Historia Argentina

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como finalidad conocer los distintos gobiernos que la Republica Argentina tuvo durante el periodo 1999 hasta la actualidad.

En los últimos años nuestro país comenzó a vivir una realidad distinta en el escenario electoral

Caracterizado en general por la existencia de un sistema de partidos con nula competencia y se transita en un escenario de partidos con mayor grado de competividad electoral.

Para poder dar cuenta de una manera mas amplia y proporciona mayor luz sobre este caso, recurriremos a diferentes realidades que de alguna manera tienen similitudes en estrategias de

Imagen y de publicidad política que se esta implementando.

En este trabajo se trato de plasmar la realidad de la imagen política de nuestros tiempos,

Realizando una recopilación de información y análisis de datos, que propone un orden

Jerárquico de elementos que obedecen a una lógica de interpretación que pretende evidenciar

La redefinición de la imagen política a partir del desarrollo de la publicidad política.

MARCO TEORICO

¿QUE ES UN GOBIERNO?

El gobierno es, normalmente, la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Estado el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En ese sentido, habitualmente se entiende por tal al órgano (que puede estar formado por un presidente o primer ministro y un número variable de ministros) al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una sociedad. También puede ser el órgano que dirige cualquier comunidad política.1

En términos amplios, el gobierno es aquella estructura que ejerce las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado (funciones del Estado). El gobierno, en sentido propio, tiende a identificarse con la actividad política.

El gobierno no es lo mismo que el Estado, está vinculado a éste por el elemento poder. El gobierno pasa, cambia y se transforma, mientras que el Estado permanece idéntico. En ese sentido, el gobierno es el conjunto de los órganos directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal, por medio del orden jurídico. Puede ser analizado desde tres puntos de vista: según sus actores, como un conjunto de funciones, o por sus instituciones.

La misión del gobierno es crear un sistema de auto-protección social para y con todas las personas que viven en el Estado, que sea seguro al largo plazo, autofinanciable, de muy buena calidad y sin corrupción. Prioritariamente asegurar el futuro de la salud, educación, trabajo, sustento y vivienda.

A diferencias de las ONG, la estrategia del gobierno es recaudar aportes obligatorios de todos los miembros del Estado, hechos en dinero, para construir infraestructura y empresas de servicios públicos.

TIPOS DE GOBIERNOS

Existen en la teoría política fundamentalmente •3 formas de gobierno; aunque existen variaciones;

1) Parlamentarismo: Es una evolución de la monarquía donde el poder ejecutivo esta debido entre el rey y un primer ministro; el parlamento escoge al primer ministro que es aprobado después por el rey. La población solo puede votar para escoger a integrantes del parlamento.

Ejemplo; Inglaterra

2) Presidencialismo. Nace en EU y el poder ejecutivo se concentra en una sola persona que es el Presidente; este es elegido por la población directamente; la diferencia mas importante con otros sistemas es que la del poder ejecutivo que es una persona por eso este sistema es muy cuestionado

3) Semipresidencialismo. Ahí el poder ejecutivo se divide en dos personas un presidente y un premier o primer ministro que son votados por la población directamente; se dice que es la mejor forma de gobierno por que divide el poder logrando un balance

Ejemplo: Rusia, Francia

El que un gobierno sea socialista, neoliberal capitalista, etc.; eso depende de sus valores y lineamientos ya que puede existir un presidencialismo neoliberal, socialista, capitalista, etc.; o un parlamentarismo socialista o capitalista; eso depende de las ideas de cada partido gobernante.

Esto es grandes rasgos las tres formas de gobierno más importante

¿COMO SE ORGANIZA?

El gobierno nacional es conformado por ramas del poder público:

1) la legislativa: conformado por congreso senado y cámara de representantes encargado de modificar, reformar leyes y la constitución.

2) la ejecutiva: conformada por, presidente y vicepresidente, ministro, gobernadores, alcaldes, secretarios. es encargada de garantizar los derechos y los deberes.

3) Judicial: conformado por. corte constitucional, consejo superior de justicia, consejo de estado fiscalía general de la nación, juzgados y tribunales, autoridades indígenas, jueces de paz, son encargados de administrar justicia.

PRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PERIODO 1999-2012

PRESIDENCIA DE FERNANDO DE LA RUA

PERIODO 1999-2001

B

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ASCENSO Y CAÍDA DE LA ALIANZA

Introducción

El 2 de agosto de 1997 se creó la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación, que reunía a la Unión Cívica Radical y al Frente para un País Solidario (FREPASO). Muy rápidamente recibió el apoyo de otros partidos de la oposición al gobierno de Carlos Menem.

El radicalismo había sufrido una derrota importante en 1995, pero mantenía un caudal electoral significativo a nivel provincial y municipal, mientras que el Frente había obtenido casi un 30 % de los sufragios, aunque su peso en el interior del país era muy limitado.

Desde su creación la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación intentó elaborar un discurso que apuntaba a la superación de las falencias del modelo económico y social, sin poner en riesgo ninguno de los supuestos éxitos alcanzados. Este discurso tenía enormes ambigüedades, lo que permitía que los diferentes sectores que se oponían al menemismo encontraran en él respuestas a sus distintas propuestas e intereses.

Por otra parte, en el seno de la coalición existían diferentes posiciones en tenias tan importantes como la situación de las empresas privatizadas, el grado de apertura de la economía y los cambios en el plano judicial. La mayor parte de esas desavenencias quedaba relegada a un segundo plano, el objetivo fundamental era imponerse frente al menemismo.

La Alianza tenía un organismo que se encargaba de la elaboración de un programa, el Instituto Programático de la Alianza (IPA), en el que desempeñaba un papel relevante el ex presidente Raúl Alfonsín. Pero las líneas centrales del discurso de campaña eran definidas de hecho por Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez, integrantes de la fórmula presidencial, que por lo general adoptaban posturas más moderadas que las elabora¬das por el IPA.2

En las propuestas de la Alianza predominaban las buenas intenciones, la voluntad de acabar con la corrupción y de ingresar a los sectores sociales postergados.

Políticas sociales y burocracia pública: intentos de cambios:

El gobierno de De la Rua intentó llevar adelante muchas de las reformas que en la administración Menem habían quedado inconclusas. Desde los comienzos de su gobierno la Alianza propuso reformas que alivianaran las cargas que el sistema jubilatorio tenía para el Estado. Se reducía la Prestación Compensatoria para aquellos que ganaran más de 640 pesos (Clarín, 27 de diciembre de 1999). Asimismo, el diputado Eduardo Santín reveló que existía un proyecto para reducir las jubilaciones superiores a 3.100 pesos, según un mecanismo de deducciones, con el objetivo de obtener mayores fondos y mejorar los haberes mínimos (Clarín, 3 de enero de 2000). El entonces ministro de Economía José Luis Machinea planteó que estaba trabajando en la presentación de un proyecto para eliminar los regímenes previsionales especiales y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres (Clarín, 6 de enero de 2000). Algunas de estas modificaciones, además, formaban parte de una negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Para mejorar la equidad del sistema, el 29 de diciembre de 2000 se dictó un Decreto por el que se reemplazaba la Prestación Básica Universal (igual para todos los beneficiarios) por. una Prestación Suplementaria que sería decreciente hasta los que se jubilaran con 800 pesos.

En la elección presidencial de octubre de 1999, la Alianza ganó con el 40% de los votos. Pero las provincias más populosas tenían gobiernos peronistas y la bancada claramente mayoritaria en la Cámara de Senadores del PJ.

Por otra parte, para proteger a algunos sectores que no estaban cubiertos, se instituía el beneficio Universal de 100 pesos para mayores de 75 años, que no tuvieran ningún ingreso ni dispusieran de propiedades, salvo la que usaran como vivienda propia. Quienes accedieran a ese beneficio recibirían también la cobertura médica del PAMI. Además, se creaba la Prestación Proporcional para mujeres mayores de 70 años que tuvieran entre 10 y 29 años de aportes, se generaba un beneficio de 10 pesos por cada año aportado, con un piso de 150 pesos.

Finalmente, el gobierno podría flexibilizar el menú de inversiones de las AFJP, estableciendo además que ninguna de ellas podría cubrir más del 27,5 % del mercado y que los que serían derivados a la Administradora que cobrara la comisión más baja. Con esta medida se buscaba incrementar los niveles de competencia y evitar el fortalecimiento excesivo de alguna AFJP.

El gobierno intentó en primera instancia realizar estos cambios por le» Cuando la iniciativa se estancó

en el Parlamento por el rechazo de un sector importante del radicalismo, encabezado por Leopoldo Moreau, recurrió a un decreto de necesidad y urgencia. No obstante, toda esa situación generó un enorme desgaste en el interior de la Alianza y la necesidad de estrechar vínculos con miembros de Acción por la República (el partido de Domingo Cavallo) y con legisladores de partidos provinciales.

Además, la crisis económica llevó a que se forzara a las Administradoras a comprar bonos del Estado, se alteró por completo la lógica del menú de inversiones que se venía produciendo hasta ese momento.

Con relación a la reforma laboral, luego de una negociación con la CGT para que se mantuvieran las contribuciones obligatorias a las obras sociales, el presidente De la Rua logró generar consensos en torno a un proyecto enviado al Congreso, que fue aprobado en el Senado una vez que le aseguró a los representantes de los trabajadores que no habría recortes en los salarios durante los dos años posteriores a la sanción de la ley.

Esta iniciativa intentaba profundizar el proceso flexibilizador que se había iniciado en el gobierno menemista. Se proponía extender el período de prueba para los ocupados, se introducían modalidades promovidas de trabajo, se descentralizaba la negociación a niveles de fábrica y se disminuían los montos de las indemnizaciones para favorecer la contratación de nuevos operarios.

Sin embargo, rápidamente se acusé a varios senadores de haber recibido sobornos para la aprobación de la iniciativa, situación que produjo fuertes divisiones en la coalición gobernante y llevó a las renuncias del vicepresidente Alvarez y el Ministro de Trabajo Alberto Flamarique. La ley tardó mucho en reglamentarse y el gobierno tuvo enorme dificultades para implementarla, al tiempo que crecían las presiones para obtener su derogación.

Además, la sospecha de pago de sobornos para la sanción de la ley, refor-zó en muchos sectores la creencia (le que seguían existiendo mecanismos corruptos para la formulación e implementación de políticas, lo cual era visto por la sociedad como una continuidad de las prácticas utilizadas por el menemismo11.

Por otra parte, el gobierno trató de profundizar la reforma del sistema de obras sociales. Como no se podía procesar los cambios por la vía legislativa, el 1 de Junio de 2000 el vicepresidente Carlos Álvarez (en ejercicio del poder porque De la Rúa estaba en el exterior) firmó el decreto de necesidad y urgencia para desregular las obras sociales, de ese modo entró en conflicto con algunos dirigentes de su partido. Si bien esa era una medida solicitada por los organismos de crédito internacionales, la inexistencia de apoyos concretos dentro de la coalición gobernante y entre los distintos actores sociales que la habían impulsado, hizo que la implementación de la inicia¬tiva se volviera crecientemente dificultosa.

También en el área de la burocracia gubernamental se introdujeron modificaciones para mejorar las capacidades para la resolución de problemas y para controlar la corrupción. El programa Carta Compromiso con el Ciudadano fue creado a través del decreto 229/00 que establecía en sus considerando que uno de los objetivos del gobierno nacional era potenciar la transparencia y receptividad del Estado hacia los ciudadanos para optimizar el uso de los recursos humanos y materiales que estos financiaban a través de sus impuestos. En este sentido, el ámbito de aplicación del programa eran todas aquellas dependencias de la Administración Pública Nacional (APN) que prestaran de servicios a la ciudadanía. El decreto establecía el desarrollo de herramientas para simplificar y facilitar el seguimiento de los procedimientos administrativos. También instauraba la necesidad de contar con un sistema de información y seguimiento de la relación de los organismos con los usuarios que transparentara su desempeño y rindiera cuenta en forma periódica del nivel de prestación alcanzado a través de estándares de calidad de servicio.

El gobierno de De la Rúa continuó con la idea de mantener la práctica de asignar recursos y controlar la administración a través del mecanismo de acuerdos programa para la realización de determinadas actividades. Por ello, reglamentó estos acuerdos programa a través del decreto 103/01 que también aprobaba el nuevo Plan Nacional de Modernización del Estado.

El Plan de Modernización partía de la idea de que el problema del Estado no era su excesiva dimensión sino su forma inadecuada y buscaba mejorar su capacidad de gestión. Las reformas se basaban en tres puntos: cambio en el modelo de gestión, proyectos de modernización estructural y transparencia y política anticorrupción. El modelo de gestión por resultados y la carta compromiso con el ciudadano hacían referencia al primer pilar, esto es, el cambio en el modelo de gestión para reorientarlo hacia los resultados y los procesos de mejora continua. (Estévez y Lopreite, 2001).

La implementación de la Gestión por Resultados suponía transformar el presupuesto en una herramienta de gestión que permitiera medir los resultados alcanzados y adoptar la reingeniería de procesos para mejorar la gestión interna de los organismos. El modelo buscaba introducir la idea de responsabilizar a los gerentes por los resultados alcanzados por la organización e iba acompañado por la aplicación de incentivos monetarios para estos administradores por el cumplimiento de las metas. En este sentido, la ley 25.152 permitía a los organismos que se incorporaran a los acuerdos programa cierta flexibilidad en la asignación de los recursos (modificaciones presupuestarias) y en las estructuras organizativas. (Art. 5, inc. 3, 4 y 5).

Muchas de estas iniciativas no se pudieron aplicar a causa de la creciente inestabilidad que afectaba al Gobierno que permanentemente introducía cambios de funcionarios. También, los conflictos en el interior de la Alianza dificultaron la implementación de iniciativas en sectores claves de la burocracia estatal. En tal sentido, en áreas como las políticas sociales había una enorme fragmentación entre las diferentes secretarías. Existían más de noventa planes, con un muy bajo nivel de coordinación. Se producían continuas pujas dentro del gabinete por el control de los recursos.

POLITICA EXTERIOR

En política exterior predominaron las continuidades con el gobierno menemista. El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini (un economista con una antigua y muy aceitada relación con De la Rua) favoreció la continuación de la intervención de tropas argentinas en misiones de paz en el exterior, formando parte de esa particular "milicia internacional”, surgida a instancias de los Estados Unidos tras la Primera Guerra del Golfo. Asimismo, la Argentina siguió votando a favor de la investigación sobre la violación de derechos humanos en Cuba, con lo que mantenía la posición sustentada en la década anterior. Esta actitud contrariaba la voluntad de los sectores ligados con Alfonsín en la Unión Cívica Radical que se inclinaban por la abstención en lo referente a Cuba.

Por otra parte, se mantuvo la idea de darle un fuerte peso a los condicionantes de la economía en las decisiones de política exterior. La designación de un economista ortodoxo como Rodríguez Giavarini al frente de la Cancillería revelaba las prioridades que tenía el Gobierno en lo referido a las relaciones del país con el resto del mundo.

Relación con los actores políticos y sociales y factores que llevaron a la caída

El gobierno de Fernando de la Rúa sufrió un fuerte aislamiento casi desde su comienzo. La carencia de apoyos concretos se vio tanto desde el punto de vista partidario como del de la relación con los diferentes actores sociales. La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación se fue desgranando a lo largo de sus dos años de gobierno, se produjo la retirada de un importante número de legisladores que pasaron a formar parte de otras agrupaciones. Inclusive los dos partidos que la integraban adoptaron posturas muy críticas hacia la gestión gubernamental.

La Alianza había surgido como estrategia para vencer al menemismo. Más allá de este acuerdo, lo que primaba era la falta de coincidencias programáticas explícitamente definidas. Esta carencia se tomó evidente cuando la Alianza alcanzó el gobierno en las elecciones de octubre de 1999.

Existían diferentes diagnósticos sobre la situación del país entre los distintos sectores que componían la Alianza y, a partir de ellos, surgieron en el seno del Gobierno posiciones disímiles acerca de las soluciones que debían implementarse. El jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, criticaba duramente el modelo económico vigente. Como no podía imponer los cambios que creía necesarios, terminó renunciando en octubre de 2000. Este tipo de desacuerdos y alejamiento se repitió con otros miembros originales de la coalición.

Asimismo, algunos analistas consideran que el resultado abrumador a favor de Fernando de la Rúa en la interna presidencial frente a Graciela Fernández Meijide dejó al radicalismo y al FREPASO en condiciones muy desiguales para negociar. En el momento de formar el gabinete, la fuerza liderada por Carlos “Chacho” Alvarez se quedó disconforme con la situación subordinada en que había quedado. El FREPASO solo contaba con dos ministerios y un reducido número de secretarías. Igualmente, la necesidad de darle participación a algunas organizaciones menores dentro de la Alianza dificultó en ocasiones la necesaria cohesión para tomar decisiones, que requerían un fuerte apoyo político.

El gobierno aliancista no logró establecer buenas relaciones con ningún sector del sindicalismo. En primer lugar, se plantearon importantes diferencias con el Congreso de los Trabajadores Argentinos, la organización gremial más afín a la administración en el ámbito gremial, del cual provenían algunos diputados. A medida que el gobierno fue anunciando sus diferentes políticas, el CTA fue tomando distancia. Esta tendencia se profundizó tras el recorte de los salarios estatales, el proyecto de reforma laboral del entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y posteriormente con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía.

La CGT disidente, encabezada por el camionero Hugo Moyano, tuvo también una postura claramente opositora. Este sector del sindicalismo, que había tenido frecuentes reuniones con Raúl Alfonsín en el último tramo del gobierno menemista, endureció su posición frente a la administración de De la Rúa, convocó a paros generales y a movilizaciones de repudio a las medidas gubernamentales.

Por su parte, los sindicalistas de la CGT oficial, conocidos como “los gordos”, establecieron negociaciones con el gobierno en circunstancias como el tratamiento de la reforma laboral. Pero en general mantuvieron una actitud opositora. Muchas de las iniciativas de la ministro de Trabajo Patricia Bullrich, referidas al manejo de los gremios y a la gestión de las obras sociales, fueron rotundamente rechazadas por estos sectores, que no querían perder capacidad de negociación en temas centrales para sus intereses.

Con relación a los grupos empresariales y en especial los ligados al sector financiero, el gobierno de De la Rúa obtuvo el apoyo para muchas de sus iniciativas destinadas a alcanzar el equilibrio presupuestario o bien a introducir reformas orientadas al desarrollo del mercado en relación con las políticas sociales. Sin embargo. Las divergencias existentes dentro de la coalición gobernante y el permanente intento presidencial por alcanzar amplios consensos, llevaron a que los empresarios tampoco adoptaran un papel muy activo como soportes de las políticas oficiales.

