POLíTICAS PúBLICAS EN MéXICO

POLíTICAS PúBLICAS EN MéXICO

El gobierno por su alta capacidad administrativa tiene la obligación de resolver problemas trascendentales para la sociedad, como pueden ser, el empleo, salud, vivienda, abastecimiento de agua, seguridad, etc., para resolver o incluso prevenir estos problemas es necesaria la eficiente implementación de las políticas publicas, las cuales si cuentean con un aparato administrativo adecuado podrán dar satisfacción a los ciudadanos en el cumplimiento a sus demandas y con esto la sociedad tendrá elementos para catalogar al gobierno de efectivo o no. “Un gobierno puede ser calificado como efectivo si el objeto que le da vida es alcanzado, o si sus rendimientos permanecen y crecen ante los imperativos públicos que tienen encomendados. El grado de alcance de tal objeto es variable y, por consiguiente, variable también el grado de gobernabilidad” [1]

Las políticas publicas generalmente se definen desde el punto de vista de la “decisión” del gobierno, que opta o no por aplicar. Dye menciona que una política pública es aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer”, Frohock menciona que una política pública es: una práctica social y no un evento singular o aislado, ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas.[2] A mi parecer una política pública es la decisión gubernamental plasmada en la resolución de un problema en la comunidad, ahora bien, si una decisión no es a fin de cuentas llevada a cabo solo queda en la elaboración de la política pública y no en su verdadera implementación, es decir solo queda en el papel. Siguiendo con esta línea, el gobierno tiene que dar solución a problemas que surjan en la sociedad a través de la política pública, y si opta por no dar solución entonces no cumple con su función primordial que es la de atender los problemas de la comunidad. La formulación de una política conduce a la elaboración de un producto de análisis, cuyo destino es un actor político.

No es fácil poner en marcha una política pública ya que conlleva una metodología que puede ser flexible o estricta según la situación que este dada. La creación de una política pública y su consecuente implementación es siempre para corregir una falla en la administración pública y tomar la decisión gubernamental para satisfacer una demanda social. Siendo esto así, la elaboración de las políticas no es nada fácil, se trata de un procedimiento realmente complicado. Carlos Ruiz Sánchez en su Manual para la elaboración de políticas públicas estipula seis pasos:

1. Identificar y definir los problemas.

2. Percibir la problemática actual o futura.

3. Seleccionar soluciones.

4. Establecer objetivos o metas.

5. Seleccionar los medios.

6. Implementarla.

Todos los pasos son indispensables, desde luego, si logramos identificar el problema lo tenemos 50% resuelto. Hay que establecer claramente a quien afecta, en donde se presenta y cuanto miden las alteraciones que provoca el problema. Para ello implica el análisis tanto de la coyuntura como de los aspectos sociales y políticos en el lugar que se quiera implementar la política, ya que la mayoría de las veces la ideología-política del gobierno impide la realización del objetivo planteado.

Cuando analicemos la solución al problema para el cual creamos la política pública es conveniente analizar los siguientes elementos:

• Respaldo ideológico-político.

• Valoración de los criterios políticos.

• Valoración de los criterios técnicos.

• Valoración de los criterios administrativos.

También hay que considerar los recursos con los que podemos contar para la planeación y consecuente implementación de nuestra política, tanto tecnológicos como administrativos, organización operativa, gasto, etc. De igual manera deberemos de ser cuidadosos al planear nuestra política ya que debemos tener en cuenta la opinión de la sociedad (o de la parte de ella) a la que aplicaremos nuestros planes, porque a nuestra visión nos puede parecer una magnifica idea pero para las personas puede parecer perjudicial o benéfica

La función más importante de la deliberación publica y la elaboración de políticas es la definición de las normas que determinan cuando deberán considerarse ciertas condiciones como problemas de política. La solución de los problemas puede tener diversas caras, diversas formas de solución y no solo una, por tanto debemos considerar la mayor parte de las opciones y al irlas analizando objetivamente descartar e ir seleccionando las más viables.

