ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1886 Y LA DE 1991.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1886 Y LA DE 1991.

El presente trabajo busca mostrar las similitudes existentes entre la Constitución política de 1886 y la de 1991 y determinar a través de ellas, cómo el marco constitucional ha estado al servicio de sectores dominantes, contrarios a las aspiraciones de la sociedad. El trabajo está dividido en dos partes: la primera hace referencia a las características destacadas de la Constitución de 1886 , en ésta se mostrarán los conflictos sociales, los intereses y las lógicas que se dieron en torno al espacio constitucional y político, y la implementación de derechos individuales, sociales y económicos. En la segunda parte se analizan los cambios que se implementaron en la Constitución de 1991 y sus efectos frente a las aspiraciones de la sociedad.

La historia constitucional del país muestra que no ha sido productiva en el reconocimiento de derechos; las garantías individuales consagradas en la Carta fueron negadas durante gran parte de su vigencia; en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, el país certificó a lo largo del siglo veinte una proliferación de movimientos sociales que buscaron su reconocimiento, con el fin de lograr condiciones de vida justa. Con la Constitución de 1991 se incluyó una amplia gama de derechos, que marcaron un nuevo punto de partida en la vida jurídica del país y canalizaron el sentido de la presión social, hacia la exigencia de su cumplimiento; este hecho ha sido rechazado por parte de sectores conservadores del país quienes proponen limitar el catálogo de derechos.

La Constitución de 1886 –que dirigió el rumbo del país durante 105 años– buscó consolidar el Estado conservador, aristocrático y clerical.

Ésta partió del principio fundamental de limitar el poder y las funciones del Estado, en un periodo de una enorme crisis institucional que se reflejaba en continuas guerras civiles, donde la oligarquía se disputaba el poder político y económico del país. En este escenario de guerra, la Constitución de 1886 se proclamó como un pacto de paz y de justicia para superar dicha situación, tal como se refleja en el decreto que dio origen a la carta.

Colombia se constituyó como un Estado de derecho, en el que los poderes públicos quedaron sometidos al imperio de la ley. Se garantizó a ciertos ciudadanos su libertad, su propiedad y el reconocimiento de algunos derechos individuales. El título III de la Constitución de 1886 tendría el nombre “De los derechos civiles y garantías sociales”. En este título se contempló, entre otros, la protección a la vida, a la honra y los bienes, el principio de responsabilidad, el principio de legalidad, la protección de la propiedad privada, la religión católica, apostólica, romana, como culto oficial del país, el derecho de petición, el derecho de reunión. En materia social, la promulgación de la Constitución de 1886 señaló únicamente el derecho a la educación. En este articulado no quedaron establecidos mecanismos para la protección de los derechos civiles.

En 1910, mediante reforma constitucional, se presentaron tres cambios fundamentales: primero, se estableció la supremacía de la constitución frente a la ley, se señaló que en todo caso de incompatibilidad entre la constitución y la ley debían aplicarse de preferencia las disposiciones constitucionales, con lo que se implementó la excepción de inconstitucionalidad. Segundo, se dio a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la constitución. Por último, se estableció la acción pública de inexequibilidad, que consistía en la facultad de cualquier ciudadano para objetar, en relación con la constitución, leyes o decretos ante la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la Constitución de 1991 se reafirmó en las libertades y garantías del individuo superando en muchos aspectos a la constitución de 1886. En la nueva carta política se incrementaron los derechos en el campo social y económico. Con este nuevo ordenamiento legal se transformó la cuestión política, económica y social del país. En lo político, un nuevo pacto de paz; en lo social, la esperanza de avanzar en la creación de un Estado social, y en lo económico, las bases para la apertura de los mercados y la liberalización de la economía. En últimas, se buscaría la refundación del Estado colombiano, en un momento de transformación global.

Una amplia gama de derechos sociales, económicos y culturales quedaron establecidos en la nueva Constitución. Adicionalmente se crearon mecanismos para la exigibilidad de los derechos y se abrió paso a una mayor interpretación de la Constitución por parte de los operadores jurídicos. Esto generó la idea en el país de que se iniciaría un avance profundo en la implementación de estos derechos, expectativa sembrada desde el momento en que la Corte Constitucional, nueva guardiana de la Constitución,

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