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Expropiación petrolera

El discurso de expropiación que el presidente Cárdenas dirigió por radio a la nación tuvo una duración de poco más de quince minutos. Dio a conocer la negativa de las compañías petroleras para dar cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia, denunció la substracción de fondos que habían hecho con antelación los empresarios para justificar su incapacidad para pagar a los obreros el monto que dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Expuso las repercusiones y afectaciones que tendría el país si la producción del combustible fuera nula o insuficiente. Explicó que siendo esos motivos de interés público para los mexicanos, y aún para los extranjeros residentes en la república, se veía obligado a actuar de inmediato para aplicar la Ley de Expropiación y de esta manera no afectar a la industria ni a la economía del país.

El discurso incluyó una breve historia de la actuación de las empresas petroleras. Explicó que éstas habían gozado durante muchos años de beneficios fiscales, franquicias aduanales e innumerables prerrogativas, a veces, en contra del derecho público. Señaló que, en contraste, la obra social de las compañías petroleras había sido prácticamente nula, que alrededor de los sitios donde se habían establecido no había escuelas, centros sociales, campos deportivos, hospitales ni obras de aprovisionamiento o sanamiento de agua, ni siquiera plantas de energía eléctrica que podrían haber funcionado con los millones de metros cúbicos de gas que desperdiciaban en sus explotaciones. Asimismo, señaló que en los campamentos de las compañías el personal extranjero contaba con confort, refrigeración y protección contra insectos, mientras que para el personal nacional los trabajos eran rudos y agotantes con salarios inferiores. Denunció las historias de atropellos, abusos y asesinatos derivadas de actos cometidos por agrupaciones y policía privada para salvaguardar los intereses de las compañías, así como la existencia de las facciones rebeldes —financiadas por las empresas petroleras— que se mantuvieron levantadas en armas en la Huasteca y el Istmo de Tehuantepec, entre 1917 y 1920, contra el gobierno constituido.41 Denunció también las acciones intervencionistas que las compañías petroleras habían realizado en contra de la política nacional cada vez que veían afectados sus negocios por la fijación de impuestos o por el retiro de las tolerancias a las que estaban acostumbradas.

Pidió a la nación el respaldo moral y material para poder llevar a cabo el acto de expropiación que podría representar un sacrifico económico para poder saldar el compromisos de ideminización y un eventual reajuste cambiario. A la opinión internacional dejó en claro que el deseo que tenía su gobierno era comercializar el petróleo mexicanco con países de tendencia democrática.42

Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instituciones de las compañías,

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