“Las decisiones importantes de políticas son algo más que simples esfuerzos por actuar de la mejor manera posible en la situación inmediata que afronta el elaborador de política. Tales decisiones se toman luego de una deliberación cuidadosa y se juzgan por sus efectos de largo plazo, antes que por sus consecuencias inmediatas”.[3]

Ahora bien, en la elaboración de las políticas públicas intervienen tanto instituciones como individuos. Las instituciones son las que instrumentaran y crearan la estructura necesaria para llevar a cabo la implementación de las políticas. Para la coordinación y estabilidad social es necesario la creación de instituciones ya que de ellas ha de depender la viabilidad del sistema político, social y económico. Para ello es indispensable el estudio de las instituciones y crear una teoría para ello. D. North define las instituciones como las reglas del juego en una sociedad mas formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, sea político, social o económico. Hay que distinguir también el papel fundamental que forman las organizaciones que son los jugadores, los participantes que dan vida a las instituciones, una institución sin organización es imposible su existencia. Rene Villarreal hace un análisis en cuanto a la nueva institucionalidad para el desarrollo de una economía de mercado (es decir una nueva económica institucional) que bien podríamos usar de analogía para ejemplificar la estructura gubernamental para la elaboración de políticas publicas: el gobierno es “una institución que deber tener tres elementos básicos:

• Reglas del juego claras, que son las instituciones.

• Con jugadores transparentes, que son las organizaciones.

• Y los incentivos a la productividad y eficiencia. “[4]

Para esto, el gobierno Federal de nuestro país ha creado la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y Crecimiento con Calidad a cargo de Eduardo Sojo Garza Aldape. La cual tiene como funciones:

• Apoyar en general y en lo particular al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el cumplimiento cabal de las responsabilidades y facultades que le confieren el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Contribuir al reemplazamiento a través de la innovación, de los sistemas burocráticos por sistemas emprendedores que transformen a las organizaciones públicas en elementos de mejora y desarrollo, mediante un cambio profundo de cultura hacia enfoques visionarios y de futuro que permitan encontrar solución a los grandes problemas nacionales.

• Coadyuvar en el logro de las políticas públicas mediante la definición de espacios de libertad de los individuos, los ámbitos de acción y de responsabilidad propios de los sectores social y privado así como el grado de intervención que corresponde al estado.

• Contribuir a que la ciudadanía esté mejor informada, de manera que pueda evaluar el desempeño de su gobierno y exigir una rendición de cuentas a las autoridades.

• Propiciar el desarrollo regional bajo el fundamento del respeto a la libertad de cada región y entidad para controlar su propio destino en armonía con el resto de país.

• Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional y combatir los rezagos y las causas estructurales de su marginación, con pleno respeto a sus usos y costumbres, así como promover y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad para equiparar y facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida nacional y promover la construcción eficiente de políticas para el cuidado y desarrollo de la infancia y la adolescencia.

• Propiciar relaciones eficaces y aportar información estratégica entre el equipo de trabajo, sectores de la sociedad, instituciones y órganos de gobierno para acercar el ejercicio del poder público a las expresiones ciudadanas.

• Proporcionar seguridad y apoyo logístico a las actividades del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el desempeño de sus funciones.

• Garantizar la administración eficiente y honesta de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos asignados a la Presidencia de la República.

Es un hecho que con la creación de esta dependencia federal no se solucionaran todos los problemas que acontece nuestro país, pero bien es cierto que es solo un aporte institucional para la creación de políticas públicas. Cada Estado a través de su aparato gubernamental tiene la opción de la creación y evaluación de políticas, no es necesaria la creación de una oficina especial para esto, pero es indispensable que cada persona (político) que tenga el poder de tomar decisiones que afecten a las mayorías se haga cargo de dar respuesta efectiva a las demandas sociales. En teoría cualquier persona puede elaborar una política pública, puede instrumentarla, pero aquellas personas que estén dentro de la toma de decisiones últimas son las que verdaderamente pueden implementar las políticas públicas. Sirve de muy poco que nosotros llevemos a nuestro diputado local una propuesta de política si no tenemos la capacidad decisoria para llevarla acabo en ultima instancia. Si bien es cierto que en nuestro país las políticas públicas son muy poco efectivas en materia de seguridad publica, pobreza, empleo, transporte publico, etc., también es cierto que carecemos de una conciencia política y cívica que deje a un lado el problema de la corrupción; también, de nada sirve que tengamos estupendos aplicadores de políticas si no tenemos la suficiente visión para saber cuales son los problemas que hay que resolver y carezcamos de buenos análisis de las políticas.

Así como hay un Instituto que verifica la legalidad en los procesos electorales habrá que considerar la creación de un Instituto (independiente) de evaluación de las Políticas Publicas en donde se hagan análisis profundos en relación con las políticas existentes y la creación de políticas que resuelvan los problemas trascendentales en nuestro país, porque en realidad sirve de muy poco una sola oficina a cargo del gobierno federal para evaluar la implementación de las políticas. Ya que “el análisis de políticas públicas no es un conocimiento o modelo especifico, es la manera como utilizamos el conocimiento de otras ciencias para resolver –justa y eficientemente - problemas concretos de política publica. [5]

En el trabajo realizado por Baradach nos señala ocho pasos para el análisis de las polticas.

