladas por los diferentes sectores de la población y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, deberían estar comprendidos dentro de esta definición.

Mi trabajo lo he enfocado dentro del ámbito de la justicia indígena y el acceso de los indígenas, tanto hombres como mujeres en Ecuador como un ejemplo y concluyo con la reducción de la pobreza como podemos combatirla.

El 8 de noviembre del 2007, mediante convenio Institucional del CODENPE y el Ministerio Público, de ese entonces, se crean las Fiscalías Indígenas en el Ecuador, donde se conocerán y tratarán en forma efectiva los temas de justicia indígena en relación con los derechos colectivos con lo que se dará cumplimiento a lo establecido en la Constitución.

Las Fiscalías de Asuntos Indígenas, están bajo la Supervisión y Coordinación de la Dirección Nacional de Actuación y Gestión Procesal de la Fiscalía General y el apoyo logístico de los Distritos respectivos; cuentan con: Un Agente Fiscal, un Secretario y un Amanuense.

Estas Fiscalías cumplen sus funciones observando las normas del debido proceso y los principios de efectividad y celeridad

La selección del personal que ingresa a las Fiscalías Indígenas, son de las ternas enviadas por las Organizaciones Indígenas de cada una de las provincias quienes deberán hablar el idioma y estarán sujetos al Reglamento establecido por la Fiscalía General para la selección del personal.

Para concluir, la justicia indígena de los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país, difiere de unos a otros, ya sea por su cosmovisión y ubicación territorial, porque a manera de ejemplo el delito que se castiga en la sierra como adulterio, en la Amazonía, no es tomado como tal, al contrario es considerado parte de su cultura tener varias mujeres, de acuerdo a la capacidad económica del miembro de la comunidad.

Con la presencia de las Fiscalías Indígenas se ha logrado que en un porcentaje más alto la mujer indígena tenga acceso a la justicia, ya que al darle las facilidades, primero con el idioma, luego con la ubicación de las mismas y lo más importante al ser el Fiscal un profesional indígena de su pueblo o nacionalidad, inspira confianza de que dará solución al problema denunciado, en forma equitativa, ya que muchas veces ellas no quieren ser sometidas a las autoridades indígenas, porque al ser víctimas de un delito especialmente sexual, no se sienten satisfechas del castigo impuesto al agresor.

La lucha contra la pobreza y la mejora de los niveles de cohesión social en América Latina se han convertido en prioridades centrales de las políticas de desarrollo. Sin embargo, pese a que la región ha experimentado significativos logros en muchas de las metas de los ODM, los niveles de pobreza están estancados. Las dinámicas de la desigualdad en Latinoamérica son persistentes y ahondan sus raíces en la discriminación y la exclusión social. Por ello las soluciones son complejas y es necesario buscar un equilibrio entre un enfoque holístico, que aborde las causas profundas, y la adaptación de las políticas públicas a las circunstancias específicas nacionales y regionales. Estabilidad económica, crecimiento, empleo digno, así como políticas sociales y fiscales redistributivas son

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