El estilo de gobierno del De la Rúa fue señalado también como causa de su progresiva pérdida de legitimidad. En primer lugar, De la Rua no ejercía el liderazgo indiscutido sobre la UCR. De hecho, su candidatura por la Unión Cívica Radical para las internas de la Alianza en 1998, se relacionó más con la falta de otros candidatos, que con su capacidad para convertirse en un dirigente capaz de generar importantes corrientes de identificación con su figura e ideas.

Por otra parte, numerosos sectores de la Alianza consideraban que el presidente se alejaba de los postulados de la coalición. Lo criticaban por no escuchar los reclamos que sus aliados políticos le formulaban, estando excesivamente influenciado por un círculo de colaboradores en el que se destacan sus familiares más cercanos, que en muchas ocasiones no seguían los lineamientos impulsados por la Alianza.

Justamente, muchos de sus críticos hacían hincapié en la forma en que De la Rúa tomaba decisiones, resaltaban que demostraba un alto nivel de desconfianza hacia la mayoría de los que lo rodeaban. Por ello, quedaba demasiado expuesto a la opinión de los pocos a los que escuchaba. Remarcaban su meticulosidad y el hecho de que quería supervisar puntualmente todas las iniciativas, por lo que el proceso decisorio se volvía extremadamente lento y complejo.

A diferencia del estilo que caracterizó a Carlos Menem, Fernando de la Rua prefirió adoptar otro, basado en la búsqueda de consensos, lo que le quitaba dinamismo. Además, para muchos, De la Rúa era un presidente débil porque muchas iniciativas anunciadas públicamente no se llevaban a la práctica por presiones de los grupos afectados. La debilidad del presidente se hacía visible, los propios miembros de su gabinete lo contradecían o criticaban con dureza. Un ejemplo muy claro en este sentido fue el del ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, el cual no solo tomó decisiones como la de mantener un diálogo con los piqueteros de Salta sin consultar con el presidente, o formuló duras críticas a algunas de las iniciativas oficiales, sino que incluso declaró que en el entono de Fernando de la Rúa se reunían con mafiosos que frecuentaban la Casa Rosada, sin que el presidente le pidiera explicaciones.

Había, por otra parte, tina actitud bastante agresiva por parte del justicialismo, que eligió presidente de la Cámara de Diputados al peronista Eduardo Caamaño y presidente provisional del Seriado a Ramón Puerta. Se planteaba una situación compleja porque no había Vicepresidente debido a la renuncia de Alvarez. Por lo tanto, cada vez que el presidente De la Rúa se ausentara del país, su lugar sería ocupado por un político de la oposición en virtud de la Ley de Acefalía.

También hubo maniobras de algunos sectores del peronismo que conspiraron contra la gobernabilidad. Por ejemplo, la presunta participación de algunos intendentes justicialistas del conurbano bonaerense en las movilizaciones que terminaron en saqueos a supermercados y otros comercios minoristas fue documentada en los medios de comunicación y complicó manifiestamente la continuidad del gobierno delarruísta.

De hecho, se produjo una ruptura de la coalición gobernante, que se sumó a un retaceo de apoyo por parte de importantes sectores del radicalismo. El gobierno sufrió en las elecciones de octubre de 2001 la paradójica situación de no tener candidatos que apoyaran abiertamente la gestión oficial. Por el contrario, hubo candidatos de la Alianza, como Terragno, que impugnaban la mayoría de las decisiones que se estaban adoptando. El incremento de los votos nulos, la abstención y el voto en blanco, que dieron lugar a lo que se denominé el fenómeno del ‘<voto bronca”, marcaron con claridad el descontento de un sector importante de la sociedad frente a las alternativas que se presentaban.

Tras las elecciones, el peronismo quedó consolidado como primera fuerza., lo que complicó aún más la debilitada situación del gobierno. El PJ no contribuyó a la gobernabilidad, por el contrario aprovechó las limitaciones que el gobierno delarruísta tenía en ese momento para ocupar posiciones de poder.

Cuando Cavallo, con el “corralito”, confiscó los depósitos bancarios afectó en forma directa a los sectores de clase media que reaccionaron con cacerolazos y otras Formas de protesta. Todos estos factores desembocaron en dos fenómenos que se potenciaron mutuamente: una crisis político institucional y la crisis en las calles. Esta combinación provocó tras los violentos episodios en la Plaza de Mayo el 20 y 21 de diciembre de 2001 la renuncia del presidente.

En su discurso del 20 de diciembre, De la Rúa declaró el estado de sitio y ordenó la represión. Amplios sectores de la sociedad reaccionaron haciendo sonar sus cacerolas y marchando hacia el domicilio del ministro Domingo Cavallo, la Quinta Presidencial y la Plaza de Mayo. Su descontento ya se había manifestado en las elecciones legislativas de octubre con el voto bronca”. La falta de respuestas por parte del gobierno profundizó el descontento de la población y provocó finalmente su caída.

Es importante remarcar como elemento característico de esta crisis el proceso de vaciamiento de poder que se fue produciendo. Este proceso no solo dificulté la aplicación de medidas necesarias para la recuperación del país le quitó al gobierno mecanismos para sostenerse. La posición adoptada por el Partido Justicialista que se negó a conformar un gobierno de coalición, o como se lo denominé de “Salvación nacional”, fue un factor significativo. En esta visión las manifestaciones populares fueron un componente en el proceso de caída del gobierno, pero no el determinante. Lo decisivo fue la debilidad de la coalición oficialista.

PRESIDENCIA DE RAMON PUERTA

PERIODO 2001-2001

El 20 de diciembre del 2001, renuncia Fernando de la Rúa a la presidencia de la Nación. Lo sucede el presidente provisional Honorable Senado de la Nación, Federico R. Puerta (PJ).

PRESIDENCIA DE ADOLFO RODRIGUE SAA

PERIODO 2001-2001

Adolfo Rodríguez Saá (San Luis, 25 de julio de 1947) es un político argentino ex Gobernador de San Luis. Fue proclamado Presidente por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2001 tras liderar las encuestas presidenciales, pero ejerció este cargo durante siete días, hasta su renuncia el 30 de diciembre de 2001 por desacuerdos con Gobernadores con aspiraciones presidenciales. Fue Diputado de la Nación (2003 - 2005) y desde 2005, Senador Nacional. A fines del año 2006, el Senado de la Nación Argentina lo designó como Parlamentario del MERCOSUR, para ocupar una de las tres bancas que le corresponde a la República Argentina. Es hermano mayor de Alberto Rodríguez Saá, quien se presentó como candidato a Presidente de la Nación en octubre de 2007 y 2011.

Presidente de la Nación

Hacia la mitad de su quinto mandato como gobernador provincial, durante la Crisis de diciembre de 2001 en Argentina, la Asamblea convocada por el Senador Ramón Puerta (en ejercicio de la presidencia nacional) lo eligió Presidente de la Nación para un período de 90 días, tras convocar a elecciones presidenciales mediante el controvertido sistema de ley. La primera magistratura del país había quedado vacante tras las renuncias del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez y del presidente Fernando de la Rúa.

La presidencia de Rodríguez Saa duró sólo siete días. Durante ese periodo resolvió la suspensión de pagos de la deuda externa con los acreedores privados lo cual fue muy popular entre los argentinos. Según actuales analistas de la Crisis financiera en Grecia de 2010-2011, se considera que este fue el paso inicial de la recuperación argentina de su crisis. Seguidamente, anunció la entrada en circulación de una nueva moneda no convertible, llamada Argentino —que nunca vio la luz—, con la cual financiaría planes de vivienda y daría más de 100.000 subsidios, así como un aumento a jubilados y estatales. Por su negociación logró re-unificar a la CGT, lo cual le valió el respaldo de los jefes sindicales, pero no el de la UIA (Unión Industrial Argentina) ni el de un importante sector del Partido Justicialista, disconformes con la decisión del mandatario de no devaluar la moneda en forma inmediata y no gradualmente como se proponía desde el Poder Ejecutivo.3 Nombró al senador Jorge Capitanich como Ministro de Infraestructura y Vivienda e interino de Economía, de Desarrollo Social y Medio Ambiente, de Salud, de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y de Seguridad Social;4 y como presidente del Banco de la Nación Argentina a David Expósito, un economista y periodista que tomó notoriedad en esos días al ser quitado de su cargo por sus declaraciones5 sobre el Argentino.

Despacho presidencial, en la Casa Rosada

En la semana de Navidad de 2001 se hizo fuerte el rumor de que Rodríguez Saá pretendía permanecer en el gobierno hasta completar el mandato de Fernando de la Rúa (diciembre de 2003), lo cual le quitó definitivamente el respaldo de varios gobernadores peronistas que tenían aspiraciones presidenciales (entre ellos el cordobés José Manuel de la Sota, el bonaerense Carlos Ruckauf y el santacruceño Néstor Kirchner). A las críticas se sumaron los senadores Duhalde y Capitanich, también justicialistas.

Duhalde y Kirchner, dirigentes peronistas, en una reunión.

Restado el respaldo por la interna partidaria6 y por las protestas, que incluyeron actos de violencia en el Congreso, a sólo una semana de asumir el cargo se presumía como inminente la renuncia de Rodríguez Saá. Quien debía sucederlo como presidente provisional (Puerta, el mismo que sólo unos días antes había sucedido a de la Rúa), renunció a su cargo antes de que Rodríguez Saá hubiera hecho pública su renuncia. La renuncia llegó unas horas después del anuncio de Puerta. La sucesión recayó en el presidente de la Cámara de Diputados, el duhaldista bonaerense Eduardo Camaño. Éste, de acuerdo a la Ley 20.972, convocó a la Asamblea legislativa, y llevó a cabo la transición de un par de días necesaria para que se produjeran los acuerdos que llevaron a la presidencia a Eduardo Duhalde.

A comienzos del año 2002 con un país convulsionado, Adolfo Rodríguez Saá, con el argumento de "dejar de solventar el déficit de la Nación", trabajó la idea de convertir a San Luis en un territorio institucionalmente independiente de la Argentina. Voceros cercanos al ex mandatario sostuvieron que San Luis no tiene por qué "pagar la fiesta del Estado nacional ineficiente" y que es la única provincia que "puede exhibir déficit cero, superávit fiscal, un plan de crecimiento económico, sin deudas y con la calificación máxima que otorga el Banco Mundial (AAA)".

PRESIDENCIA DE EDUARDO CAMAÑO

PERIODO 2001-2002

Eduardo Camaño (n. Buenos Aires, 17 de junio de 1946), es un político argentino, del Partido Justicialista (peronismo), que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional entre el 30 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, luego de que su antecesor -Adolfo Rodríguez Saá- renunciara a su cargo de Presidente interino.

Eduardo Camaño

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio del Poder

Eduardo Camaño (n. Buenos Aires, 17 de junio de 1946), es un político argentino que estuvo en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2001, luego de que Adolfo Rodríguez Saá renunciara a su cargo de Presidente interino. Fue intendente de Quilmes entre 1987 y 1991 y presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

En el momento en que Rodríguez Saa renunció, al no haber Vicepresidente, la Ley 20.972 —de acefalía— indicaba que debía ejercer el Poder Ejecutivo el Presidente Provisional del Senado, hecho que no fue posible puesto que el mismo —Ramón Puerta— había renunciado días atrás alegando problemas de salud. De acuerdo a la mencionada ley, el ejercicio del Poder Ejecutivo quedaba entonces en manos del Presidente de la Cámara de Diputados, que en ese momento era Eduardo Camaño.

Cumpliendo con el artículo 2º de la ley de acefalía, Camaño cumplió el mandato de convocar dentro de las 48 horas a la Asamblea Legislativa para elegir qué funcionario público habría de desempeñar la Presidencia hasta que un nuevo presidente sea electo —de acuerdo al artículo 88 de la Constitución—. Reunida el 1 de enero de 2002, la Asamblea eligió a Eduardo Duhalde. Por tanto Camaño ejerció el Poder Ejecutivo entre el 30 de diciembre de 2001 y el 1 de enero de 2002, continuando luego con la presidencia de la Cámara de Diputados.

Al igual que a Ramón Puerta, suele atribuírsele erróneamente a Camaño el haber sido investido Presidente de la Nación Argentina. El artículo 6º de la Ley 20.972 es explícito al respecto al establecer que el funcionario que ha de ejercer el Poder Ejecutivo en los casos del artículo 1º de esa Ley "actuará con el título que le confiere el cargo que ocupa, con el agregado «en ejercicio del Poder Ejecutivo»". De este modo, Camaño desempeñó durante las 48 horas a las que se refiere el artículo 2º de dicha ley el cargo de Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo.

PRESIDENCIA DE EDUARDO DUHALDE

PERIODO 2002-2003

El Dr. Duhalde asumió el gobierno el 1 de Enero de 2002 como consecuencia de la crisis política desatada por la renuncia del presidente De la Rua y el fracaso del gobierno de la Alianza que había llevado a la economía a una situación para muchos

Ya insostenible, ante la huída de capitales y la sensación general que la convertibilidad nos había abandonado.

Si bien fue designado por el Congreso para completar el mandato del Dr. De la Rua,

La situación social lo obligó rápidamente a anticipar el llamado a elecciones y la entrega del poder. A partir de ese momento se puede decir que el presidente tuvo tres preocupaciones principales: concluir su mandato en un contexto social y económico más normal, impedir al ex presidente Menem su regreso al poder y mantener su control sobre el Peronismo de la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido se puede decir que tuvo relativo éxito en los tres campos. Al lograr que no se realizaran las internas dentro del partido Peronista, este fue a las elecciones dividido y aunque Menem sacó más votos que Kirchner en la primera vuelta realizada en Abril de 2003, el ex presidente decidió no presentarse al

“ballottagge” dado que las encuestas daban un alto rechazo de los votantes a su candidatura. Por lo tanto el 25 de Mayo asumió en el gobierno la fórmula Kirchner – Scioli, gracias a los votos del Peronismo de la Provincia de Buenos Aires. En el terreno económico los problemas y vicisitudes fueron mayores, asi como los daños ocasionados tanto a las personas y empresas que operan en nuestro país, como a nuestros acreedores.

Resumen de las medidas económicas

Durante el mes de Enero del año 2002 se anunciaron una serie de medidas que terminaron formalmente con el programa de convertibilidad que regía desde 1991.

Debemos reconocer que la convertibilidad había dejado de existir a principios de diciembre de 2001 bajo el gobierno del ex presidente Fernando De La Rua, desde el momento en que se impusieron restricciones a las transacciones financieras y en moneda extranjera. Sin embargo la salida implementada por el nuevo gobierno fue caótica y agregó distorsiones y confusión. En ese momento la mayoría de los pronósticos predecían para el año una alta inflación, una importante alza del dólar y la posibilidad de terminar en una dolarización de facto.

El plan económico implementado inicialmente por el Ministro Remes Lenicov y luego por el Ministro Lavagna estuvo basado en devaluar la moneda, para obtener competitividad, retomar el crecimiento y bajar el desempleo. Las medidas complementarias se orientaron a la pesificación de la economía, continuar con el congelamiento de los depósitos, flotar el tipo de cambio e implementar políticas fiscales y monetarias austeras. En resumen, los cambios introducidos incluyeron los siguientes:

• Régimen cambiario

El peso fue devaluado inicialmente de $1 a $1,40 con respecto al dólar, bajo un sistema de cambio dual (dólar comercial y dólar libre); durante este período inicial el dólar libre fluctuó alrededor de los $2,00 con respecto al dólar. Desde el 11 de febrero de 2002 se unificó el mercado cambiario bajo un régimen de flotación con

Intervención del Banco Central y durante la mayor parte del año 2002 el tipo de cambio superó los $ 3,00.

• Importaciones, exportaciones y transacciones financieras

Se dispuso que todas las transacciones debieran realizarse al tipo de cambio libre y la mayoría de ellas, especialmente las transacciones financieras, con la aprobación previa del Banco Central. Los pagos del interés y del capital e interés para los organismos de crédito internacionales fueron autorizados, pero el reembolso de préstamos del exterior se prohibió o quedó sujeto a aprobación previa. Las divisas provenientes de exportaciones superiores a 200.000 dólares debieron liquidarse a través del Banco Central.

• Congelamiento parcial de los saldos en cuentas corrientes y de

Ahorro .Las restricciones financieras, incluyendo los retiros de efectivo, habían sido introducidas al final del gobierno del Dr. De la Rúa y este gobierno incrementó las restricciones. Originariamente se estableció un máximo de $ 1.200 por mes para la extracción de efectivo de las cuentas corrientes y de las cajas de ahorro; este límite fue elevado a $ 2.000 a partir de Noviembre de 2002. Estas restricciones no se aplicaron a las cuentas destinadas al pago de sueldos, accidentes, indemnizaciones, pensiones y beneficios de retiro, personas mayores de 75 años o casos de enfermedades graves. A partir del 2 de Diciembre de 2002 el congelamiento de las

cuentas bancarias fue eliminado.

• Reprogramación de los depósitos a plazo fijo y conversión a pesos de depósitos en dólares

La intención inicial del gobierno fue de reembolsar los depósitos en la misma moneda en la que habían sido depositados, bajo un cronograma con inicio en Marzo de 2002 para los depósitos en pesos y en Enero de 2003 para los depósitos en dólares; el 19 de Enero el gobierno admitió que el reembolso en dólares no sería

posible. Los depósitos en dólares fueron convertidos en Pesos a $ 1.40 por dólar y ajustados mediante un índice denominado CER (coeficiente de estabilización de referencia) basado en el índice de precios al consumidor, con mas un interés de por lo menos 2% por año.

Los depositantes que optaron por no convertir sus depósitos a pesos, pudieron elegir hasta Abril 2002 por recibir bonos en dólares, por un máximo de U$S 30.000 o en pesos ajustables por inflación. También hasta mediados de Abril los certificados de depósitos re-programados pudieron ser utilizados para la compra de bienes registrables, por ejemplo: autos y casas.

A comienzos de Junio de 2002 el gobierno dio a los titulares de depósitos a plazo fijo re-programados, la opción de mantener sus certificados (a recuperar en base al cronograma mencionado) o canjearlos por nuevos bonos; un 25 % de los depósitos en condiciones de ser canjeados (aproximadamente $ 7.800 millones) optaron por recibir alguno de los bonos ofrecidos. Los bonos y los certificados de depósitos cotizan en la bolsa y pudieron ser utilizados, con ciertas limitaciones, para la compra de nuevas viviendas, cancelación de deudas con bancos, etc.