1. Definición del problema.

2. obtención de información.

3. Construcción de alternativas.

4. Selección de criterios.

5. Proyección de los resultados.

6. Confrontación de costos.

7. Decida.

8. Cuente su historia.

Nos muestra metodológicamente pero no de una manera ortodoxa una guía que podemos usar. Parte de lo más elemental como lo es la definición del problema hasta la culminación con la solución de este. El punto más importante de todo el proyecto de análisis que tengamos es la definición del problema ya que de ahí tendremos que partir para desarrollar nuestro análisis y si no tenemos bien identificado el problema difícilmente podremos llegar a una solución que satisfaga a nuestro cliente o a la sociedad donde queramos implementar nuestra política. Este es un paso crucial que marcara el devenir de nuestro análisis. Posteriormente el paso que requiere mas trabajo no solo intelectual sino físico es la obtención de información ya que tendremos que usar de nuestro ingenio para poder adquirir información que nos pueda ser útil a nuestro proyecto y no solo recoger información para acumularla.

En cuanto a la construcción de alternativas tenemos que plantearnos claramente las opciones que tomaremos en cuenta en nuestro análisis y consecuentemente la selección de los criterios para ir delimitando mas nuestro problema y no perdernos en un bagaje inmenso de información y posibles soluciones.

La proyección de resultados tiene que ser basada en la realidad en que nos encontramos porque en ocasiones llegamos a ser demasiado idealistas en nuestro proyecto lo cual nos desvía de la objetividad que hay que tener, seguidamente la confrontación de los costos tiene que ir relacionada con que tantos beneficios obtendremos. Un paso crucial para nuestro análisis de políticas es el decidir si nuestro proyecto es el indicado, repetir cada uno de los pasos es recomendable ya que podemos ver nuevas alternativas y opciones a seguir y no solo quedarnos con la primera opción que planteamos y finalmente tendremos que dar a conocer nuestro proyecto del cual tendremos que estar plenamente convencidos de que funcionara.

Al discutir las políticas a implementar puede darse el caso en que se obtengan resultados no benéficos para los propósitos que tenemos y tenemos que hacer uso de mecanismos de convencimiento y negociación para obtener el mejor resultado, también podemos hacer uso de la persuasión o la retórica. El analista político tiene que en ocasiones hacer uso de estas herramientas y de otras metodologías para sacar adelante su propuesta de política.

Algunos autores han sostenido que el objetivo principal del análisis de políticas, si no es que el único, es llevar los principios de la elección racional de la esfera de las transacciones económicas privadas a la elaboración de las políticas. Al aplicar la elección racional, estamos hablando de que se tiene que aplicar una política con el menor costo pero con el máximo beneficio.

La función más importante de la deliberación publica y la elaboración de políticas es la definición de las normas que determinan cuando deberán considerarse ciertas condiciones como problemas de política. La solución de los problemas puede tener diversas caras, diversas formas de solución y no solo una, por tanto debemos considerar la mayor parte de las opciones y al irlas analizando objetivamente descartar e ir seleccionando las más viables.

El tomar de decisiones tiene que estar conciente del método que tiene que utilizar para que la mayoría de la población resulte beneficiada, porque su política publica no puede solo beneficiar a la elite gobernante, sino que a toda la sociedad, es por esto que tiene que hacerse no de una racionalidad absoluta en donde se enfrente al siguiente esquema: decisor y problema, identificación de sus preferencias, búsqueda de alternativas, recurso a un criterio objetivo y la elección de una solución; sino de un esquema de racionalidad limitada en donde tome en consideración el contexto en que se desenvuelven tanto las preferencias y obligaciones del decisor, búsqueda de una variedad restringida de alternativas, recurso a un criterio razonable de opciones y por ultimo la selección de una solución satisfactoria.

Para tomar una decisión sobre políticas públicas es necesario examinar todas las soluciones posibles antes de establecer la decisión final ya que en la vida social es difícil determinar cual es la mejor solución para un problema debido que hay que considerar diversos factores como: actores que interfieren en el problema y contexto que rodea la situación.

Hemos tenido fracasos pero también logros en la elaboración e implementación de política publicas, unas han sido acertadas y otras equivocadas, “el análisis de políticas públicas especificas se vuelve indispensable, a fin de no caer en modelos que, desde una visión homgeneizante, pretenden explicar el cambio en las estructuras en las distintas realidades nacionales”. [6] Es imprescindible construir un entorno con un ambiente social y político que genere los mas amplios márgenes de credibilidad y confianza en las Instituciones del Estado.

