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POLITICA SOCIAL


Enviado por   •  20 de Mayo de 2015  •  1.605 Palabras (7 Páginas)  •  179 Visitas

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION POLICIAL EN TSU Y LICENCIATURA EN SERVICIO POLICIAL. GUATIRE. ESTADO MIRANDA

ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA DESTITUCIÓN

LEY DEL ESTATUTO DELA FUNCION POLICIAL

EFECTOS DE LA DESTITUCIÓN

ARTÍCULO 103.

RESOLUCIÓN 333

ARTÍCULO 18

DISCENTES

T.S.U.APONTE Edgar

V-13.319.574

Guatire, Abril de 2015

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Juegan un rol fundamental en el desarrollo económico de una nación, ya que estas son un conjunto de lineamientos y decisiones que orientan la acción que va a permitir alcanzar determinados objetivos, es decir es un conjunto de acciones que atacan un problema en concreto y logran un objetivo especifico.

Las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad es la acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. Particularmente en nuestro país Venezuela, el Estado es el encargado de velar por el diseño y administración de políticas que proporcionen estabilidad económica y permita la vinculación del sector privado con el gobierno. Visto de otro modo como una de las funciones del Estado, pero para que esto se lleve a cabo se necesitan reglas de juego claras y que sean cumplidas, lo que además implica que los compromisos adoptados por los encargados de la política pública sean creíbles

EVALUACIÓN Y EJECUCIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANAS

.Existencia de un fuerte sesgo policial en la visión de la seguridad, lo que se traduce en la creencia de que la seguridad es una competencia exclusivamente policial, sin que se visualice el papel de la sociedad y tampoco el papel de los otros componentes del sistema de justicia.

.Existencia de instituciones estatales para la Policía (Secretarías de Seguridad, del Interior o de Gobernación) sin que se haya desarrollado plenamente una institucionalidad civil para la conducción y gestión de la seguridad, lo que propicia la existencia de cuerpos policiales con bastante autonomía y autoridades civiles reducidas a la administración de los asuntos policiales.

Inexistencia y/o debilidad de una comunidad de seguridad que promueva el debate, que señale peligros o debilidades y que genere conocimiento y propuestas.

Polarización de enfoques en el tratamiento de la inseguridad: El Estado tiende a privilegiar el control o la represión, mientras organizaciones de sociedad civil insisten en la prevención, sin que se visualice un necesario punto de encuentro entre ambos extremos.

Polarización y manipulación del tratamiento a los delincuentes: mientras la Policía los persigue, los organismos de derechos humanos los defienden; mientras la Policía los captura, los fiscales y los jueces los dejan en libertad.

Restauración de la visión maniquea de buenos contra malos en el manejo estatal de la seguridad: mientras desde la sociedad civil se cuestiona y se descalifican las iniciativas estatales, muchas veces por el solo hecho de provenir del Estado, desde la institucionalidad estatal se adopta una actitud defensiva, que se va volviendo crecientemente ofensiva hacia los mismos cuestionadotes y hacia el resto de la ciudadanía.

Amenaza de restricción creciente de las garantías individuales ante la incapacidad del Estado de enfrentar la inseguridad de forma integral y con fuerte legitimidad social.

Discurso político y social por la mano dura contra los delincuentes, el cual se alimenta del incremento de la inseguridad y del sentimiento de indefensión de la ciudadanía y tiende a distanciar a los organismos defensores de derechos humanos de la ciudadanía.

Politización sectaria del tema de la inseguridad, lo que se expresa en su inclusión en las campañas electorales y en la manipulación del miedo de la ciudadanía.

Persistencia de los cuatro vicios que han caracterizado a los operadores de Justicia, con diversa intensidad en cada uno de ellos: ineficiencia, corrupción, politización partidaria y violación de las garantías individuales, que constituyen la verdadera razón del poco éxito estatal para enfrentar a la criminalidad.

Debilidad de los controles democráticos sobre los operadores de Justicia, lo que deslegitima a las instituciones de Justicia ante la ciudadanía.

Conciente o inconciente estigmatización de la pobreza al asociar el incremento de la inseguridad con el incremento de la pobreza. La misma tendencia se observa en los jóvenes pobres al incrementarse la actividad de las pandillas o maras.

Reducción de la política de seguridad al combate de las maras y concentración de esfuerzos de la sociedad civil en la defensa de sus derechos y en su tratamiento con enfoque preventivo.

Poca visibilidad y atención en la escasa preparación de los operadores de justicia para enfrentar la criminalidad organizada y sofisticada.

EL PLAN PATRIA SEGURA

Es un programa de acciones destinadas a garantizar en todo el territorio nacional la disminución de los índices

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