A partir del 1 de Octubre de 2002 se autorizó el reembolso de aproximadamente $ 1.400 millones de depósitos re-programados correspondientes a saldos de hasta $ 7.000 o $ 10.000 al 31 de Mayo (sin incluir el ajuste por el CER). Los ahorristas comprendidos en esta medida representaban entre el 60 y 65 % de las cuentas

congeladas. Más del 70 % de los ahorristas que optaron por esta opción renovaron los depósitos en los bancos. Las altas tasas de interés y la estabilidad del dólar, explicaron este comportamiento. Por último, sobre fines del año 2002 se otorgó una nueva opción para canjear depósitos re-programados (se lo denominó Canje II).

Los depositantes pudieron optar por recibir bonos del gobierno o certificados de los bancos.

• Conversión a pesos de préstamos locales en dólares

Inicialmente los préstamos en dólares realizados por los bancos locales debían ser convertidos en 1 a 1 o $ 1.40 dependiendo de los montos y de los destinos de tales préstamos. Finalmente, los préstamos en dólares ya sea realizados por los bancos o no, fueron convertidos a pesos a la paridad 1 a 1. Las deudas en pesos resultantes de la conversión se ajustaron por el índice CER mencionado arriba y se les aplicó una tasa de interés.

En el mes de Mayo de 2002 se eliminó el ajuste en base al índice CER para ciertos préstamos para la compra de vivienda y personales y el ajuste de estos préstamos se realiza en base a un índice basado en la evolución de los salarios (CVS). La aplicación del CER fue luego postergada y el Congreso sancionó una ley donde se establece a que préstamos se les aplican el CVS o el CER. En general, el CVS se aplica a los préstamos de menores montos y el CER al resto y el ajuste hasta

Septiembre 2002 se condonó o se capitalizó también dependiendo del monto del préstamo.

• Conversión a pesos de contratos y préstamos fuera del sistema bancario

Los contratos y los préstamos establecidos en dólares se convirtieron a pesos a la paridad 1 a 1. La cantidad de pesos resultante se ajustó por el CER. Si las partes del contrato discrepaban respecto a los valores ajustados podían negociar nuevas condiciones y si no se llegaba a un acuerdo podían recurrir a la justicia.

• Suspensión de las ejecuciones

Los deudores se han beneficiado, desde comienzos del año 2002, de la suspensión de las ejecuciones, ya sea por deudas bancarias o con otros acreedores. El gobierno ha llegado a un acuerdo con los bancos para que estos suspendan voluntariamente las ejecuciones y ha dictado un decreto que establece un nuevo régimen de mediación judicial para deudores fuera del sistema financiero y con préstamos garantizados con la vivienda propia y también para las Pymes que hayan dado en garantía bienes que utilizan para su actividad productiva.

• Bonos compensatorios para los bancos

El gobierno emitió bonos para compensar parcialmente a los bancos por la pesificación asimétrica de sus activos y pasivos, por la eliminación del CER sobre buena parte de las carteras de préstamos y por las diferencias originadas por la aplicación del índice CVS en lugar del CER. • Pasivos en dólares con los bancos extranjeros y otros acreedores

Según lo mencionado bajo el encabezamiento del “régimen cambiario”, los pasivos en dólares, de transacciones comerciales o financieras, fueron calculados a la tasa libre.

• Eliminación de todas las cláusulas de indexación

Todas las cláusulas legales que autorizaban la indexación a partir del 1 de abril de 1991 (utilización de precios o costos de reposición, etc.) de deudas, impuestos, precios o tarifas de bienes y servicios, fueron dejadas sin efecto. La indexación de los estados contables por inflación fue autorizada, hasta el 28 de Febrero de 2003, pero dicho ajuste no se aplicó en el impuesto a las ganancias.

• Conversión de las tarifas a pesos

Las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, teléfono, agua, etc.) fueron convertidas a pesos a la paridad 1 a 1 y se eliminó la indexación. En el mes de Diciembre de 2002 el gobierno decretó un aumento de emergencia para las tarifas de gas y electricidad de entre el 7 y 10 %, pero el mismo fue cuestionado y

suspendido por la justicia. Si bien el gobierno del Dr. Duhalde preveía negociar nuevos contratos de concesión y tarifas con las compañías privatizadas durante el año 2002, estas renegociaciones de los contratos no se realizaron.

• Conversión de los préstamos garantizados

La decisión del gobierno fue que los préstamos resultantes del canje local de la deuda, principalmente en manos de los bancos, AFJP, compañías de seguro y el público, se convirtieran a pesos a 1,40 por dólar. Las entidades no estuvieron de acuerdo con la propuesta y solicitaron recibir bonos en dólares a mayores plazos y

menores tasas de interés, pero estas diferencias quedaron resueltas con el canje de la deuda en 2005.

• Cambios en la Carta Orgánica del Banco Central

Los cambios introducidos a la Carta Orgánica del Banco Central permiten a esta institución convertirse en prestamista de última instancia, emitir moneda sin reservas de respaldo y financiar al gobierno.

• Cambios a la ley de concursos y quiebras

La ley vigente fue modificada al comienzo del año 2002, otorgándole mayor protección a los deudores, por ejemplo eliminando la figura del “cram down” que permitía a los acreedores quedarse con la empresa en el caso de no aceptar la propuesta de los deudores. Estos cambios fueron criticados tanto por el FMI como por los gobiernos extranjeros. Durante el mes de Mayo de 2002 el Congreso eliminó la mayor parte de estos cambios.

• Retenciones a las exportaciones

Inicialmente sólo las exportaciones de petróleo se gravaron con retenciones pero finalmente el gobierno introdujo impuestos sobre casi todas las exportaciones, en un rango que varía desde el 5% para productos manufacturados hasta un 20% para la mayoría de los productos primarios. • Regulación de precios para los bienes y servicios esenciales

El gobierno fue autorizado a regular los precios de los bienes y servicios básicos para proteger el interés de los consumidores, cuando los mercados tengan comportamientos monopolísticos o cuasi monopolísticos y las multas se han incrementado hasta $1.000.000.

• Restricciones al despido de trabajadores

Al comienzo del año 2002 se estableció que por un período de 180 días, el despido de trabajadores sólo estaría permitido en aquellos casos en que medie justa causa.

En caso de despidos injustificados se deberá pagar el doble de la indemnización correspondiente. Esta restricción fue prorrogada varias veces.

La economía durante 2002

La caída del PIB en los últimos trimestres de 2001 había sido del 4,9 y 10,5 % respectivamente, en comparación con iguales trimestres del año 2000 y el año terminó con una caída acumulada del 4,4 %. Durante el 2001 la recesión fue consecuencia del riesgo de default, la huída de los depósitos y la pérdida del crédito internacional. A partir de Diciembre 2001 esto empeoró por la iliquidez y la ausencia de crédito que imponían las restricciones financieras conocidas como corralito y corralón.

Los primeros meses de 2002 fueron de caos tanto económico como político, como consecuencia de los ajustes implementados, y posiblemente van a ser recordados como los peores de la historia. En el primer trimestre el año el PBI cayó 16,3 % en relación a 2001, sin embargo, a partir de Mayo de 2002 las variables comenzaron a nivelarse y a tomar cuerpo la sensación que la recesión estaba tocando fondo.

A partir del 2do trimestre el PBI comenzó a crecer levemente en relación con los trimestres previos y finalmente el año 2002 terminó con una caída del PBI de 10,9 %, la inversión cayó 36,1 % y el consumo 14,4 %; el PBI per cápita en dólares cayó a U$S 2.874. El empleo también comenzó primero a estabilizarse y luego a crecer levemente; la medición del desempleo en Abril de 2002 dio un nivel del 21,5 % y la de Octubre 17,8 %.

Si bien la devaluación de tipo de cambio fue significativa, 240 % al cierre del año, (pero a mitad de año se acercó al 300 %) el “pass through” a precios fue contrariamente a lo esperado muy bajo; el índice de precios minoristas terminó el año con un incremento del 41 % y el mayorista del 118 %. Los principales factores que contribuyeron a este comportamiento fueron la restricción impuesta por la recesión y el desempleo y un manejo del gasto público prudente que limitó la emisión monetaria; también debe tenerse en cuenta que las tarifas de los servicios públicos se han mantenido congeladas, que los servicios sólo aumentaron 10 % en el año y que estos representan el 47 % en el índice del costo de vida.

El superávit comercial del año 2002 ha sido muy importante; las exportaciones fueron de 25.400 millones de dólares y las importaciones 8.960 millones. Este superávit y una menor fuga de capitales permitió que el Banco Central comprara dólares y aumentara sus reservas que a fin de año fueron de aproximadamente 10,500 millones de dólares. Durante el año el gobierno ha pagado más de 4.300 millones de dólares a los organismos multilaterales de crédito.

Durante los últimos meses del año 2002 los ingresos fiscales aumentaron más de lo previsto; no por una mejora en el nivel de la actividad económica sino por el efecto de la inflación sobre el IVA, las retenciones impuestas a las exportaciones, la no-compensación del impuesto al cheque en otros impuestos, etc. Por el lado de los gastos, los salarios se mantuvieron en términos nominales, continuó la reducción del 13 % dispuesta por el gobierno del presidente De la Rúa, las transferencias a provincias disminuyeron y el principal aumento está vinculado con la implementación de los planes de ayuda social. En resumen, el año 2002 terminó con un superávit fiscal primario de aproximadamente 1 % del PBI

La economía durante 2003

El año 2002 terminó sin un acuerdo con el FMI. En el mes de Enero se negoció un acuerdo transitorio, hasta Agosto de 2003, que implicaba la renovación de vencimientos por aproximadamente 6.800 millones de dólares. Este acuerdo tuvo por objeto facilitar la transición al nuevo gobierno y sobre esta base durante los primeros meses del año 2003 la economía mantuvo las tendencias que señalábamos para el año 2002. Al entregar el gobierno en Mayo los principales indicadores fueron:

• El índice de precios minoristas acumulaba a Mayo un aumento del 2,1 % y el de precios mayoristas una caída del 2,4 %;

• El superávit comercial acumulado a Mayo era de 6.930 millones de dólares;

• Los superávits fiscales primarios mensuales superaron los montos acordados con el FMI;

• El índice de confianza de los consumidores continuó creciendo y superó los niveles de Julio de 1998;

• El crecimiento de la actividad económica continuó y se estimaba a Mayo entre 5 y 6 % respecto al año 2002;

• El empleo continuó creciendo levemente y se estimaba a Mayo un desempleo de entre el 16 y 17 %;

• La tendencia a la baja del dólar continuó y a fin de Mayo cerró a $ 2,88;

• El Banco Central continuó comprando dólares e incrementando sus reservas;

• Los bancos continuaron recuperando depósitos, pero esto no se tradujo en mayores créditos al sector privado que continuaron disminuyendo.

Sin embargo, a pesar de las mejoras señaladas la situación a enfrentar era muy complicada. Los problemas importantes no habían sido resueltos: no existía el crédito, el superávit fiscal se basaba principalmente en impuestos distorsivos como el impuesto a las transacciones financieras o las retenciones, los servicios que presta el Estado no solo son mínimos sino ineficientes, la legislación laboral no incentiva ni el aumento del empleo ni el empleo en blanco, la estabilidad del dólar estaba basada en importaciones deprimidas y el no pago de la deuda, etc. etc. En resumen, la situación que dejó el gobierno de Duhalde enfrentó al gobierno actual con importantes desafíos para realmente encaminar al país en la ruta del crecimiento.

PRESIDENCIA DE NESTOR KIRCHNER

PERIODO 2005-2007

Presidencia de Argentina

Néstor Kirchner y el ex ministro de economía Roberto Lavagna.

Kirchner asumió confirmando al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor. La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente.

En esta etapa jugó un importante papel el pequeño bloque de diputados nacionales que respondían en forma directa al Presidente Kirchner. Eran apenas 14 que debían lidiar con un Bloque oficial del PJ con más de 70 legisladores alineados con Eduardo Duhalde y un mosaico de pequeños agrupamientos afines a Menem y Romero, entre otros.

En muy poco tiempo, este sector de 14 diputados entre quienes destacaban Juan Irrazabal de Misiones, Daniel Varizat de Santa Cruz, Osvaldo Nemirovsci de Río Negro y Jorge Arguello de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lograron imponerse en la conducción del Bloque oficial y desde ahí brindaron un mas que importante aporte a la consolidación de la conducción política de Néstor Kirchner.

Renovación Corte Suprema de Justicia

Durante la década de 1990, la Corte fue duramente criticada por carecer de la suficiente independencia del Poder Ejecutivo. De hecho, muchos de sus miembros fueron acusados de conformar una "mayoría automática" que siempre fallaba a favor de los intereses del gobierno. Durante el 2003, año en que asume la presidencia Néstor Kirchner, los magistrados Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López, renunciaron ante la posibilidad de resultar destituidos por juicio político, mientras que el Dr. Eduardo Moliné O´Connor fue removido de su cargo a fines de este año. Desde el 19 de junio de 2003, por decreto presidencial, todos los candidatos a integrar la Corte Suprema deben pasar una etapa de exposición pública que tiene que presentar el Poder Ejecutivo en los principales medios de comunicación de todo el país. El curriculum del nominado (o los nominados) debe ser publicado y promocionado en el sitio web del Ministerio de Justicia y puede ser discutido por ONGs, asociaciones de Derecho, universidades, organizaciones de Derechos Humanos, y cualquier ciudadano que así lo desee. Luego de un período de tres meses, el Presidente, sopesando los apoyos y rechazos a la candidatura, queda habilitado para presentar la nominación al Senado, que debe decidir si aprueba o no que la persona propuesta por el Presidente forme parte de la Corte, necesitándose una mayoría de dos tercios para dicha aprobación. La renovación de la Corte Suprema de Justicia durante los primeros años del gobierno de Kirchner, con la designación del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en 2003, y de las Dras. Elena Highton de Nolasco y Carmen María Argibay en 2004, fue vista y es usualmente reconocida por la oposición como un paso positivo,16 17 18que brinda más independencia al Poder Judicial y equilibra la Corte tanto ideológicamente como por género. Hasta hace unos años todos los jueces eran hombres, casi todos eran católicos y considerados, en general, conservadores. En cambio, dos de las más recientes elecciones del Senado para integrar la Corte son mujeres. Argibay es feminista, atea militante, y apoya la despenalización del aborto. Por su parte, Zaffaroni (el primero en ser designado a través del método público de nominación), es catalogado políticamente como de centro izquierda e inclinado hacia la tendencia jurídica vulgarmente conocida como garantismo.

Pago y quita de deuda externa

Néstor Kirchner y su homólogo brasileño Lula Da Silva en marzo de 2004.

Durante el gobierno de Kirchner, Argentina y el Fondo Monetario Internacional han mantenido una relación tirante. Al igual que Brasil, una de las principales medidas de su gestión fue cancelar por anticipado la totalidad de la deuda con este organismo internacional por un monto de 9.810 millones de dólares. El objetivo declarado de ambos gobiernos fue terminar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI.19 Durante el año 2005, se realizó el canje de la deuda, que iniciaba las renegociaciones por los bonos que habían quedado en default desde 2001. Con la crisis de diciembre de 2001, la Argentina había entrado en suspensión de pagos (default) de su deuda externa. Este default ha sido el más largo de la historia financiera moderna, e implica fundamentalmente la cesación de pagos de capital e intereses de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado (deuda soberana). A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los 178.000 millones de dólares. Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros menores) en lo que se llamó el canje de la deuda argentina, obteniendo el 75% de quita de deuda, el mayor porcentaje de quita en la historia económica internacional.20

Los críticos a la política económica del gobierno argumentan que el alto crecimiento económico se debe más a una tendencia mundial que a particularidades argentinas. Sostienen que la recuperación económica del gobierno de Kirchner no podría mantenerse sin la depresión de los salarios, y el elevado precio internacional de los granos y cereales que exporta Argentina y que el canje de la deuda externa no ha implicado una quita, sino que la nueva deuda, al estar indexada, crece indefinidamente. Los defensores de los logros de la política económica del gobierno, sostienen que Kirchner asumió en una situación muy delicada y que la mayoría de los demás países de la región, han tenido un desempeño económico-social más acotado que el argentino, y que ello se debe precisamente a la política económica adoptada.

Política de Derechos Humanos

Kirchner ha llevado adelante una activa política para promover los Derechos Humanos. Su gobierno ha incorporado reconocidos integrantes de organismos de Derechos Humanos. Además, ha impulsado el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 70, realizados por la Triple A y por el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, sus partidarios apoyaron en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,21 las cuales mantenían frenados dichos juicios desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Dicha medida fue posteriormente ratificada por el Poder Judicial.22

Durante su gobierno se decidió no realizar publicidad oficial en las publicaciones de Editorial Perfil S.A., lo que motivó una acción judicial de esta última que se inició en mayo de 2006, reclamando que se corrigiera la decisión, que fue resuelta en definitiva en 2011 por la Corte Suprema de Justicia. La sentencia recordó que sin libertad de expresión no hay democracia y que la libertad constitucional de prensa tiene un sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa y que es la base esencial de la garantía de la ciudadanía de mantenerse informada para poder ejercer sus derechos políticos. El Tribunal agregó que se trata de un derecho de la persona humana reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su artículo 19. Consecuentemente ordenó que el Estado Nacional distribuyera avisos oficiales en las distintas publicaciones de la editorial en un plazo de quince días, respetando un “equilibrio razonable con aquellas de análogas características”.23 24 25

Crecimiento económico y reducción del desempleo

Según el Centro de Estudios para la Producción, el período 2003-2007 ha sido una etapa de gran avance de la economía argentina, registrando tasas de crecimiento promedio del orden del 9% anual. El desempeño productivo estuvo motorizado por la persistente mejora que presentaron el gasto doméstico privado (consumo e inversión) y las exportaciones. Por otra parte, la generación de mano de obra fue otra característica saliente del período 2003-2007; ello se evidenció en una tasa de desocupación que fue descendiendo sin interrupciones con reducciones importantes, alcanzando niveles de un dígito. Cabe destacar que el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable ha tenido un rol fundamental en la caída de la tasa de desempleo, debido a una mayor incorporación de mano de obra en la producción.26 Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2003 y 2008 la Argentina contrajo la tasa de desempleo urbano abierto un 53,8 por ciento, y se ubicó tercera entre las naciones latinoamericanas con mayor eficacia en la reducción de la desocupación durante ese período.27

Desarrollo Industrial

En el período 2003-2007, la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3% en términos del Índice de Volumen Físico (IVF), acompañando la dinámica de la economía en su conjunto. La persistencia del avance del sector manufacturero constituye una característica que sobresale en relación a otros períodos de crecimiento industrial.28

Elecciones legislativas

Kirchner (centro), Chávez (izq.) y Lula.