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040609095627.html

Gobernanza: el gran problema de México

Abril 4, 2010 Sin comentarios

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En el argot político de nuestro país existe un concepto de reciente adopción que, hasta el día de hoy, suele causar confusión y ser utilizado erróneamente —incluso por los políticos— como sinónimo de gobernabilidad; es el concepto de gobernanza.

En un estupendo ensayo de ciencia política, Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar, Luis F. Aguilar plantea claramente los elementos que diferencian una de la otra. Aunque ambos conceptos se refieren a la capacidad o la eficacia de gobierno, la gobernabilidad “denota la posibilidad o probabilidad de que el gobierno gobierne a su sociedad”, tan es así que la ingobernabilidad “significa la posibilidad o probabilidad de que el gobierno deje de gobernar a su sociedad, no la gobierne”.

Por su parte, la gobernanza es un concepto más actual, amplio y profundo, que se utiliza para “denotar el conjunto de las actividades que se llevan a cabo a fin de dirigir a la sociedad, que implica la acción del gobierno, pero no se reduce a ella, sino que incluye además, la acción de actores económicos y sociales”. Es decir, la gobernanza implica no sólo la acción eficaz del gobierno, sino también la participación activa y coordinada de otros, es un enfoque más integral de la acción social y gubernativa.

Desde esta perspectiva, la gobernanza es un proceso de la acción del gobierno, de la sociedad civil, de los actores económicos y políticos en la correcta orientación del rumbo de la sociedad. De ahí que la ausencia de capacidades sociales se convierte en el principal problema de nuestro país, porque nunca será suficiente la sola acción efectiva del gobierno (mayor gobernabilidad, con todo y el uso legitimo de la fuerza, de los recursos policiacos, militares o judiciales de los que puede echar mano), para arribar a mejores condiciones de sociabilidad y al bien común.

En las condiciones actuales de nuestro país, resulta imprescindible lograr cada vez mayor gobernanza (de la cual la gobernabilidad sería uno de los elementos esenciales, pero no el principal), para sortear los desafíos que enfrentamos.

Existen tres principales problemas en México, uno que amenaza no sólo la estabilidad del gobierno, sino la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos: el crimen organizado. Otro, que sintetiza los niveles de injusticia y desigualdad social que todavía persisten en el México del siglo XXI: más de 40 millones de pobres, 20 de ellos en situación de pobreza extrema. El tercero, la parálisis política que pone en jaque la aprobación de reformas necesarias para el crecimiento del país.

En este escenario, ¿es posible hablar de gobernanza en un país con una democracia cara y a la vez débil —o “tonta”, como la calificó el secretario de Educación Pública— y con un ambiente político que reproduce constantemente las prácticas autoritarias y clientelares del siglo pasado?

La respuesta se encuentra en un cambio en la concepción de la acción de gobierno, un cambio en la práctica del gobierno mismo, en el que se pase de un “centro de gobierno” a un “sistema de gobierno”, de un tradicional sistema jerárquico y vertical a un sistema cooperativo e interdependiente entre las entidades gubernamentales, las organizaciones políticas y la sociedad civil.

Las condiciones para este cambio en la concepción del gobierno se encuentran en una efectiva disposición de los actores a trabajar en coordinación, más que en subordinación o conflicto, a establecer puentes de diálogo, mecanismos de entendimiento, de negociación, de acuerdo y compromiso.

La gobernanza no es sólo un concepto académico; se refriere a la necesidad real de atender problemas, demandas sociales, políticas y económicas básicas, como la seguridad pública, la pobreza, el empleo, el combate a la corrupción, una efectiva rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y políticos. Con ella es posible construir procesos políticos, económicos y sociales que permitan una efectiva cooperación entre diversos actores que demuestran una y otra vez que sí se puede conseguir un cambio.

Para andar ese camino es necesario que nuestros políticos comprendan o acepten de una vez por todas que el gobierno partidocrático por sí solo no cuenta con todos los recursos y capacidades (políticos, financieros, técnicos, organizativos) para resolver los complejos problemas que enfrentamos; además, los ciudadanos necesitamos asumir un papel cada vez más protagónico.

