Proceso De Paz En El Salvador

1. PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR.

En Octubre de 1989, el Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Javier Pérez de Cuellar, informó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en la Ciudad de México entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para entablar un proceso de diálogo con el objeto de poner fin por la vía política al conflicto en El Salvador. En diciembre de 1989, en forma separada, el Gobierno del Presidente Alfredo Cristiani y el FMLN pidieron al Secretario General que les asistiera en la búsqueda de la paz. Esta idea también quedó reflejada en la declaración de los cinco presidentes centroamericanos en una reunión en San José, Costa Rica, en el mismo mes.

Los esfuerzos del Secretario General y de su representante personal para Centroamérica, Sr. Álvaro de Soto, se orientaron a buscar un formato que permitiera impulsar el proceso que se establecía bajo sus buenos oficios con el objeto de obtener el fin del conflicto armado en El Salvador. Tal marco quedó establecido en el llamado Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, que señaló los cuatro objetivos del proceso:

• Terminar el conflicto armado por la vía política

• Impulsar la democratización del país

• Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos

• Reunificar a la sociedad salvadoreña.

Una vez convenido el Acuerdo de Ginebra, las partes diseñaron una Agenda General y un calendario del proceso de negociación que fue firmado en Caracas el 21 de mayo de 1990. Ahí se establecieron dos fases del proceso: acuerdos políticos en varios campos que permitieran el cese del enfrentamiento armado y luego el establecimiento de garantías y condiciones necesarias para la reincorporación del país. Conseguidas dichas garantías, se procedería a la discusión de otros acuerdos políticos que hubieran quedado pendientes.

El 26 de julio de 1990, las partes firmaron el primer Acuerdo en el proceso de negociación relacionado con el respeto irrestricto a los derechos humanos, que fue suscrito en San José y que lleva su nombre. El Acuerdo de San José fue luego la pieza fundamental para la creación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) por resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad, que la estableció como una misión integrada para supervisar todos los acuerdos políticos celebrados entre el FMLN y el GOES, pero cuyo mandato, en su primera fase, quedaría circunscrito a la verificación de dicho Acuerdo.

Durante las discusiones en el proceso de diálogo-negociación afloró uno de los verdaderos problemas que había originado el conflicto: la distribución de la tierra en un país pequeño y densamente poblado. En efecto, a medida que se lograban avances en la negociación, se hizo evidente que era menester enmendar la Constitución para incorporar los acuerdos en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Se planteó entonces una alternativa: o bien se modificaba el artículo de la Constitución que establecía, precisamente, el mecanismo para modificarla de manera que se pudieran incorporar las enmiendas en el futuro, o se procedía a la modificación puntual de los artículos que se referían a los temas bajo discusión en la Mesa y que era necesario alterar. Se desató una fuerte polémica que dejó entrever la aprehensión de un sector importante del país que veía en este proceso un peligro para sus intereses económicos: la posibilidad de que se modificara la norma constitucional que establece una extensión mínima intocable de tierras.

La situación de la reforma constitucional ocasionó la primera crisis en el proceso de negociación. El hechos de que las modificaciones deberían ser aprobadas por la Asamblea Legislativa saliente, cuyo mandato expiraba el 30 de abril, para poder ser ratificadas por la nueva Asamblea a partir del 1° de mayo, impuso un calendario fatal que obligó a una maratónica negociación cuando se optó por la alternativa de las reformas puntuales a la Constitución.

El Acuerdo de México del 27 de abril de 1991 estableció reformas constitucionales para la Fuerza Armada, para el sistema judicial y de derechos humanos y para el sistema electoral. Creó, además, la llamada <<Comisión de la verdad>> para la investigación de los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, <<cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad>>. La asamblea Legislativa saliente aprobó las reformas la noche del 30 de abril, en forma dramática, en la última noche de su mandato. Sin embargo, la nueva Asamblea Legislativa ratificó todas las enmiendas. A excepción de las relacionadas con la Fuerza Armada, que dejó pendientes, a resultas de la negociación en dicho punto que se convertiría luego en el llamado <<nudo gordiano>> y que ocasionaba la segunda crisis en el proceso de negociación.

El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente ONUSAL a lo largo y a lo ancho del territorio salvadoreño, para la verificación del respeto irrestricto a los derechos humanos. Antes, a partir del 1° de enero, se había establecido una Oficina Preparatoria con el objeto de evaluar la situación en el país y apoyar los buenos oficios del Secretario General en la negociación. El Acuerdo de San José disponía una verificación de Naciones Unidas luego de un cese del enfrentamiento armado, pero, con posterioridad, ambas partes solicitaron al Secretario General el establecimiento de la Misión propiamente dicha sin esperar el cese del fuego. El Secretario General envió una Misión Preparatoria, y con sus recomendaciones informó al Consejo de Seguridad, el que, por resolución 693 (1991), del 20 de mayo de 1991, estableció la Misión, la que tenía desde su instalación todos los elementos con que contaría en el futuro: funcionarios de derechos humanos, abogados, educadores, observadores militares y observadores policiales.

Aunque la División de Derechos Humanos era sólo el primer elemento de una operación integrada, marcó, sin embargo, el carácter predominante de la Misión, que se identificó plenamente con el tema de la defensa de los Derechos Humanos. Vista ahora, en perspectiva, la decisión de establecer la Misión de Verificación de Derechos Humanos en ausencia de una cese del enfrentamiento armado, se puede concluir, fue sabia, ya que coadyuvó precisamente a que las partes pudiesen llegar a los acuerdos finales de Nueva York, puesto que el despliegue de Naciones Unidas en el terreno y la vigilancia activa

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