Tras las elecciones legislativas en octubre de 2005, Kirchner obtuvo la primera minoría a nivel nacional. Esto se vio reflejado en importantes cambios en el gabinete (fundamentalmente la sustitución de Roberto Lavagna por Felisa Miceli en el ministerio de economía). Algunos analistas, sin embargo, hacen hincapié en el carácter precario que tendrían los acuerdos alcanzados con los intendentes y gobernadores que aportaron a sus listas.

La oposición cuestionó el hecho de que, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Kirchner ha preferido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del poder ejecutivo, legislando a través de decretos de necesidad y urgencia en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. Desde su asunción y hasta mayo de 2006, de 337 leyes originadas en el poder ejecutivo que podrían haberse sancionado por decreto, Kirchner envió solo 136 como proyectos de ley al Congreso, mientras que las restantes 201 fueron sancionadas apelando a decretos de necesidad y urgencia. La estadística arroja así unos 67 decretos por año, con frecuencia comparados con los 54,5 por año de Carlos Menem ―quien firmó un total de 545 durante sus diez años de gobierno―.

Política internacional

Néstor Kirchner y su par estadounidense George Bush (enero de 2004).

A nivel internacional, Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula (Brasil), Tabaré Vázquez(Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela) quienes, por primera vez en la historia de América Latina, han planteado la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. En el año 2005, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, la región rechazó la pretensión norteamericana de imponer el proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Hugo Chávez ha recordado en una entrevista el momento en el que el expresidente Kirchner se dirigió a George Bush, que estaba sentado en un rincón del salón de aquella cumbre marplatense. “No nos vengan aquí a patotear", fue la frase del ex mandatario argentino. Sus detractores de derecha, consideraron este episodio como una pérdida de oportunidades comerciales para Argentina con los Estados Unidos de Norteamérica, y sostuvieron que el rechazo del ALCA aislaría económicamente al país. En cambio, sus detractores de izquierda sostienen que Kirchner ha mantenido las relaciones con el gobierno estadounidense sin cambios esenciales.

Acto oficial en Gualeguaychú en oposición a la instalación de papeleras sobre el Río Uruguay por parte de Uruguay.

Néstor junto a Cristina Kirchner en un acto en Plaza de Mayo el 19 de junio de 2008. Esta imagen, luego del fallecimiento del expresidente, se ha convertido en una postal usada por los militantes peronistas.

En el 2006 surgió un conflicto diplomático con Uruguay a raíz de la instalación de unas plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, situación que llevó al corte por parte de activistas de la provincia de Entre Ríos de los puentes internacionales con el país oriental. Kirchner se negó a reprimir a los manifestantes e incluso se manifestó públicamente a favor. Las declaraciones del presidente tensaron las relaciones con Uruguay.

Intervención del Indec

Una de las medidas más discutidas fue la intervención del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos): en enero de 2007, su dirección del índice de precios fue intervenida, sin previo aviso, por Beatriz Paglieri, quien estaba vinculada políticamente con el secretario de Comercio Guillermo Moreno. Los empleados del Instituto denunciaron entonces que hubo un cambio de la metodología, pero que este cambio no fue publicado ni discutido con los técnicos.

En abril el fiscal federal abrió una causa por violación y manipulación del secreto estadístico, involucrando a Guillermo Moreno, a Beatriz Paglieri y a la subdirectora del Indec, Ana María Edwin. Esta última, a pesar de estar sospechada en la causa, fue nombrada en julio Directora del Instituto, y la intervención se generalizó a las demás direcciones, agravándose la situación al contratarse grupos de choque para intimidar y disolver físicamente cualquier manifestación de descontento u oposición. También comenzaron a utilizarse equipos de vigilancia para controlar todo intento de disenso interno. La política de manipulación de los índices de precios se realizaba de forma tal que ni siquiera se comunicaban públicamente los criterios para su elaboración. Hacia mediados de 2008, el descreimiento en el funcionamiento del ente motivó el reconocimiento del propio jefe de Gabinete, Sergio Massa.

La intervención del organismo ha sido criticada inclusive por personas partidarias del oficialismo, como el presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que en 2010 afirmó:

"Todos los que participamos de este espacio repudiamos el avasallamiento del organismo oficial de medición de indicadores económicos [...] Kirchner se justificó diciendo que en el INDEC había mucho personal de alto nivel que trabajaba en consultoras externas y que tenía un compromiso con aumentar los índices para que el Estado tuviera que aumentar los pagos en los bonos indexados [...] hubo muchas personas que no aceptaron esa explicación".

El 2 de junio de 2007 el jefe de Gabinete, Alberto Ángel Fernández, confirmó que Kirchner no buscaría la reelección en las elecciones presidenciales de octubre, agregando que quien lo haría sería su esposa, la senadora Cristina Fernández, como representante del "Frente para la Victoria" (FPV - provincia de Buenos Aires). La noticia había trascendido el día anterior y había sido publicada por el diario Clarín.

A mediados de 2007, la ministra de economía Felisa Miceli se vio envuelta en un escándalo de corrupción por una bolsa con dinero, que contenía 100 000 pesos argentinos y 31 670 dólares estadounidenses, encontrada en el baño de su despacho. Al ser llamada a declarar por el fiscal Guillermo Marijuán, presentó la renuncia a su cargo el 16 de julio de 2007.

Ministerios y secretarías de la administración Kirchner

Ministerios

Ministerio Titulares Período

Jefatura de Gabinete de Ministros

Alberto Ángel Fernández (PJ)

25/05/2003 - 10/12/2007

Ministerio del Interior

Aníbal Fernández (PJ)

25/05/2003 - 10/12/2007

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Jorge Taiana (PJ)

Rafael Bielsa (PJ)

01/12/2005 - 10/12/2007

25/05/2003 - 01/12/2005

Ministerio de Defensa

Nilda Garré (FPV)

José Pampuro (PJ)

01/12/2005 - 10/12/2007

25/05/2003 - 01/12/2005

Ministerio de Economía y Producción

Miguel Gustavo Peirano (FPV)

Felisa Miceli (FPV)

Roberto Lavagna (PJ)

17/07/2007 - 10/12/2007

01/12/2005 - 17/07/2007

25/05/2003 - 01/12/2005

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Julio de Vido (FPV)

25/05/2003 - 10/12/2007

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Alberto Iribarne (FPV)

Horacio Rosatti (PJ)

Gustavo Béliz (PJ)

25/06/2005 - 10/12/2007

25/06/2004 - 25/06/2005

25/05/2003 - 25/07/2004

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Carlos Tomada (PJ)

25/05/2003 - 10/12/2007

Ministerio de Salud y Ambiente

Ginés González García (PJ)

25/05/2003 - 10/12/2007

Ministerio de Desarrollo Social

Alicia Kirchner (PJ)

Juan Carlos Nadalich

Alicia Kirchner (PJ)

18/08/2006 - 10/12/2007

01/12/2005 - 18/08/2006

25/05/2003 - 01/12/2005

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Daniel Filmus (FPV)

25/05/2003 - 10/12/2007

Secretarías

Secretaría Titular Período

Secretaría General de la Presidencia de la Nación

Oscar Parrilli (FPV)

25/05/2003 - 10/12/2007

Secretaría de Legal y Técnica

Carlos Zannini (FPV)

25/05/2003 - 10/12/2007

Secretaría de Inteligencia del Estado

Héctor Icazuriaga (FPV)

Sergio Acevedo (PJ)

05/12/2003 - 10/12/2007

25/05/2003 - 05/12/2003

Secretaría de Turismo

Enrique Meyer

25/05/2003 - 10/12/2007

Secretaría de Cultura

José Nun

Torcuato di Tella

25/11/2004 - 10/12/2007

25/05/2003 - 25/11/2004

SEDRONAR

José Granero

25/05/2003 - 10/12/2007

Secretaría de Deportes

Claudio Morresi

25/05/2003 - 10/12/2007

Actividad posterior a la presidencia

Kirchner se marcha de Colombia, luego de la suspensión de la Operación Emmanuel.

Kirchner finalizó su mandato el 10 de diciembre de 2007, entregando el mando a su esposa Cristina Fernández.

Néstor Kirchner formó parte como garante de la comitiva que, en el marco del Acuerdo humanitario, intentó supervisar la liberación de tres prisioneros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Operación Emmanuel. Dicha liberación no tuvo lugar en ese momento (los rehenes fueron liberados pocos días más tarde), por lo que Kirchner debió volver al país. Unos días después, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, lanzó fuertes críticas a algunos mediadores a raíz de una supuesta defensa de éstos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En la actualidad Kirchner se dedicaba a la actividad partidaria, siendo el presidente del Partido Justicialista (PJ) luego de que la jueza Servini de Cubría diera cerrado un proceso de intervención judicial que duró más de tres años, ordenada a raíz de la acefalía en que quedó sumido el partido tras la pelea entre la actual presidenta Cristina Kirchner y la entonces primera dama, Hilda "Chiche" González de Duhalde en un Congreso de Parque Norte de 2004, la jueza avaló la designación del ex mandatario como titular del Consejo nacional del PJ y rechazó el planteo presentado por los hermanos Rodríguez Saá.

De esa forma, Kirchner asumió como titular del Partido Justicialista (PJ) junto a los 74 dirigentes que lo acompañaron en la lista partidaria sin someterse a elecciones internas.

Por otra parte, debido a la tensión entre el gobierno de Cristina Kirchner y el sector rural, varios dirigentes justicialistas optaron por no concurrir al acto de asunción al máximo cargo del PJ: Carlos Reutemann, Juan Schiaretti (gobernador de Córdoba), Jorge Busti y Juan Carlos Romero exgobernadores de Entre Ríos y Salta respectivamente. Durante el acto de asunción de Néstor Kirchner distintas facciones del sindicalismo provocaron incidentes.

Elecciones legislativas de 2009

Artículo principal: Elecciones legislativas de 2009 en Argentina.

En las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, Kirchner se presentó como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la lista Frente Justicialista por la Victoria. La Unión Cívica Radical impugnó su candidatura argumentando que su residencia en la Quinta Presidencial de Olivos no era válida, pero la justicia electoral rechazó la impugnación.

La lista encabezada por Kirchner obtuvo el 32,1% de los votos, siendo superada por la alianza Unión - Pro que obtuvo 34,6%. En todo el país la alianza Frente para la Victoria-Partido Justicialista, liderada por Kirchner, obtuvo 5.871.345 votos (31,2%), superando al Acuerdo Cívico y Social que obtuvo 5.763.342 votos (30,7%),49 pero perdió 19 diputados y 4 senadores en el Congreso Nacional, continuando como primera minoría. El kirchnerismo perdió también en la provincia de Santa Cruz, bastión de Néstor Kirchner.

El 29 de junio de 2009, como resultado de la derrota electoral, Kirchner renunció a la presidencia del Partido Justicialista.

El 7 de febrero de 2010 fue operado de la carótida derecha con éxito, lo que lo obligó a retirarse temporalmente de sus funciones.

Secretario general de Unasur

Aunque ocupaba una banca en la cámara de diputados, el 4 de mayo de 2010, se le designó para ponerse a cargo de la Secretaría General de Unasur. Su primera acción como secretario fue la visita a Paraguay para promover la integración regional.

Crítica

En el mes de enero de 2010, fue denunciado por el abogado Enrique Piragini ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal con motivo de la utilización de los aviones Tango 02 y Tango 10 perteneciente a la flota presidencial para concurrir al acto proselitista del 14 de mayo en Río Gallegos. Según el abogado, lo realizado "implica malversación de caudales públicos, reñido con las más elementales normas éticas, además de perjudicar los intereses del Estado con importantes gastos superfluos". La denuncia se efectuó el 22 de enero de 2010 y recayó ante el Juzgado Federal Nº 11 del Dr. Claudio Bonadío, bajo el N° 752/10. El mismo juez denunció ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al letrado Enrique Piragini, un habitual denunciador de funcionarios públicos, por la «liviandad» de sus presentaciones, que «en su mayoría son solo un “corte y pega” de noticias aparecidas en medios periodísticos, sin mayor elaboración o conocimiento personal de los hechos denunciados».

Kirchner ha sido criticado por algunos comentaristas que lo acusaron de concentrar demasiado poder en el Ejecutivo y por el uso excesivo de decretos. La revista The Economisttrató a Kirchner de "populista", en lo que describió como una tendencia de América Latina que el presidente argentino compartía con una serie de figuras como el nacionalista peruano Ollanta Humala, el mexicano demócrata socialista Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Venezuela Hugo Chávez.

El Wall Street Journal es otra publicación de edición en inglés que criticó a Kirchner. El diario editó un artículo criticando a la Bolsa de Nueva York por elegir a Kirchner para "Vaya campanero", acusándolo de anti mercado.

Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación, acusó a Kirchner de tener un estilo personalista de gobernar con dosis de autoritarismo y hegemonía, un estilo agresivo de ruptura inducida y confrontación. A la par, surgieron denuncias de nepotismo y prácticas de corrupción por los funcionarios de su gobierno.

Kirchner dio su versión acerca de esto en la última entrevista al diario Página/12 que le efectuara el periodista Horacio Verbitsky.

También ha sido criticado por el manejo de millonarios fondos de regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz mientras era el gobernador de la provincia, los cuales fueron depositados en cuentas en Suiza. Disidentes acusaron que fue realizado de forma discrecional, y sin observar los procesos administrativos de la provincia, que existió una negativa del gobierno a aclarar las razones de su permanencia en el exterior y que en varias oportunidades se brindó información falsa sobre su supuesto regreso al país. En 2005 que los fondos fueron repatriados por el gobernador de Santa Cruz, y se creó un fondo fiduciario, donde la provincia de Santa Cruz es la fiduciante y el Banco de Santa Cruz administra los fondos posteriormente.

Kirchner dio explicaciones sobre el tema diciendo:

Miguez, Daniel. «Este martes, al cajero». Página 12. Consultado el 28 de mayo de 2011. «“Yo los puse a resguardo, aunque los podría haber gastado como las provincias de Tierra del Fuego y Chubut, Neuquén y Mendoza, que también recibieron las regalías petroleras, y a los gobernadores de esas provincias nunca les preguntaron qué hicieron con esos fondos"».

Sobre este caso se inició un pedido de citación a indagatoria a Kirchner, y los gobernadores que lo sucedieron por “aplicación indebida de caudales públicos, peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público”, pero la misma fue desestimada por considerarla sustentada únicamente en el trasfondo político.

Fallecimiento

Artículo principal: Funeral de Néstor Kirchner.

Durante 2010 su salud se debilitó seriamente. En febrero fue operado de la carótida. El 11 de septiembre tuvo que ser sometido a una angioplastia y se le colocó un stent. Se le había recomendado cambiar su estilo de vida debido al estrés. Fue dado de alta al día siguiente.

Falleció a los 60 años de edad en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Según el parte médico oficial, el ex mandatario murió como consecuencia de un paro cardiorespiratorio no traumático, el 27 de octubre de 2010 a las 9:15, en su residencia de "Los Sauces", donde se encontraba junto a su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El deceso se produjo al iniciarse el mega operativo del censo poblacional del 2010, día declarado feriado nacional, lo cual causó mayor impacto en la población argentina. Néstor Kirchner pudo recibir el sacramento de la unción de los enfermos antes de morir.

Aparte de Argentina, siete países sudamericanos declararon duelo oficial por la muerte de Kirchner: Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, anunciando la presencia de varios presidentes de países miembros de UNASUR en los funerales de Estado. A su vez, se produjo una declaración conjunta de los 12 países de la UNASUR desde la presidencia pro témpore en Quito, en donde se le calificó como un "líder clave" en la integración regional y se decretó por primera vez duelo regional por tres días. Diversos gobernantes y líderes mundiales enviaron mensajes de condolencias a la presidenta Cristina Fernández y al pueblo argentino.

PRESIDENCIA DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER

PERIODOS 2007-2011(1°mandato)

2011-2015(2°mandato)

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando para el cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular.

Desde el comienzo de su gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional.

Los técnicos tanto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como de la Comisión Nacional de Energía Atómica recibieron un aumento sostenido de presupuesto y sueldos. Se reinició el proyecto espacial argentino con el logro de la puesta en órbita del SAC-D en 2011 construido casi en su totalidad por INVAP,75 así como la finalización de la Central nuclear Atucha. Las transferencias hacia los investigadores del CONICET se han multiplicado varias veces. Estas políticas de Estado, junto con un programa especial de repatriación, permitió que cientos de científicos e investigadores regresaran al país. Otro logro tecnológico durante su gobierno fue la producción nacional de radares militares y civiles para control del tráfico aéreo y control del narcotráfico construidos en su totalidad por INVAP.

En 2008, por iniciativa de la presidenta, el Estado adquirió el paquete accionario de las privatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. De esa manera el país recuperó la línea de bandera. En 2009 se adquirió la histórica Fábrica Argentina de Aviones, ubicada en Córdoba. Actualmente se están desarrollando, luego de varias décadas, los primeros aviones, pero con objetivos civiles.

En 2010, la ANSÉS (Administración Nacional de la Seguridad Social) inició el plan Conectar Igualdad de entrega y puesta en funcionamiento de tres millones de netbooks con acceso a Internet a todas los alumnos de públicas primarias y secundarias del país. A 2011, un año después del decreto 459/10 que lo creó, se ha entregado el primer millón.

En esta área también sobresale la creación, a mediados del 2011, de Tecnópolis, una mega muestra ubicada en Villa Martelli y el Polo Científico Tecnológico en Palermo.

Política ambiental

La política ambiental del gobierno de Cristina Kirchner tuvo básicamente como ejes la reglamentación de las leyes de bosques en 2007 y sanción de la ley de glaciares en 2010. Sobre esta última, la presidenta había vetado la ley original aprobada en 2008 aduciendo que las actividades que ordenaba dicha ley, al disponer sobre recursos provinciales, excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

La ley exige que el poder ejecutivo debe encargarse de realizar un inventario sobre áreas glaciares. Como hasta inicios del año 2012, dicho registro no comenzó y el Gobierno de la Nación Argentina demora en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno Nacional, la ley aún no puede aplicarse.

