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Hecho Deliticvo


Enviado por   •  1 de Noviembre de 2013  •  645 Palabras (3 Páginas)  •  243 Visitas

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Doctrina

Principio de Presunción de Inocencia.

El significado de la presunción de inocencia ha ido perfilándose de modo que ha sido objeto de diversas definiciones doctrinales, en las que se ha llamado principio, garantía, derecho, presupuesto de la investigación penal o estado jurídico del imputado.

Esta constitucionalidad y legalización de la presunción de inocencia, es más que le enunciación formal de un principio, es el reconocimiento de un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación directa e inmediata, así como lo establece el ordinal 2 del artículo 49 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

Artículo 49. Ordinal 2, ‘toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario’. Más aún, esta garantía se encuentra reconocida también en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según la cual: ‘... toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa...’ Igualmente, está consagrada en el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, norma que postula que: ‘... toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...’

De igual manera el artículo 46 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela establece el derecho que tienen las personas al respeto de su integridad física, psíquica y moral lo cual comprende 4 numerales.

1¿Cuál es el hecho delictivo que se le atribuye a la presunta imputada?

R: El hecho delictivo que se le atribuye a la presunta imputada ELENA DOLORES LUZARDO, por parte de la representante del Ministerio Público abogada MARVELIS ELIZA SOTO GONZALEZ, son los siguientes:

 Delitos: Acaparamiento, previsto y sancionado en el artículo 139 de la Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, BOICOT, descrito y castigado en el artículo 140 de la Ley eiusdem, y ASOCIADO PARA DELINQUIR, tipificado y sancionado en el artículo 37 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la presunta comisión de unos de los delitos previstos y sancionados en el Derecho con rango, valor y fuerza de la Ley Especial, en defensa popular contra el acaparamiento, la especulación el Boicot, en perjuicio del estado venezolano.

 Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

Artículo 139. Acaparamiento, Quienes restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes, o retengan los mismos, con o sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios, incurrirán en el delito de acaparamiento y serán sancionados con prisión de dos a seis años.

Artículo 140. Del Boicot, Quienes conjunta o separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones, que impidan, de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, serán sancionados con prisión de seis a diez años.

 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Artículo 37. De los delitos contra el orden público, asociación, Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años.

Ley Especial En Defensa Popular Contra El Acaparamiento, La Especulación, El Boicot Y Cualquier Otra Conducta Que Afecte El Consumo De Los Alimentos O Productos Sometidos A Control De Precios

Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las acciones o mecanismos de defensa del pueblo contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios, y regular su aplicación por el Ejecutivo Nacional con la participación de los Consejos Comunales.

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