Urge un cambio en el modo de gobernar, que transite de la unilateralidad gubernamental frente a la oposición política a una nueva forma de gobernanza, en la que la interdependencia y la cooperación entre diversos actores políticos y sociales sean la base para lograr prosperidad con calidad de vida.

http://www.imdosoc.org/?p=2846

México en el Informe del Banco Mundial sobre Gobernanza

Año tras año desde la década de los noventa, el Banco Mundial publica un informe sobre Gobernabilidad y anti corrupción, mismo que con base en indicadores denominados Worldwide Governance Indicators pretende medir variables clave que denotan el éxito o rezago de los países del mundo en estos rubros. México recibió calificaciones razonablemente positivas en aspectos como efectividad del gobierno, calidad regulatoria, control de la corrupción y rendición de cuentas. Sin embargo, recibió notas inferiores en los rubros de Estado de Derecho y ausencia de violencia; en ellos, México obtuvo una puntuación inferior a países como República Dominicana, Belice, Brasil, Albania y Burkina Faso que lo alejan, sin duda, de los países reconocidos por mantener las mejores prácticas. La medición en ausencia de violencia tiene una explicación obvia. El combate a la delincuencia ha cobrado la vida de personas directa o indirectamente vinculadas con el crimen organizado y, desde luego, de integrantes de las fuerzas del orden que lucharon valientemente por defender la seguridad y la integridad de los mexicanos. A la medición, el Banco Mundial debió haber incorporado variables que ponderaran esta especial situación que enfrenta nuestro país para diferenciarla de lo que ocurre en otros países con una violencia crónica producto de la inestabilidad política y social.

La nuestra es, en efecto, una situación temporal de guerra frontal contra la delincuencia y, por tanto, la violencia es desafortunadamente un elemento que ocurre de manera transitoria. Sin embargo, no refleja una situación duradera ni sostenible por mucho tiempo. Y es que estar en el grupo de países en donde se ubican Liberia, Kosovo –sin ser un país plenamente reconocido por toda la comunidad internacional-, Tailandia, Yemen, Uganda, Niger y Pakistán no se explica de otra manera. El Banco Mundial debió ponderar los avances que registran los distintos países contra el crimen organizado y ahí México podría destacar por la cantidad de detenciones, entregas en extradición, decomisos y golpes que ha propinado a toda clase de bandas criminales en beneficio de la tranquilidad de los mexicanos. Por ello, no es posible estar plenamente de acuerdo con esta medición que, además, reprueba a nuestro país en materia de estabilidad política cuando, en realidad, los mexicanos mantenemos un régimen político, electoral y de partidos, sumamente estable.

No obstante, en el rubro de Estado de Derecho no podemos sino admitir nuestra precaria realidad. A pesar de algunos avances, el Poder Judicial en nuestro país tiene aún un largo trecho que recorrer para modernizarse y ofrecer el servicio que demanda la sociedad. La tasa de impunidad en nuestro país ha alcanzado ya niveles francamente alarmantes. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría Técnica para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal, en México la impunidad es de 97% de los delitos cometidos ya que sólo el 3% de ellos culmina con una sentencia judicial. Más aún, la gran mayoría de ellos no se reporta a las autoridades.

A pesar de la Reforma Judicial que en el Congreso de la Unión aprobamos en 2008 y que instaura, entre otros elementos, los juicios orales, hay problemas de fondo en las instituciones de procuración y administración de justicia que las hacen especialmente proclives a la corrupción, al nepotismo y al tráfico de influencias. Además, su estructura y normas internas impiden la justicia expedita, su excesiva burocracia no genera incentivos para la profesionalización y buena parte de su funcionamiento le impide gozar de un mayor nivel de autonomía.

Sólo por mencionar algunos ejemplos emblemáticos y recientes de estos rezagos que en materia de seguridad e impartición de justicia existen en nuestro país, se destacan: el caso ABC en el que 49 niños perdieron la vida en un trágico accidente; el caso de las indígenas Alberta y Teresa acusadas de secuestrar a elementos de la AFI; el caso de la niña Paulette; los feminicidios en el estado de México y Ciudad Juárez así como también los asesinatos de los estudiantes en esa misma ciudad y en Monterrey.

En efecto, la sensación de injusticia y desazón de la población en general por la situación de inseguridad que prima actualmente en México, hacen surgir de ahí la pertinencia de tomar seriamente la evaluación del Banco Mundial a fin de promover reformas institucionales a fondo. No hay que olvidar que para la competitividad y el crecimiento económico de México, la solidez de nuestro estado de derecho y, por ende, de su garante fundamental, tiene un rol central que desempeñar.

http://adrianagonzalez.wordpress.com/2010/05/24/mexico-en-el-informe-del-banco-mundial-sobre-gobernanza/

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