Política de derechos humanos

Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París, Bertrand Delanoë.

Durante su presidencia, Cristina Kirchner continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos de los noventa, que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La política de derechos humanos de Néstor y Cristina Kirchner, ha sido uno de los aspectos centrales de sus presidencias. La misma, en general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura, así como por los principales partidos de oposición.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, varios altos funcionarios pertenecientes al último golpe de Estado, fueron juzgados y condenados en distintas provincias por crímenes contra la humanidad.

Política distributiva

El 28 de octubre de 2009, mediante el Decreto 1602/09, la presidenta creó la Asignación Universal por Hijo, que consiste en una transferencia que el Estado hace a los padres por cada hijo de entre 12 semanas de gestación y los 18 años. Los padres deben acreditar estar desocupados u ocupados en la economía informal, además deben ganar como máximo el salario mínimo y acreditar el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. Esta medida desde el punto de vista de la distribución de la renta es progresiva, además posicionó a Argentina como el país con mejor seguridad social de Latinoamérica.

Según un informe de 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 11,3%, lo que significa una reducción de 34,1 puntos porcentuales, ubicándose como la segunda más baja en América latina, detrás de Uruguay (10,7%). La indigencia disminuyó del 7,2% al 3,8%.

En 2009 el Estado Nacional adquirió los derechos de televisación del fútbol de primera división y creó el programa «Fútbol para todos», permitiendo la transmisión por televisión abierta de todos los encuentros. Posteriormente en 2011 la presidenta, a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, firmó un convenio por el cual se liberó la transmisión de todos los eventos deportivos de interés masivo. Entre los eventos acordados se destacan la participación argentina en campeonatos mundiales, olímpicos y panamericanos, todas las instancias finales de esos torneos, torneos de fútbol organizados por la Confederación Sudamericana, encuentros de fútbol Nacional B, A, Argentino y torneo del Interior donde el equipo participante tenga relevancia, Turismo Carretera, TC2000 y Top Race, Liga Nacional de Básquet y los torneos locales de rugby y vóley para la zona donde el equipo tenga relevancia.

La estatización de todos los fondos jubilatorios y la moratoria previsional que creó el gobierno, incorporó a más de dos millones y medio de personas lo que acompañado de dos aumentos anuales por ley, generaron una redistribución hacia sectores de bajos ingresos y colocó a Argentina en el primer lugar de América Latina en cobertura previsional.

Respecto a la construcción de viviendas sociales, a septiembre de 2011 se concluyeron en todo el país más de 630 000 soluciones habitacionales que benefician alrededor de 2 800 000 personas. Los planes más importantes son el Programa Federal de Construcción de Viviendas con más de 166 000 viviendas, el Fondo Nacional de la Vivienda con más de 160 000 y el Programa Federal Mejor Vivir con más de 75 000.

Política económica

La política económica que sigue es expansionista. Se registra un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos. La política cambiaria consiste en mantener un dólar estadounidense alto. Por su parte, la política fiscal representa una presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica. Se critica la regresividad del sistema impositivo argentino. El Impuesto a las ganancias de las personas físicas representa algo más del 5% del Producto Interno Bruto, por debajo de Brasil (7,7%), Chile (8,4%) o Estados Unidos (10,2%).Algunos productos de primera necesidad están exentos de tributar IVA, mientras otros tienen una tasa reducida a la mitad.

La inflación en Argentina según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) es de alrededor del 11% anual, aunque según consultoras privadas es del doble. Uno de los puntos más criticados de la gestión de los Kirchner es el cambio que se produjo dentro del citado organismo desde enero de 2007.

Anteriores economistas de su gobierno como Martín Lousteau y Martín Redrado, propusieron bajar el gasto y así reducir la presión distributiva, situación no aceptada por Cristina Kirchner. El objetivo según el gobierno no es bajar el crecimiento a costa de los que menos tienen sino ampliar la oferta. Otro de los puntos destacados es la creación de programas de distribución de alimentos a precio de costo. Entre ellos «Carne para todos», «Lácteos para todos» y «Milanesas para todos». Según muchos economistas, entre ellos Maximiliano Montenegro, se critica a estos programas por ser insuficientes para contrarrestar la inflación.

Durante la crisis económica de 2008-2009 que sufrió la economía mundial, se inició una fuga de capitales muy pronunciada. El entonces director de la ANSÉS, Amado Boudou, ideó un plan para estatizar todos los fondos que se encontraban en las AFJP lo que permitió tener disponibilidad. Asimismo otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Producción, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), distribuidos a través de la banca privada, a bajo interés.

Política de educación

Cristina Kirchner junto a estudiantes el 17 de agosto de 2011 en Tecnópolis, presentando la ley de promoción de software argentino y entregando la netbook un millón.

La política educativa del gobierno de Cristina Kirchner es una continuación de la gestión de Néstor Kirchner. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64% en 2003 a 6,47% en 2011. Después del Plan Quinquenal del gobierno de Perón entre 1947 y 1951, el período 2003-2010 es el de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más de mil escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos.

Este crecimiento en los aportes del Estado a la educación permitió aumentar las transferencias a las universidades nacionales y la creación de nueve más. Este aumento se vio reflejado en la formación de nuevos institutos de investigación.

Política energética

Uno de los primeros planes fue el total reemplazo a nivel nacional de las lámparas incandescentes por las de bajo consumo, como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica. Es plan incluyó la entrega gratuita de tres lámparas por hogar. Posteriormente se implementó a través de la norma IRAM 11900 el etiquetado energético de los artefactos eléctricos.

Esto se acompañó con la construcción de decenas de nuevas centrales eléctricas que se unen al Sistema Interconectado Nacional. Se concluyó junto al Paraguay la construcción de la represa de Yacyretá, se concluyó el proyecto Atucha 2.

Está en construcción el Gasoducto del Noreste que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Salta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que todavía no cuentan con este servicio.

Proceso de expropiación de Repsol YPF

Cristina Kirchner en su discurso antes de enviar al Senado de la Nación Argentina el Mensaje número 529 para el tratamiento del proyecto de ley que declara de utilidad pública a la petrolera Repsol YPF y por la cual se decide expropiar el 51% de sus acciones.

En la última semana de marzo de 2012, algunos gobiernos provinciales cancelaron por incumplimiento de contrato las concesiones de áreas con yacimientos petroleros que estaban en manos de Repsol YPF, debido a la baja producción de la empresa y a la falta de inversiones durante muchos años. La provincia del Neuquén canceló tres concesiones: Don Ruiz (de 109 km2), Chihuido de la Salina Sur y Portezuelo Minas, que suman en total una superficie de 242,4 km2. En consecuencia, las acciones de YPF decayeron un 15% en las bolsas. Inmediatamente, las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz retiraron las conceciones a Repsol YPF.

El 13 de abril hubo fuertes rumores de que se encontraba en proceso un borador de proyecto de ley para "re estatizar YPF", cuyo primer artículo establecía de "utilidad pública" y "sujetas a expropiaciones" el 50,01% de las acciones de la petrolera. No obstante en su momento, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy, había desmentido esa versión.102 Finalmente, el 16 de abril, Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, en el cual se declara de "interés público y nacional" al "autoabastecimiento de hidrocarburos" y por lo tanto el gobierno nacional en uso de sus facultades constitucionales expropia el 51% de la acciones de Repsol YPF. Durante su discurso afirmo que se trataba de «una recuperación de la soberanía» y «no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada».

Política internacional

.Los gobiernos kirchneristas iniciaron una relación muy estrecha con los miembros del Mercosur, especialmente Brasil y Venezuela. El gobierno también se muestra cercano a las figuras de José Mujica y Rafael Correa.

Argentina tiene una presencia internacional destacada. Es miembro del Grupo de los 20 y del Grupo de los 77. Asimismo Cristina Kirchner ejerce la presidencia de este último.

El gobierno argentino intervino en 2008 en el rescate de Ingrid Betancourt, por lo que el gobierno francés agradeció el compromiso argentino. Asimismo, y luego de varios años de gestión por parte de Cristina Kirchner, en 2009 el gobierno de Cuba autorizó a Hilda Molina a salir de ese país, con el fin de visitar a su madre enferma, su hijo y dos nietos, residentes en Argentina.

Durante la Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010 la presidenta logró ante el Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay) que se aprobara una resolución por la que se flexibilizaba el derecho de patentamiento que tenían los laboratorios sobre la vacuna contra la gripe, una medida inédita.

Entre otros asuntos personalmente atendidos por Cristina Kirchner se encuentra el desagravio al Paraguay por la Guerra de la Triple Alianza y nombró como «Mariscal Francisco Solano López» al Grupo de Artillería Blindado 2 con base en Rosario del Tala (provincia de Entre Ríos). También viajó a Perú para reafirmar lazos luego del Escándalo por venta de armas a Ecuador y Croacia durante los años noventa cuando se sucedió el último de los conflictos limítrofes entre Perú y Ecuador. Este desagravio tiene su explicación en que Perú ayudó abiertamente a Argentina en la Guerra de las Malvinas.

Desde la presidencia de Cristina Kirchner además se reafirmaron lazos de amistad con España e Italia.

Soberanía de las Islas Malvinas

Artículos principales: Exploraciones petroleras sobre mares de las Islas Malvinas y Crisis diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas de 2010-2012.

En lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas el gobierno ha mantenido una constante presencia en la Organización de las Naciones Unidas, quien siempre ha fallado favorable a Argentina. Ante la escalada de tensión por la exploración petrolífera de las mismas por parte de Gran Bretaña, la presidenta respondió con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas, posición apoyada por la Unasur en su conjunto. Este reclamo fue escuchado por Hillary Clinton, quién se mostró personalmente dispuesta a mediar, situación que causó desconcierto en los británicos.

Cabe mencionar que Argentina obtuvo el respaldo de la comunidad latinoamericana y el Caribe en torno a la postura de recuperar las islas mediante la vía pacífica mientras que el Reino Unido a través de los dichos de su primer ministro británico David Cameron señalaron que la soberanía de las Malvinas la deciden los mismos isleños por su derecho de autodeterminación. A pesar de la militarización del océano Atlántico Sur denunciada por el gobierno argentino ante las Naciones Unidas, el primer ministro Cameron respondió que dicho envió de buques no es una acción de militarización de la región de las islas y el Atlántico sur, sino son partes de ejercicios rutinarios.

Política laboral

La política laboral del gobierno de Cristina Kirchner consiste en profundizar la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, política iniciada por el presidente Néstor Kirchner.

Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre regulación de las relaciones laborales en la empresa y condiciones de trabajo.

El gobierno de Cristina Kirchner continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006. La cifra representa casi la mitad de los 1.531.940 extranjeros registrados en el censo de 2001.

También se aumentaron las indemnizaciones por riesgos del trabajo, modificando el régimen legal y eliminando el tope máximo que había impuesto la legislación anterior.

El 26 de agosto de 2011 anunció un incremento del 25% del salario mínimo convirtiéndose en el más alto de Latinoamérica en términos adquisitivos, llegando a los 2300 pesos argentinos.

Medios de comunicación

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua ley de radiodifusión creada por la última dictadura. La misma había sido una de las plataformas electorales de ambos gobiernos kirchneristas. Actualmente la ley tiene suspendido judicialmente el artículo 161, que impone como límite un año desde la reglamentación para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma.

Argentina se encuentra en plena migración hacia la televisión digital abierta y junto a la nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la aparición de decenas de nuevos canales digitales, principalmente en el interior del país donde se consumen productos de la televisión de Buenos Aires.

Otro aspecto que resalta es la aparición de varios nuevos diarios de tirada nacional, y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Festejos del Bicentenario

.

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional organizó el principal evento conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrolló principalmente en un tramo de la más importante arteria de la ciudad, la avenida Nueve de Julio. El festejo comenzó el día 21 de mayo y finalizó el 25 de mayo, Día del Bicentenario. Si bien la conmemoración se realizó durante todo 2010 en el país, este evento fue el único en el que se encontraron representadas las provincias y países invitados.

Ministerios

El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su gobierno. De los doce elegidos, siete ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y cinco asumieron por primera vez un ministerio.

Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de

Cristina Fernández de Kirchner

Cartera Titular Período

Jefatura de Gabinete de Ministros

Juan Manuel Abal Medina

Aníbal Fernández

Sergio Massa

Alberto Fernández

10 de diciembre de 2011 - en el cargo

8 de julio de 2009 - 10 de diciembre de 2011

23 de julio de 2008 - 7 de julio de 2009

10 de diciembre de 2007 - 23 de julio de 2008

Ministerio del Interior

Florencio Randazzo

10 de diciembre de 2007 - en el cargo

Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto

Héctor Timerman

Jorge Taiana

22 de junio de 2010 - en el cargo

10 de diciembre de 2007 - 19 de junio de 2010

Ministerio de Defensa

Arturo Puricelli

Nilda Garré

15 de diciembre de 2010 - en el cargo

10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2010

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Hernán Lorenzino

Amado Boudou

Carlos Fernández

Martín Lousteau

10 de diciembre de 2011 - en el cargo

8 de julio de 2009 - 10 de diciembre de 2011

25 de abril de 2008 - 7 de julio de 2009

10 de diciembre de 2007 - 25 de abril de 2008

Ministerio de Industria

Débora Giorgi

26 de noviembre de 2008 - en el cargo111

Ministerio de Turismo

Enrique Meyer

1 de julio de 2010 - en el cargo

Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios

Julio de Vido

10 de diciembre de 2007 - en el cargo

Ministerio de Seguridad

Nilda Garré

15 de diciembre de 2010 - en el cargo

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Julio Alak

Aníbal Fernández

8 de julio de 2009 - en el cargo

10 de diciembre de 2007 - 7 de julio de 2009

Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social

Carlos Tomada

10 de diciembre de 2007 - en el cargo

Ministerio de Salud y Ambiente

Juan Luis Manzur

Graciela Ocaña

29 de junio de 2009 - en el cargo

10 de diciembre de 2007 - 29 de junio de 2009³

Ministerio de Desarrollo Social

Alicia Kirchner

10 de diciembre de 2007 - en el cargo

Ministerio de Educación

Alberto Sileoni

Juan Carlos Tedesco

20 de julio de 2009 - en el cargo

10 de diciembre de 2007 - 20 de julio de 2009

Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación Productiva

Lino Barañao

10 de diciembre de 2007 - en el cargo

Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Alimentación

Norberto Yahuar

Julián Domínguez

10 de diciembre de 2011 - en el cargo

1 de octubre de 2009 - 10 de diciembre de 2011

Crítica

Título universitario

Durante la campaña electoral en la que fue elegida presidenta, el abogado Sergio Bergenfeld (presidente de la ONG Defensa Ciudadana) y el periodista Christian Sanz (jefe de redacción del sitio web Tribuna) denunciaron ante la justicia penal a Cristina Fernández de Kirchner sosteniendo que el título de abogada emitido por la Universidad Nacional de La Plata era falsificado.

En dicho proceso, la Universidad Nacional de La Plata remitió la documentación oficial que acreditaba el título de Cristina Kirchner, ratificando que la presidenta se graduó en esa casa de estudios en 1979. Quedó así en evidencia la falsedad de la denuncia.

Escándalo de la valija

Artículo principal: Escándalo de la valija.

Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos, comprometió a la presidenta Fernández de Kirchner, en un sonado caso de contrabando de dinero, al sostener públicamente que el mismo estaba destinado a su campaña electoral y había sido enviado por el gobierno de Venezuela. El anuncio provocó una dura respuesta de la presidenta que calificó el hecho como una «operación basura» proveniente de los «basurales de la política internacional», impulsado por países que, «más que países amigos, quieren países empleados y subordinados», para ratificar su decisión de profundizar las relaciones de unidad con los demás países de América Latina. La respuesta de la presidenta significó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.

Paro agropecuario patronal

Artículo principal: Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008.

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.

La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada sojización del campo argentino y preservar la «política de dólar alto».Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incremento de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo.

La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro patronal (lockout) con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días.

El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las patronales agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Kirchner declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones.

Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.

Imagen del gobierno y la oposición

El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significaron una importante caída de la imagen de Cristina Kirchner, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición habría alcanzado altas tasas de imagen negativa, aunque ciertas figuras opositoras como el vicepresidente Julio Cobos superaban largamente en popularidad.

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos ―según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web― en la cual figura con el 32,43% de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23,67% y Mauricio Macri con el 23,39%.

En febrero de 2009 la imagen negativa de la presidenta creció del 39% al 41%, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29%. La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarreó un enfriamiento de la actividad económica; el crecimiento de los reclamos de transparencia en el manejo del INDEC; el inicio de la epidemia de dengue; la creciente inseguridad; los cuestionamientos a algunos de los funcionarios más controvertidos del gobierno como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el secretario de Comercio Guillermo Moreno; etc. Los sectores donde se registró mayor apoyo a la presidenta fueron los mayores de 30 años y los de menor nivel educativo. Geográficamente, el sector donde se registra la mayor tasa de imagen positiva es el conurbano bonaerense, donde predomina la actividad industrial, con un 38%, en tanto que la más baja se registró en la región agrícola pampeana, con un 20% de imagen positiva. La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.

Un sondeo de la encuestadora CEOP publicado en noviembre de 2009 ubicaba la imagen positiva de la presidenta entre el 46% y el 52%.

En marzo de 2011, una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo, publicada en los diarios Perfil y El Mundo (Madrid), ubicó a Fernández con un 64% de imagen positiva.

En 2009, Fernández de Kirchner fue considerada por la revista Forbes como la undécima entre las cien mujeres más poderosas del mundo. Ascendió dos posiciones más con respecto al año anterior, 2008. En 2010 cayó al puesto número 68 en dicho ranking. Actualmente figura en la posición 17 según la misma publicación.

Situación del vicepresidente Cobos

Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo de 2010 inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina.

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

Pocos días antes, Elisa Carrió ―una de las principales dirigentes de la oposición― había acusado a Cobos de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el expresidente Eduardo Duhalde. El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de vicepresidente, debía reemplazar a la presidenta cada vez que ésta se ausentaba del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, re estatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.

Esta situación, que permitía al vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por la presidenta, o tomar decisiones que la presidenta desaprobaba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el vicepresidente debía renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.

Conflicto por el Fondo del Bicentenario

Véase también: Fondo del Bicentenario

El 14 de diciembre de 2009, Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/2009.

La intención de la presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009. Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la «independencia» o la autonomía del Banco Central, y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. Adicionalmente, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió por su parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.

