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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN


Enviado por   •  25 de Marzo de 2014  •  688 Palabras (3 Páginas)  •  489 Visitas

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Es un gusto saludar a mis compañeros de foro y Docente en línea

¿Consideras que el proceso penal acusatorio es una medida eficiente para el combate de la criminalidad?

Si.

¿Por qué?

Porque el sistema acusatorio evita que el uso de un poder degenere en abuso; del principio de separación de las funciones procesales, derivan las características esenciales del sistema acusatorio, que lo coloca estructuralmente en una posición de neta contraposición lógica a los caracteres que connotan el sistema inquisitorio.

El sistema procesal acusatorio es propio de regímenes democrático-liberales. Adopta los principios de relevancia de la acusación, imparcialidad del juez, presunción de inocencia y esclarecimiento judicial de los hechos; así como la oralidad, inmediación, concentración, economía procesal, publicidad y contradicción en el proceso. Al mismo tiempo, debe establecer mecanismos jurídicos para garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, sin perjuicio de la implementación de criterios de oportunidad, esto es, la descriminalización de hechos punibles, con la finalidad de evitar la aplicación del poder del Estado donde otras formas de reacción frente a la conducta reprochable pueden alcanzar mejores resultados, consistentes en la adecuación social del hecho, la culpabilidad mínima del autor y la ausencia de prisión preventiva, y la eficiencia del sistema penal a través de la implementación de la denominada “Justicia Alternativa” y de mecanismos auto-compositivos.

Actividad 1.

Propósito: Analizar la esencia de las políticas públicas y su proyección en la política criminal mediante el desglose de sus componentes teóricos para entender la evolución del Estado.

La evolución del Estado y la conformación de su respectiva política criminal.

Al conformarse la figura del Estado es inevitable relacionarlo como una estructura ordenada para un eficaz funcionamiento; por ello la autoridad delegada en el Estado permite que éste, a su vez, delegue funciones en otras figuras llamadas instituciones. La función inicial consiste en la elaboración, ejecución y aplicación de sanciones a través de órganos auxiliares legalmente establecidos para ello bajo los principios de un Estado democrático de derecho, respetuoso de los derechos de los gobernados.

1883

1882

1876

1738

s. XVIII

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