El 29 de enero de 2010, Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina, pero el jefe de gabinete Aníbal Fernández, aseguró que la presidenta no se la aceptaría.

El 3 de febrero de 2010 la destitución de Redrado fue confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su lugar Mercedes Marcó del Pont. Finalmente la presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento.

Retiro de subsidios

El 16 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional ―a través de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Economía Amado Boudou y el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido― anunció el retiro de subsidios a los consumos en agua, electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país. La medida fue recibida en forma crítica por los principales medios informativos y opositores al gobierno nacional. Según los mismos, el retiro de subsidios no tiene que ver con mejorar la distribución de la renta, sino con mejorar las cuentas fiscales.

La aplicación de subsidios había sido impuesta en forma gradual durante la presidencia de Néstor Kirchner, como parte de un plan para aumentar en forma indirecta el salario real. Pero ya desde el comienzo de la presidencia de Cristina Kirchner las transferencias hacia los sectores medios y altos comenzó a tener fuertes críticas, incluidos los mismos medios que luego criticaron el retiro de dichas transferencias.

La cuenta fiscal de 2011 destinada a la Asignación Universal por Hijo fue de algo más de 10 000 millones de pesos. Mientras que en 2010 el Estado Nacional erogó en subsidios al consumo más de 40 000 millones, de los cuales alrededor de 16 000 millones fueron a bolsillos de sectores medios y altos. Según Javier González Fraga, en 2008 un millón de familias del Gran Buenos Aires con ingresos superiores a los 6000 pesos recibió transferencias por 750 pesos mensuales en concepto de tarifas baratas.

Como las transferencias desde el sector público a los privados puede ser visto como un impuesto negativo, la progresividad en los subsidios se da a la inversa que en los impuestos: se debe transferir más a los de menor ingreso. De transferirse en igual proporción tanto a ingresos bajos como a ingresos altos, la transferencia se hace regresiva respecto a la renta. Este fue el argumento del Gobierno para retirar subsidios a quienes pueden pagarlo.

A raíz de las críticas surgidas por la medida, el gobierno implementó un sistema de renuncia voluntaria, que también fue criticado por medios opositores.

.El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su postulación para la reelección. Su compañero de fórmula fue Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas en el período 2009-2011.En las Elecciones presidenciales de 2011obtuvo el 54,11% de los votos, accediendo así a un segundo mandato.

Ciencia y tecnología

Cristina Fernández luego de producirse el traspaso del mando presidencial, el 10 de diciembre de 2007. Detrás su esposo y predecesor, Néstor Kirchner.

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas. Entre 2003 y 2010 el CONICET ha incorporado más de 8000 personas, aumentando un 93.2% su personal. La cantidad de investigadores en 2003 era de 3804, incrementándose a 6350 en 2010. En 2010 el sueldo promedio de los investigadores fue de $10.894 y el de los becarios de $5164, esto representa un aumento mayor al 500%.

Desde el comienzo de su gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional. En esta área también sobresale la creación, a mediados del 2011, deTecnópolis, una mega muestra ubicada en Villa Martelli y el Polo Científico Tecnológico en Palermo.

Repatriación de científicos

Los técnicos tanto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como de la Comisión Nacional de Energía Atómica recibieron un aumento sostenido de presupuesto y sueldos. Se reinició el proyecto espacial argentino así como la finalización de la Central nuclear Atucha. Las transferencias hacia los investigadores del CONICET se han multiplicado varias veces. Estas políticas de Estado junto con un programa especial de repatriación, permitió que regresen al país cientos de científicos e investigadores.

Compra de material rodante ferroviario

Durante el gobierno de Cristina Kirchner se compraron 40 locomotoras, 25 coches eléctricos y 20 trenes diésel, en 2008, y 50 coches eléctricos, 20 trenes diésel y 10 locomotoras en 2009, material rodante proveniente de España y Portugal.

Programa Conectar igualdad

Artículo principal: Conectar Igualdad.

Desde 2010 la Ansés (Administración Nacional de Seguridad Social) ha iniciado un plan de entrega y puesta en funcionamiento de dos millones de netbooks con acceso a Internet a todas las escuelas públicas primarias y secundarias del país. A febrero de 2011 se ha cumplido la mayor parte.

Rescate de Aerolíneas Argentinas

El 24 de julio de 2008 la presidenta Fernández presentó un proyecto de ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado Nacional y el grupo Interinvest del 17 de julio de 2008, mediante el cual el Estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas.

Aerolíneas Argentinas es la «línea de bandera» de Argentina y había sido privatizada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem. La empresa fue adquirida primero por Iberia y luego por Marsans, incurriendo en serias irregularidades. El proyecto presidencial fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de septiembre de 2008 como Ley 26.412.

La empresa es administrada por Mariano Recalde, miembro de La Cámpora. Según el diario La Nación, la organización ha introducido personas jóvenes con altos sueldos en reemplazo de aquellos viejos gerentes con más experiencia. El diputado perteneciente a la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, ha denunciado un grandísimo déficit a causa de los malos manejos de la organización juvenil. La presidenta Cristina Kirchner respaldo la gestión de La Cámpora ante Aerolíneas Argentinas.

Re estatización de la fábrica de aviones de Córdoba

Véase también: Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín»

El 17 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de re estatización de la antigua Fábrica Militar de Aviones (FMA), empresa pionera en América Latina, creada en 1927 durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear y privatizada en 1995 durante el mandato del presidente Carlos Menem y entregada bajo concesión a la empresa estadounidense Lockheed Martin. Luego de su privatización la empresa fue conocida como Área Material Córdoba. La nacionalización se realizó en el ámbito del Ministerio de Defensa, a cargo de la ministra Nilda Garré.

El 21 de mayo de 2009 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley aprobando la nacionalización, por 152 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones.

Política económica

La política económica que sigue es expansionista. Se registra un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.

La política cambiaria consiste en mantener un dólar estadounidense alto. Por su parte, la política fiscal representa una presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica. Se critica la regresividad del sistema impositivo argentino. El Impuesto a las ganancias de las personas físicas representa algo más del 5% del Producto Interno Bruto, por debajo de Brasil (7,7%), Chile (8,4%) o Estados Unidos (10,2%). Los productos de primera necesidad pagan entre el 0% y el 50% del IVA.

Inflación

La inflación en Argentina según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) es de alrededor del 11% anual, aunque según consultoras privadas es del doble.

Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con problemas de inflación y una crisis institucional en el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida desde la intervención del organismo llevada a cabo por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a partir de enero de 2007, que algunos estudios privados han ubicado en más del doble de la inflación oficial. El índice sirve para determinar el monto que el gobierno ha decidido pagar en concepto de intereses de la denominada deuda externa, en función del CER (coeficiente de estabilización de referencia). Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el Indec, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada «deuda externa».

Anteriores economistas de su gobierno como Martín Lousteau y Martín Redrado, propusieron bajar el gasto y así reducir la presión distributiva, situación no aceptada por Cristina Kirchner .El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamiento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.

En la segunda mitad del 2008, la tasa de inflación real bajó, ubicándose en el 0,4% mensual (según el Indec estatal) y alrededor del 0,7% (según diversos estudios privados).

Sin embargo, en el transcurso del primer semestre de 2009, los datos oficiales se han despegado de las mediciones privadas, llegando estas últimas a estimar la tasa interanual en un triple de las difundidas por el Indec, mismas que la sitúan en un 5,7% contra más de un 15% para la virtual totalidad de las consultoras privadas.

El objetivo según el gobierno no es bajar el crecimiento a costa de los que menos tienen sino ampliar la oferta .Otro de los puntos destacados es la creación de programas de distribución de alimentos a precio de costo. Entre ellos «Carne para todos», «Lácteos para todos» y «Milanesas para todos». Según muchos economistas, entre ellos Maximiliano Montenegro, se critica a estos programas por ser insuficientes para contrarrestar la inflación.

La crisis económica mundial de 2008-2009

La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado «conflicto del campo», durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125 / 2008.

El 23 de septiembre, en su discurso en la 63.Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económicos» que defendían el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neo desarrollista de las mismas. Estas declaraciones fueron muy criticadas por la prensa conservadora y algunos sectores de la oposición, que las calificaron como un acto de arrogancia.

En octubre la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:

 Creación de un Ministerio de Producción.

 Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:

 moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;

 blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;

 blanqueo y repatriación de capitales.

 Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).

 Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.

El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.

Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.

Debido a que la Argentina integra el G20, Cristina representó al país en las cumbres de esa instancia mundial durante la crisis económica de 2008-2009. Entre las medidas propuestas por Cristina se destacó la de incorporar al G20 a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), propuesta que se concretó en la tercera cumbre realizada en Pittsburg en septiembre de 2009.44 La presión de Cristina y Lula en la segunda cumbre realizada en Londres en abril de 2009, permitió también que se quitara de la declaración final la mención elogiosa de la flexibilidad laboral que se hacía en el borrador del documento.

Medidas contra la fuga de capitales

Durante la crisis económica de 2008-2009 que sufrió la economía mundial, se inició una fuga de capitales muy pronunciada. El entonces director de la ANSÉS, Amado Boudou, ideó un plan para estatizar todos los fondos que se encontraban en las AFJP lo que permitió tener disponibilidad. Asimismo otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Producción, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés.

Generalización de la asignación familiar por hijo

El 28 de octubre de 2009, Cristina Kirchner sancionó el Decreto 1602/09 creó la Asignación Universal por Hijo, estableciendo la generalización de la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.

Para percibir el beneficio, los padres deberán acreditar haber cumplido el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. A partir de mayo de 2011 se extendió a las personas por nacer con 12 semanas de gestación.

La medida fue decidida con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todos los niños del país que se encuentren bajo la línea de pobreza. El ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que se trata de una extensión del sistema de seguridad social que en una primera etapa el plan estaría en condiciones de eliminar la pobreza extrema (indigencia) y reducir considerablemente la pobreza (canasta mínima vital). Esta medida desde el punto de vista de la distribución de la renta es progresiva, además posicionó a Argentina como el país con mejor seguridad social de Latinoamérica.

Reducción de la pobreza

Según el un informe de 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 11,3%, lo que significa una reducción de 34,1 puntos porcentuales, ubicándose como la segunda más baja en América latina, detrás de Uruguay (10,7%). La indigencia disminuyó del 7,2% al 3,8%.

Entre el 2006 y 2009 la pobreza en Argentina disminuyó de 21% a 11,3%.Según el área geográfica, el porcentaje de personas pobres en el área urbana es del 11,4%, en el área metropolitana 9,6% y en el resto área urbana del 13,3%.

Televisación del deporte

El 11 de agosto de 2009, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino rompiera su contrato de televisación con la empresa T y C Sports, el gobierno nacional le propuso la adquisición de los derechos ofreciendo 600 millones de pesos (el contrato anterior con TyC era de 268 millones de pesos). La principal condición sería la transmisión de todos los partidos en directo. Y que el excedente de ganancia por publicidad y comercialización se destine al deporte amateur. Así el Estado Nacional adquirió los derechos de televisación del fútbol de primera división y creó el Fútbol para todos, permitiendo la transmisión por televisión abierta de todos los encuentros.

El 24 de febrero de 2011 la presidenta, a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, firmó un convenio por el cual se liberó la transmisión de todos los eventos deportivos de interés masivo. Entre los eventos acordados se destacan la participación argentina en campeonatos mundiales, olímpicos y panamericanos, todas las instancias finales de esos torneos, torneos de fútbol organizados por la Confederación Sudamericana. Encuentros de fútbol Nacional B, Argentino A, Argentino B y torneo del Interior donde el equipo participante tenga relevancia. Turismo Carretera, TC2000 y Top Race. Liga Nacional de Básquet y los torneos locales de rugby y vóley para la zona donde el equipo tenga relevancia.

La liberación de la transmisión del deporte se justifica en la manifestación cultural que representan y su aporte a la educación y fomento de la vida sana.

Estatización de los fondos jubilatorios

La estatización de todos los fondos jubilatorios y la moratoria previsional que creó el gobierno, incorporó a más de dos millones y medio de personas lo que acompañado de dos aumentos anuales por ley, generaron una redistribución hacia sectores de bajos ingresos y colocó a Argentina en el primer lugar de América Latina en cobertura previsional.

Planes de vivienda

Respecto a la construcción de viviendas sociales, a septiembre de 2011 se concluyeron en todo el país más de 630 000 soluciones habitacionales que benefician alrededor de 2 800 000 personas. Los planes más importantes son el Programa Federal de Construcción de Viviendas con más de 166 000 viviendas, el Fondo Nacional de la Vivienda con más de 160 000 y el Programa Federal Mejor Vivir con más de 75 000.

Ahorro de energía

Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las lámpara incandescente por las de bajo consumo, y ―por sanción del Congreso― se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Desde 2009 todos los edificios públicos deben obligatoriamente utilizar lámparas bajo consumo.

Durante 2008 y 2009 se implementó el etiquetado energético de refrigeradores, congeladores, motores eléctricos y equipos de aire acondicionado. En diciembre de 2009 se aprobó la norma IRAM 11900 que tenderá al etiquetado energético de todo edificio que solicite el servicio de gas natural por red.

Se concretaron dos centrales térmicas de ciclo combinado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se concluyó la construcción de la Represa de Yacyretá) al subir la cota a 83 msnm que implica un 50% más de generación hidráulica y se encuentra en fase de terminación la tercera central nuclear de Atucha 2.

Junto a esto se hallan en obra varias centrales térmicas de ciclo combinado en varias capitales provinciales de 300 MW cada una para reforzar el Sistema Interconectado Nacional.

Se llamó a licitación internacional para la construcción de centrales de hasta 30 MW cada una mediante energías renovables (solar térmica, eólica, minihidráulica, otras) por un total de 1500 MW de potencia instalada.

Mayoritariamente todo esto se realiza con fondos propios del tesoro nacional al no contar el país con créditos externos generados por el default de la crisis del 2001.

Gasoducto del Noreste

En febrero de 2011 se abrió la licitación para la construcción del Gasoducto del Noreste que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte deSalta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que todavía no cuentan con este servicio.

Proceso de expropiación de Repsol YPF

Cristina Kirchner en su discurso antes de enviar al Senado de la Nación Argentina el Mensaje número 529 para el tratamiento del proyecto de ley que declara de utilidad pública a la petrolera Repsol YPF y por la cual se decide expropiar el 51% de sus acciones.

En la última semana de marzo de 2012, algunos gobiernos provinciales expropiaron áreas con yacimientos petroleros que estaban en concesión de Repsol YPF, debido a la baja producción de la empresa y a la falta de inversiones durante muchos años. Tres áreas fueron quitadas o "expropiadas" a la petrolera: en la provincia de Neuquén, una llamada "Don Ruiz" de 109,1 kilómetros cuadrados y Chihuido de la Salina Sur y Portezuelo Minas, que suman en total una superficie de 242,4 kilómetros cuadrados. En consecuencia, las acciones de YPF decayeron un 15% en las bolsas. Inmediatamente, las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz retiraron las conceciones a Repsol YPF.

El 13 de abril hubo fuertes rumores de que se encontraba en proceso un boceto de ley para "re estatizar YPF", cuyo primer artículo establecía de "utilidad pública" y "sujetas a expropiaciones" el 50,01% de las acciones de la petrolera. No obstante en su momento, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy, había desmentido esa versión. Finalmente, el 16 de abril, Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, en el cual se declara de "interés público y nacional" al "autoabastecimiento de hidrocarburos" y por lo tanto el gobierno nacional en uso de sus facultades constitucionales expropia el 51% de la acciones de Repsol YPF. Durante la cadena dijo entre otras cosas que se trata de «una recuperación de la soberanía» y «no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada».

Política de educación

La política educativa del gobierno de Cristina Fernández es una continuación de la de la gestión de Néstor Kirchner.

Aumento de los recursos

El porcentaje del PBI destinado a educación creció desde el 3,64% en 2003 a 6,02% en 2010. En términos absolutos, pasó de 14.501 millones de pesos en 2003 a 89.924 millones de pesos en 2010, un 520% más.

Construcción de escuelas

Después del plan quinquenal del gobierno de Perón entre 1947 y 1951, el período 2003-2010 es el de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más 1100 escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos.

Política laboral

Inauguración de la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, celebrada en Buenos Aires en 2009. De izquierda a derecha.:Jorge Taiana (ministro de Relaciones Exteriores de Argentina), Cristina Fernández de Kirchner (presidenta de Argentina),Carlos Tomada (ministro de Relaciones de Trabajo de Argentina) y Juan Somavía(director general de la OIT).

Evolución del mercado de trabajo

En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4% en el primer trimestre al 7,3% en el cuarto trimestre del año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

En el mismo período el trabajo informal (no registrado), se redujo a un 37,3%, luego de que llegara al 49,50% en el primer semestre del 2003.

Re estatización de las jubilaciones y pensiones

El 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció que elevaba un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem.64 El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de noviembre con apoyo de algunas fuerzas de oposición como los Partido Socialista y el ARI, votando en contra del mismo el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Negociación colectiva

El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.

Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24%, comparado con el mismo período de 2007,y del 324% comparado con 2004. Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre «regulación de las relaciones laborales» en la empresa y «condiciones de trabajo», que en el III trimestre representaron el 20% y el 17% de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de «comités de higiene y seguridad» y cláusulas especiales de no discriminación.

El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.

Migraciones laborales

El gobierno de Cristina Fernández continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006.La cifra representa casi la mitad de los extranjeros registrados en el censo de 2001 (1.531.940). La regularización masiva de inmigrantes y la consecuente posibilidad de que puedan hacer valer sus derechos (sindicalización, asociación, demandas laborales, etc.) tiene un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que los extranjeros suelen ocupar los empleos que se encuentran en los escalones salariales más bajos e informales, por lo que una mejora en los mismos, impacta directamente en toda la escala salarial.

Aumento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo

El 5 de noviembre de 2009 la presidenta Fernández dictó el Decreto 1694/2009 aumentando las indemnizaciones por riesgos del trabajo y modificando el régimen legal (Ley 24.557) con el fin de corregir las fallas del sistema ―establecido durante el gobierno del presidente Carlos Menem― y la gran cantidad de fallos judiciales declarando inconstitucionales sus normas (casos Castillo, Milone y Aquino, entre otros).

El decreto elimina el tope máximo que había impuesto la legislación anterior para la renta periódica, fijado en 180.000 pesos (aproximadamente 50.000 dólares estadounidenses) y establece por el contrario que la misma suma será considerada como piso mínimo, para el valor de la vida humana o la incapacidad total. También se aumentaron algo más de un 100% los montos que la ley preveía como suma fija, en casos de incapacidades superiores al 50% y muerte.

La norma también implementa un sistema de supervisión de los servicios médicos prestados por las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), ante la gran cantidad de quejas sobre las mismas, y habilita la creación de Arts., sin beneficio de lucro.

En el sector de los trabajadores, el Decreto 1694/09 contó con el apoyo por las dos centrales sindicales (CGT y CTA). En el sector de los empleadores, la respuesta fue variada: mientras que la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio cuestionaron la norma, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), apoyó el decreto.

El embajador ante el Vaticano

En enero de 2008 se conoció extraoficialmente que el Vaticano no otorgaría el plácet al embajador designado ante la Santa Sede, Alberto Iribarne. Entre las razones mencionadas se señalaron desde el descontento de la Iglesia católica ante la condición de divorciado de Iribarne, hasta conflictos más profundos como la del vicariato castrense vacante desde el retiro del cuestionado obispo Antonio Baseotto y la cuestión del aborto. Luego de varios meses sin embajador, el 22 de octubre de 2008, la presidenta ―con acuerdo del Senado― designó en el cargo a Juan Pablo Cafiero, cuyo plácet fue inmediatamente aprobado por el Vaticano.

Gestiones humanitarias por los rehenes de las FARC

La cantante Madonna, Ingrid Betancourt y Cristina en la Casa Rosada.

La primera mandataria ha intervenido en las gestiones relativas al canje humanitario de los rehenes de las FARC en la República de Colombia, problema sobre el que había venido trabajando desde un tiempo antes de asumir, cuando invitó al país a la madre de Ingrid, en mayo de 2007.Ya asumido el poder como presidenta, dispuso que su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, integrara la misión humanitaria que viajó a un municipio colombiano para instrumentar el canje, aunque finalmente el mismo no pudo realizarse en esa ocasión. En abril de 2008 viajó a París para participar en la Marcha Blanca por la libertad de Betancourt.

El gobierno francés agradeció el compromiso argentino. Una vez liberadas, las rehenes Clara Rojas y Consuelo González, viajaron a la Argentina para agradecer a la presidenta las gestiones que contribuyeron a su liberación. Lo mismo hizo Ingrid Betancourt en diciembre de 2008, luego de ser liberada en julio de ese año, oportunidad en la que le manifestó a la presidenta Fernández:

Te debo mucho a ti y al presidente Kirchner. Por eso quise estar aquí para expresar mi gratitud en forma personal.

Ingrid Betancourt.

Disculpas de la CIA por un anuncio sobre inestabilidad en Argentina

El 25 de febrero de 2009, en la primera conferencia de prensa que realizó el nuevo director de la CIA, León Paneta, designado por el presidente Barack Obama, el funcionario al responder a una pregunta, se refirió a la Argentina, Ecuador y Venezuela, al citar a un informante no identificado que insistió en señalar que «hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica».

La presidenta Cristina Fernández inmediatamente dio órdenes al ministro de Relaciones Exteriores para que repudie las declaraciones del jefe de la CIA y pida explicaciones al gobierno de Estados Unidos. El ministro Jorge Taiana convocó al embajador estadounidense y expresó en declaración de prensa:

Tomamos conocimiento, con sorpresa y malestar, de las declaraciones de Paneta, director de la tristemente célebre CIA. Son irresponsables, infundadas e inmaduras, y no muestran el respeto que debe existir entre los países. Las palabras de Paneta son una clara injerencia en los asuntos internos de nuestro país, y mucho más proviniendo de una agencia que tiene una triste historia de intervenciones e interferencias en la región.

El 27 de febrero, León Paneta ―director de la CIA―, se comunicó con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para pedir disculpas al gobierno y al pueblo argentino, así como para también confirmar que el dato conflictivo se lo había comentado un «funcionario latinoamericano», cuya identidad no reveló.

Estados Unidos tiene y quiere mantener una buena relación con la Argentina y no hay explicación para el error que cometí. Me preguntaron de qué países me habían hablado y respondí sin pensarlo... Lo que dije no representa la posición del gobierno de Estados Unidos, pero tampoco la mía personal.

León Panetta.

Ese mismo día, el embajador estadounidense en la Argentina, Earl Anthony Wayne, le explicó al ministro Taiana que «los comentarios del director de la CIA no fueron una expresión de la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina», confirmando también que los mismos provinieron de un funcionario extranjero que no identificó. En la misma reunión, el embajador Wayne organizó con el ministro Taiana, una agenda de trabajo conjunto de la presidenta Fernández y el presidente Obama en la reunión del Grupo de los 20.

Gestiones con Cuba para autorizar a Hilda Molina a salir de ese país

Entre las gestiones humanitarias llevadas adelante por la presidenta Fernández se encuentran las que realizara ante el gobierno de Cuba para que éste autorizara a la médica Hilda Molina a salir de ese país, con el fin de visitar a su madre enferma, a su hijo y a sus dos nietos argentinos, residentes en la Argentina. Cristina Fernández había iniciado las gestiones en 2004, hasta que el 12 de junio de 2009 el gobierno cubano emitió la autorización solicitada. El 14 de junio, Hilda Molina llegó a la Argentina, agradeciendo a la presidenta y al pueblo argentino por las gestiones realizadas.

Propuesta argentina y resolución del Mercosur para flexibilizar la patente de la vacuna contra la gripe A

En la cumbre Mercosur realizada el 24 de julio de 2009, la presidenta de Argentina Cristina Fernández reclamó «una suerte de levantamiento o suspensión en materia de derecho de patente» de la vacuna contra la gripe A (H1N1), para poder atender a todas las personas afectadas por la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 a precios socialmente razonables, debido a que el laboratorio que tiene el monopolio de la patente no tiene la capacidad para producir de inmediato todas las vacunas que se necesitan. Fernández informó también que tanto la Argentina como Brasil estaban en condiciones de comenzar sin dilaciones a producir la vacuna contra el virus.

Ese mismo día los jefes de gobierno del Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay) aceptaron la propuesta argentina y emitieron una decisión, considerada inédita por la prensa, en la que exigieron la «flexibilización» de las reglas internacionales sobre patentes a fin de permitir la fabricación de la vacuna cuando un país afectado por la pandemia lo necesite. Textualmente la resolución aprobada por la Cumbre del Mercosur dice:

En caso de que se requiera, se deben activar los mecanismos relacionados con las flexibilidades contempladas por los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual y el Comercio (ADPIC).

Posición y acciones ante el golpe de Estado en Honduras

El 28 de junio de 2009, ante el golpe de Estado en Honduras que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya, la presidenta Fernández adoptó una estricta política de condena, definiendo la acción como un «retorno a la barbarie» y un «golpe cívico mediático», y propuso desconocer tanto a las autoridades golpistas, como al gobierno surgido de las elecciones convocadas por el gobierno golpista, reclamando la restitución del presidente depuesto. La posición argentina fue coordinada con Brasil, y se impuso como posición general en el Mercosur, la Unasur y la OEA.

Soberanía de las Islas Malvinas

Artículos principales: Exploraciones petroleras sobre mares de las Islas Malvinas y Crisis diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas de 2010-2012.

El 3 de febrero de 2010 la cancillería argentina realizó una protesta formal ante la decisión de Gran Bretaña de instalar una plataforma marítima para explorar yacimientos petrolíferos en el área de las Islas Malvinas. La Argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas que ejerció hasta 1833, cuando fue ocupada por Estados Unidos y Gran Bretaña sucesivamente. Actualmente, las islas Malvinas se encuentran entre los territorios no autónomos a ser descolonizados bajo supervisión de las Naciones Unidas.

Ese mismo día altos dirigentes de la oposición se reunieron en Gran Bretaña con el gobierno para consolidar relaciones con ese país, entre ellos los diputados Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, y Oscar Aguad, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Los legisladores argentinos fueron severamente cuestionados por el gobierno de Cristina Fernández, por «prestarse a una operación política» británica, con el fin de apoyar la escalada británica en la disputa por la soberanía de las islas.

La presidenta Cristina Fernández respondió a la decisión británica con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas y solicitó el apoyo al reclamo argentino por parte de los demás países latinoamericanos.

Los 32 países latinoamericanos y del Caribe manifestaron por unanimidad su apoyo a los «legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la cuestión de las islas Malvinas», en ocasión de la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, realizada el 23 de febrero, y declararon que la presencia inglesa en esos territorios constituyen una «intrusión». El gobierno argentino puso de manifiesto que el apoyo a la Argentina incluye a varias naciones que fueron colonias inglesas e integran el Commonwealth británico, como Jamaica, Barbados y Belice. En su discurso ante la cumbre, Cristina Fernández denunció que:

Los que tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU pueden violar sistemáticamente las resoluciones de ese organismo, y el resto de los países se ven obligados a cumplirlas bajo pena de ser considerados un país enemigo, intervenidos bélicamente o intervenidos políticamente sus gobiernos.

Finalmente, el 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estados de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde recibió con agrado el pedido de Cristina Fernández para mediar ante Gran Bretaña. Hillary Clinton dijo que el diferendo por las Malvinas es un «asunto que debe ser resuelto entre el Reino Unido y Argentina» y «si hay alguna manera en que podemos ayudar para facilitar este esfuerzo, estamos listos a hacerlo».

Tanto la postura Hillary Clinton, como el apoyo unánime de los países latinoamericanos y caribeños, ha sido considerada como un triunfo histórico para la posición argentina y causó «desconcierto y consternación» en Gran Bretaña.

En lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas el gobierno ha mantenido una constante presencia en la Organización de las Naciones Unidas, quien siempre ha fallado favorable a Argentina. Ante la escalada de tensión por la exploración petrolífera de las mismas por parte de Gran Bretaña, la presidenta respondió con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas, posición apoyada por la Unasur en su conjunto. Este reclamo fue escuchado por Hillary Clinton, quién se mostró personalmente dispuesta a mediar, situación que causó desconcierto en los británicos.

Cabe mencionar que Argentina obtuvo el respaldo de la comunidad latinoamericana y el Caribe en torno a la postura de recuperar las islas mediante la vía pacífica mientras que el Reino Unido a través de los dichos de su primer ministro británico David Cameron señalaron que la soberanía de las Malvinas la deciden los mismos isleños por su derecho de autodeterminación. A pesar de la militarización del océano Atlántico Sur denunciada por el gobierno argentino ante las Naciones Unidas, el primer ministro Cameron respondió que dicho envió de buques no es una acción de militarización de la región de las islas y el Atlántico sur, sino son partes de ejercicios rutinarios.

Visita a la Argentina de Hillary Clinton

El 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde se entrevistó con la presidenta Fernández, para luego dar ambas una conferencia de prensa. Ambos países ajustaron coincidencias orientadas a temas como la ayuda humanitaria ante el terremoto de Haití de 2010, la lucha contra el terrorismo internacional, las políticas de estímulo frente a la crisis económica mundial de 2008-2010 y los programas de seguridad nuclear. Un hecho destacado de la reunión fue el pedido de mediación a Hillary Clinton por parte de Cristina Fernández, y la manifestación de aquella de estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Argentina y Gran Bretaña se sienten a negociar. En la reunión también se plantearon las diferencias frente a la posición de ambos países ante la situación en Honduras. Finalmente, en la conferencia de prensa, Hillary Clinton felicitó al gobierno argentino por su política de desendeudamiento y el bajo nivel de deuda externa alcanzado.

Desagravio al Paraguay

En 2007, cuando Cristina era primera dama, elogió en un discurso público al presidente paraguayo Francisco Solano López (1826-1870), calificando a la Triple Alianza como una triple traición a los intereses de Latinoamérica frente a los imperialismos. A ello se sumó el 14 de septiembre de 2007 la imposición del nombre «Mariscal Francisco Solano López» al Grupo de Artillería Blindado 2, una unidad militar del Ejército Argentino con asiento en Rosario del Tala (provincia de Entre Ríos).

Frente a esto, el diario La Nación respondió con una editorial, firmada por su director, tataranieto del general Bartolomé Mitre, fundador del mismo diario, en que comparaba a Solano López con Adolfo Hitler. Este editorial provocó una respuesta enérgica en la intelectualidad paraguaya y también entre intelectuales de izquierda en general.

Al respecto, la presidenta Cristina Fernández expresó:

Algún medio de comunicación, fundado tal vez por uno de los que encabezó aquella triple traición, me criticó duramente. No importa, la verdad histórica no puede taparse con editoriales. Está escrita, desgraciadamente a sangre y fuego en el corazón del pueblo paraguayo.

Cristina Fernández de Kirchner

El 25 de febrero de 2010, durante la inauguración de la represa de Yacyretá, la presidenta mencionó la devolución por parte de Juan Domingo Perón de los trofeos de la Guerra de la Triple Alianza. También lo contextualizó como una señal de amistad con el Paraguay.

Desagravio al Perú

El 22 de marzo de 2010 la presidenta Fernández viajó al Perú con el objetivo central de desagraviar a ese país y normalizar las relaciones, luego de que el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, realizaran en 1995 una operación de contrabando de armas a Ecuador, realizada de manera ilegal y encubierta cuando esos países mantenían un conflicto limítrofe con episodios de enfrentamiento armado, dañando seriamente las relaciones entre la Argentina y el Perú.

La Argentina y el Perú han mantenido una continuada política de alianzas desde los tiempos de la independencia, compartiendo incluso al mismo padre de la patria, José de San Martín. El Perú, por su parte, dio una fuerte muestra de su solidaridad con Argentina, cuando durante la Guerra de Las Malvinas (1982), ofreció armamentos y combatientes para enfrentar a Gran Bretaña, acto que la sociedad argentina ha valorado en alto grado. Por estas razones la operación del expresidente Menem había sido vista como una traición histórica de la Argentina contra el Perú.

En esa oportunidad Cristina Fernández se entrevistó con el presidente del Perú Alan García manifestando:

Con pocas naciones (la Argentina tiene) relaciones tan importantes como con la querida hermana República del Perú, con tantos lazos históricos comunes. Esta es una visita de desagravio institucional y reparación histórica que nos debíamos a nosotros los argentinos y a nuestros hermanos peruanos. Siento que estoy cumpliendo un mandato de todo el pueblo argentino para reafirmar la importancia de consolidar la unidad de la región como una unidad que no solo tenga basamentos económicos.

Cristina Fernández de Kirchner

El presidente Alan García, por su parte, expresó:

Fue un enojoso incidente que jamás debió ocurrir, pero no cambia la amistad con el pueblo argentino. Renovamos nuestro afecto y cercanía, y saludamos que podamos hacer muchas cosas juntos.

Alan García

La Unasur elige secretario general al expresidente Kirchner

El 3 de mayo de 2010, la política exterior del gobierno argentino logró que el expresidente Néstor Kirchner fuera elegido por unanimidad como primer secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas.

Discurso ante el 2.º Congreso de la Confederación Sindical Internacional

El 24 de junio de 2010 la presidenta Cristina Fernández fue invitada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) a hablar ante su segundo Congreso, celebrado en Vancouver(Canadá). Su presencia ante la máxima instancia del movimiento obrero mundial, se produjo en momentos que el sindicalismo internacional estaba luchando por incluir una agenda favorable a los trabajadores en el G20, con el fin de dar paso a un nuevo modelo de crecimiento con justicia social, que reemplace al neoliberalismo.

Luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablara ante la Confederación Sindical Internacional (CSI), su nueva presidenta, la australiana Sharan Barrow dijo las siguientes palabras:

Les dije, es una maravillosa mujer. Y para la Argentina tienen mucha suerte de tenerla como presidenta. Nosotros, por nuestra parte adoptamos su liderazgo alrededor del mundo. Ella lo sabe: empleo, protección social, servicios públicos; estas cosas son importantes. Son importantes para la vida de la gente, son importantes para la economía, para los mecanismos de la demanda. Nosotros sabemos que la presidenta de Argentina puede enseñarles a esos que en Europa están siguiendo el viejo truco del recorte. El ajuste es el centro de la cuestión. Quiero entregarle un oso, es un símbolo canadiense, es un símbolo de los pueblos originarios. Significa «generosidad», significa «paciencia», significa «una excelente maestra». Qué más puede decirse de una maravillosa mujer, que no solo es la presidenta de Argentina, sino que además en la reunión del G20 que se realizará esta semana, yo sé que ella va a levantarse para poner el trabajo decente, el empleo, el Pacto Global por el Empleo, y las medida que ella nos ha transmitido, en el corazón del comunicado final, con todos nosotros, y nuestras familias y la estabilidad del futuro económico, en mente. Mientras le agradezco a la presidenta, puedo decirles que, junto a ella se encuentra Carlos Tomada. Es su ministro y un muy buen amigo nuestro también. Carlos, realmente apreciamos tu amistad. Para aquellos líderes y presidentes que no comparten nuestros valores, les decimos que ya es tiempo de que se vayan. A tu presidenta le decimos que nosotros queremos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se mantenga de pie, porque el poder del Estado es el único poder democrático capaz de lograr una globalización justa.

Sharan Barrow, presidenta de la Confederación Sindical Internacional

Otras áreas

Política ambiental

El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la presidenta vetó la ley 26.418, mejor conocida como Ley de protección de glaciares, que había sido aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados (136 votos afirmativos, 3 abstenciones y 121 ausencias), y con tres votos en contra en el Senado.

Este proyecto de ley, proponía principalmente la regulación de las actividades permitidas en los glaciares y su entorno, prohibiendo absolutamente las actividades industriales y mineras, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura (con excepción de las científicas) y la liberación de sustancias contaminantes sin importar el volumen de las mismas.

El veto fue fundamentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el hecho de que la prohibición de actividades que realiza «el Proyecto de Ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional», haciendo referencia al régimen federal que establece la Constitución y la autonomía que la misma garantiza a las provincias. El decreto menciona al respecto la «preocupación» manifestada por algunos «gobernadores de la zona cordillerana» ya que el texto sancionado «repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias» e invita a los legisladores y gobernadores a resolver la cuestión mediante la constitución de «un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas a adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente peri glacial».

En 2010 se votó y sancionó una nueva ley de glaciares que fue promulgada el 28 de octubre. Dicha ley 26.639 establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente peri glacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público. El 28 de febrero de 2011 se reglamentó la ley estableciéndose los presupuestos mínimos y la inmediata confección de un inventario de glaciares.

Política de derechos humanos

Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París (7 de abril de 2008).

Durante su presidencia, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1999) que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La política de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ha sido uno de los aspectos centrales de sus presidencias. La misma, en general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura, así como por los principales partidos de oposición.

El 1 de marzo de 2008, al inaugurar formalmente el período de sesiones del Congreso, Fernández cuestionó la lentitud del avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad:

Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo. Es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo.

La referencia de la presidenta Fernández a la demora de la Justicia para resolver las causas por delitos contra la humanidad, estaba relacionada con la crítica a la Cámara de Casación Penal realizada por el entonces presidente Kirchner, el 26 de marzo de 2007, por la gran demora en resolver los recursos que presentaban sistemáticamente los represores acusados, causando la parálisis de casi todas las causas. En esa oportunidad Kirchner había sido muy cuestionado por criticar a la Cámara de Casación, por parte de algunos conocidos juristas y políticos opositores.

El discurso de Cristina Fernández fue cuestionado en ese momento por la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, atribuyendo las demoras a la falta de recursos:

Le diría a la señora presidenta, que lo sabe además perfectamente bien, que el Legislativo y el Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios primero nombren a los jueces que no tenemos. Porque hay un montón de jueces que se excusan o son recusados por las partes y de dónde sacamos jueces sino tenemos. Necesitamos cargos de personal para lo cual hace falta plata. Todos los años mandamos el presupuesto del Poder Judicial y todos los años el Ministerio de Economía primero y luego los legisladores lo recortan.

El 17 y 18 de diciembre de 2008, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por W. Gustavo Mitchell, Guillermo J. Yacobucci y Luis M. García, por dos votos contra uno (Mitchell), ordenó la liberación de 21 represores acusados de delitos de lesa humanidad en la mega causa ESMA, entre ellos Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua en Francia, argumentando que se había excedido el plazo legal máximo de prisión preventiva autorizado por la ley.

La decisión fue severamente cuestionada por Cristina Fernández el mismo día que se dieron a conocer los fallos, en un acto realizado precisamente en la ESMA, transformada en centro para la memoria:

Es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial... Confío en que la Justicia argentina coloque a nuestro país en el lugar de donde nunca debería haber salido... Si piensan que pueden amedrentarme porque soy una mujer, que lo olviden: nunca lo van a lograr.

El fallo también fue criticado por dirigentes políticos de diversas tendencias y activistas de derechos humanos. Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que el fallo era «una cachetada, una vergüenza». Por su parte, la diputada Victoria Donda, nacida y despojada de su identidad en la ESMA, acusó al tribunal: «No me sorprende, porque es precisamente esta Cámara de Casación Penal la que tiene una estrategia de beneficiar a los genocidas».Ragmar Hagelin, padre de la adolescente Dagmar Hagelin desaparecida en la ESMA, definió el fallo como «un sacrilegio», «una cachetada en cada mejilla del pueblo argentino» y sostuvo que «es una vergüenza nacional que haya jueces que a esta altura de los hechos tomen una decisión semejante».

Ante el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, suspendiendo así la liberación de los represores y solicitar en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra los dos jueces (Yacobucci y García) que votaron a favor en la decisión.

El 29 de diciembre de 2008 la Corte Suprema tomó medidas para agilizar los juicios de lesa humanidad y simultáneamente culpó al gobierno y al Congreso por las demoras. Mediante una acordada, la Corte reclamó a los juzgados de todo el país la agilización de los juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la última dictadura militar, mientras que el juez Carlos Fayt, respondió a las críticas contra la Cámara de Casación, atribuyéndole la culpa al Congreso Nacional y al gobierno:

No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados.

La Corte también creó en esa ocasión una unidad de superintendencia con facultades especiales para monitorear causas pendientes, pedir información a los jueces sobre avances y demoras en los procesos y establecer medidas que eviten demoras. En la misma ocasión invitó a los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, así como al Ministerio Público Fiscal, a que aceleren las causas.

Al día siguiente, Julio César Strassera, quien fuera fiscal de los Juicios a las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, acusó al gobierno de estar demorando la causas de derechos humanos para utilizarlas como una bandera.

En 2009, el Poder Judicial anunció el envío a juicio oral de varias causas de crímenes de lesa humanidad. Entre ellas se fijó fecha para el 10 de octubre, en el Tribunal Oral Federal Nº 5, para dos de los diez tramos de la mega causa, correspondientes a la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh, donde serán enjuiciados Astiz, Acosta, Rolón, Pernías, entre otros represores.

El 24 de marzo de 2010 la presidenta Fernández anunció que apoyaría a las Abuelas de Plaza de Mayo en caso de que estas decidieran denunciar al Poder Judicial argentino ante tribunales internacionales, debido a las maniobras dilatorias e irregulares en la causa contra Ernestina Herrera de Noble, propietaria del multimedio Clarín, por el presunto secuestro y robo de identidad de dos hijos de desaparecidos a los que haría pasar como hijos, una de las causas más demoradas dentro de las investigaciones relacionadas con el tráfico de bebés en el Proceso de Reorganización Nacional.

Nueva ley de medios audiovisuales

Artículo principal: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En 2007 Cristina Kirchner prometió en su plataforma electoral presentar un proyecto de ley de radiodifusión que reemplazara la sancionada por la dictadura militar en 1980.El punto había sido incluido también en la plataforma electoral de Néstor Kirchner, pero finalmente no fue realizado durante su mandato.

El 18 de marzo de 2009 la presidenta Fernández hizo público su proyecto de Ley de Radiodifusión en el Teatro Argentino de La Plata, tomando como base los 21 Puntos consensuados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Algunos partidos políticos de oposición solicitaron que el proyecto no fuera presentado al Congreso Nacional antes de las elecciones parlamentarias del 28 de junio.

El 27 de agosto de 2009 el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado (media sanción) el 15 de septiembre. Finalmente el proyecto fue transformado en ley por la Cámara de Senadores en sesión del 9 de octubre, como Ley Nº 26.522.

El proyecto contó con el apoyo unánime de los diputados del oficialismo (Bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista), y de varios partidos de la oposición, como el Partido Socialista, el Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), Partido de la Concertación FORJA, entre otros .El proyecto recibió también el rechazo de varios partidos de la oposición, como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Propuesta Republicana(macrismo) y el peronismo disidente (duhaldismo, felipismo, De Narváez, etc.), entre otros.

El proyecto fue apoyado también por las dos centrales sindicales (CGT y CTA),así como por los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación audiovisuales. El proyecto también contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, y de la Federación Universitaria Argentina.

El proyecto también contó con el apoyo de organizaciones internacionales como la que expresó Frank La Rué, relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la FEPALC (Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe) y la OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes Región Cono Sur),entre otras.

En sentido contrario el proyecto fue rechazado por las cadenas de medios de comunicación más grandes del país, como el multimedio Clarín y el Grupo Uno. También expresó su rechazo al proyecto la ADEPA (Asociación de Empresas Periodísticas), dirigida por estos grupos.

El proyecto establece que las frecuencias de radio y televisión son un bien público y que deben ser entregadas a quienes pretendan utilizarlas, mediante concurso público por plazos de 10 años, prorrogables por otros 10. Se divide a los emprendimientos de comunicación audiovisual en tres tipos:

 Medios comunitarios (organizaciones sin fines de lucro).

 Empresas privadas con fines de lucro

 Medios públicos (estado nacional, provincias, municipios y universidades públicas).

Se reserva un tercio del espectro para las licencias correspondientes al primer tipo, es decir, los medios operados sin fines de lucro.

La ley establece límites estrictos para impedir la concentración monopólica y oligopólica de medios, poniendo un tope de 10 licencias (anteriormente era de 24) y manteniendo también la prohibición actual a las empresas telefónicas; el levantamiento de esta restricción fue propuesto, pero luego retirado (como concesión hacia partidos de oposición de centroizquierda). Se obliga a los propietarios y directivos de medios a respetar la libertad de expresión y el pluralismo. Se establecen garantías para los usuarios y normas especiales de protección y fomento de medios de comunicación bajo dirección de los pueblos originarios. Regula con detalle la formación de redes de medios y establece límites precisos de producción y contenidos locales y provinciales, para evitar que los medios se conviertan en meras repetidoras de medios ubicados en la Capital Federal u otros países y fortalecer la existencia de medios y profesionales locales. Dispone una difusión mínima de un 70% de producción nacional, 30% de música nacional y un 50% de música grabada por productoras independientes, así como regulaciones para la extensión y forma en que debe difundirse la propaganda comercial (límites de tiempo y obligación de tanda). Cada canal de televisión deberá estrenar un mínimo de 6 películas nacionales por año. Una radio temática (por ejemplo de música clásica, o de jazz) igualmente puede solicitar permiso para emitir una proporción mayor de producción extranjera.

Se creó la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), que reemplazó al COMFER y que se organizó como organismo autárquico dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En el proyecto original la AFSCA era dirigida por un directorio de cinco funcionarios: tres por el Poder Ejecutivo Nacional y dos por la segunda y tercera minorías parlamentarias. La composición de la AFSCA se modificó en el debate parlamentario, quedando integrado por siete miembros: dos por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (uno para cada una de las tres primeras minorías) y dos elegidos por el Consejo Federal (uno de los cuales debe ser representar a una universidad nacional). La AFSCA tiene también un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, de carácter consultivo, integrado por las provincias, universidades y organizaciones sociales. La AFSCA será controlada por una Comisión Parlamentaria Bicameral. Se crea también al Defensor del Público y varios registros públicos con el fin de trasparentar la información (Accionistas, Licencias y autorizaciones, Señales y productoras, Agencias de publicidad y productoras publicitarias).

A marzo de 2011 se encuentra suspendida la aplicación de los artículos que obligan a la desinversión por parte de los multimedios. Hecho impulsado por el Grupo Clarín a través de presentaciones judiciales a las que se les ha dado lugar.

Despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público

El 11 de septiembre de 2009 la presidenta Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público. El proyecto se relaciona con la libertad de expresión y la libertad de prensa y respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de mayo de 2008, en el caso Eduardo Kimel c/ Argentina, al periodista argentino Eduardo Kimel, condenado a un año de prisión, en el año 2000, por sus cuestionamientos a un juez realizadas en una investigación periodística sobre la masacre de los sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio en 1976, durante la dictadura militar que gobernaba en ese momento, publicada como libro bajo el título de La masacre de San Patricio.

El proyecto propuso derogar el artículo 112 del Código Penal vigente en ese momento, que establecía el llamado «delito de calumnias o injurias encubiertas», y agregar en el texto de los restantes artículos referidos a los delitos de calumnias e injurias, que «en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas». El proyecto adoptó una posición radical en la materia, despenalizando absolutamente todo tipo de expresiones, cuando estén referidas a asuntos de interés público o no sean asertivas. De ese modo el proyecto fue más allá de la doctrina de la real malicia, que había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo Morales Solá , y que sostiene que en el caso de los periodistas, había que probar que sabían que la noticia era falsa, o al menos, que tuvieron una notoria imprudencia el momento de verificar su veracidad como no haber 'chequeado' las fuentes.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2009, con 154 votos a favor, 12 en contra (de ellos 4 de Propuesta Republicana-PRO), 2 abstenciones, y la ausencia de 91 diputados. En el Senado el proyecto fue votado el 18 de noviembre de 2009, siendo aprobado por unanimidad de los 51 senadores presentes, aunque estuvieron ausentes 21 senadores.

El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, felicitó a las autoridades argentinas por la sanción de la ley, señalando que «es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina».

Festejos del Bicentenario

Artículo principal: Bicentenario de Argentina.

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional organizó el principal evento conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrolló principalmente en un tramo de la más importante arteria de la ciudad, la Avenida 9 de Julio. El festejo comenzó el día 21 de mayo y finalizó el 25 de mayo, «día del Bicentenario». Si bien la conmemoración se realizó durante todo 2010 en el país, este evento fue el único en el que se encontraron representadas las provincias y países invitados.

El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su gobierno. De los 12 elegidos, 7 ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y 5 asumieron por primera vez un ministerio.

Crítica

Título universitario

Durante la campaña electoral en la que fue elegida presidenta, el abogado Sergio Bergenfeld (presidente de la ong Defensa Ciudadana) y el periodista Christian Sanz (jefe de redacción del periódico Tribuna) denunciaron ante la justicia penal a Cristina Fernández de Kirchner sosteniendo que el título de abogada emitido por la Universidad Nacional de La Plata se encuentra falsificado.

En dicho proceso, la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) remitió la documentación oficial que acreditaba el título de Cristina Kirchner, ratificando que la presidenta se graduó en esa casa de estudios en 1979. Quedó así en evidencia la falsedad de la denuncia.

Conflicto con Estados Unidos por el escándalo de Antonini Wilson

Artículo principal: Escándalo de la valija.

Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos, comprometió a la presidenta Fernández de Kirchner, en un sonado caso de contrabando de dinero, al sostener públicamente que el mismo estaba destinado a su campaña electoral y había sido enviado por el gobierno de Venezuela. El anuncio provocó una dura respuesta de la presidenta que calificó el hecho como una «operación basura» proveniente de los «basurales de la política internacional», impulsado por países que, «más que países amigos, quieren países empleados y subordinados», para ratificar su decisión de profundizar las relaciones de unidad con los demás países de América Latina. La respuesta de la presidenta significó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.

Cambios en las retenciones a la exportación y el paro agropecuario

Artículo principal: Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008.

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo. La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada «sojización» del campo argentino y preservar la «política de dólar alto». Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incrementó de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo. La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro patronal con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días. El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las patronales agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones. Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.

Imagen del gobierno y la oposición

El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significó una importante caída de la imagen de Cristina Fernández, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición habría alcanzado altas tasas de imagen negativa, aunque ciertas figuras opositoras como el vicepresidente Julio Cobos superaban largamente en popularidad.

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos ―según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web― en la cual figura con el 32,43% de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23,67% y Mauricio Macri con el 23,39%.

Sin embargo, en febrero de 2009, la imagen negativa de la presidenta creció del 39% al 41%, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29%. La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarrea un enfriamiento de la actividad económica; el crecimiento de los reclamos de transparencia en el manejo del Indec; el inicio de la epidemia de dengue; la creciente inseguridad; los cuestionamientos a algunos de los funcionarios más controvertidos del gobierno como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el secretario de Comercio Guillermo Moreno; etc. Los sectores donde se registró mayor apoyo a la presidenta fueron los mayores de 30 años y los de menor nivel educativo. Geográficamente, el sector donde se registra la mayor tasa de imagen positiva es el conurbano bonaerense, donde predomina la actividad industrial, con un 38%, en tanto que la más baja se registró en la región agrícola pampeana, con un 20% de imagen positiva. La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.

Un sondeo de la encuestadora CEOP publicado en noviembre de 2009 ubica la imagen positiva de la presidenta entre el 46% y el 52%.

En enero de 2010 la empresa mexicana Consulta Mitofsky, en su evaluación anual de mandatarios, sin citar fuente de datos ni explicar la metodología empleada, ubicó a la presidenta Fernández en el grupo de mandatarios con evaluación muy baja, con 35%, junto a los presidentes de Canadá (26%), Perú (26%) y Nicaragua (26%).

En marzo de 2011, una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo, publicada en los diarios Perfil de Argentina y El Mundo de España, ubicó un a Fernández con un 64% de imagen positiva.

En 2009, Fernández de Kirchner fue considerada por la revista Forbes como la undécima entre las cien mujeres más poderosas del mundo. Ascendió dos posiciones más con respecto al año anterior, 2008.Aunque actualmente está ocupando el puesto número 68 en dicho ranking.

Situación del vicepresidente Julio Cobos

Cristina Fernández de Kirchner inaugura las sesiones ordinarias del Parlamento Argentino (1º de marzo de 2010).

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

Pocos días antes, Elisa Carrió ―una de las principales dirigentes de la oposición― había acusado a Cobos de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el expresidente Eduardo Duhalde. El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de vicepresidente, debe reemplazar a la presidenta cada vez que esta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, re estatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso. Sin embargo Cobos se negó a hacerlo respaldando la re estatización del sistema de jubilaciones.

Esta situación, que permitiría al vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por la presidenta, o tomar decisiones que la presidenta desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el vicepresidente debería renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.

Conflicto por el Fondo del Bicentenario

Véase también: Fondo del Bicentenario

El 14 de diciembre de 2009, Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/2009.

La intención de la presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009. Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la «independencia» o la autonomía del Banco Central, y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. Adicionalmente, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió por su parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.

El 29 de enero de 2010, Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina, pero el jefe de gabinete Aníbal Fernández, aseguró que la presidenta no se la aceptaría.

El 3 de febrero de 2010 la destitución de Redrado fue confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su lugar Mercedes Marcó del Pont. Finalmente la presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento.

Retiro de subsidios

El 16 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional ―a través de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Economía Amado Boudou y el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido― anunció el retiro de subsidios a los consumos en agua, electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país. La medida fue recibida en forma crítica por los principales medios informativos y opositores al gobierno nacional. Según los mismos, el retiro de subsidios no tiene que ver con mejorar la distribución de la renta, sino con mejorar las cuentas fiscales.

La aplicación de subsidios había sido impuesta en forma gradual durante la presidencia de Néstor Kirchner, como parte de un plan para aumentar en forma indirecta el salario real. Pero ya desde el comienzo de la presidencia de Cristina Kirchner las transferencias hacia los sectores medios y altos comenzó a tener fuertes críticas, incluidos los mismos medios que luego criticaron el retiro de dichas transferencias.

La cuenta fiscal de 2011 destinada a la Asignación Universal por Hijo fue de algo más de 10 000 millones de pesos. Mientras que en 2010 el Estado Nacional erogó en subsidios al consumo más de 40 000 millones, de los cuales alrededor de 16 000 millones fueron a bolsillos de sectores medios y altos. Según Javier González Fraga, en 2008 un millón de familias del Gran Buenos Aires con ingresos superiores a los 6000 $ recibió transferencias por 750 $ mensuales en concepto de tarifas baratas.

Como las transferencias desde el sector público a los privados puede ser visto como un impuesto negativo, la progresividad en los subsidios se da a la inversa que en los impuestos: se debe transferir más a los de menor ingreso. De transferirse en igual proporción tanto a ingresos bajos como a ingresos altos, la transferencia se hace regresiva respecto a la renta. Este fue el argumento del Gobierno para retirar subsidios a quienes pueden pagarlo.

A raíz de las críticas surgidas por la medida, el gobierno implementó un sistema de renuncia voluntaria, que también fue criticado por medios opositores.

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