Reforma De Estado

INTRODUCCIÓN

Desde hace unos cuantos años se viene señalando y discutiendo con gran insistencia la necesaria “Reforma del Estado”. Cuestión esta que se comenzó a plantear en el país a inicios de los años ochenta, concretamente a partir de 1984, tanto fue así el auge que gozó tal debate que no sólo se hicieron estudios, foros y propuestas, sino que además se creo la Comisión Organizadora de la Reforma del Estado (COPRE). Para muchos la tan cacareada Reforma del Estado fue un slogan, una promesa y bandera política, no así para otros, que ciertamente veían en dicho proceso, una alternativa tanto de salida de la crisis que experimentaba la democracia, como la posibilidad de transformar y mejorar las diversas instituciones que integran nuestro sistema político.

No está demás señalar que paralelo al proceso de ”Reforma del Estado” se plantea en concomitancia impulsar la ”descentralización”, a través de está, se lograrían en un primer momento, la transferencia de un conjunto de competencias en materia de salud, educación, seguridad, etc, a los estados y administraciones regionales. En un segundo momento, y como consecuencia de lo anterior, se contribuiría a lograr gestiones más exitosas y eficientes, además de acercar tanto al Estado, y sus instituciones al ciudadano.

La Reforma del Estado tuvo sus logros, entre ellos, algunas transferencias y competencias en materia de salud, educación y seguridad, la siempre recordada elección directa de gobernadores, alcaldes y concejales a partir de 1989, aunque con este proceso si bien es cierto, se fortalecieron los liderazgos locales, no es menos cierto, que se profundizó la crisis de los partidos, dado que tal decisión los debilito como un todo y como proyecto nacional integral. Una cuestión que no podemos obviar es que en sus inicios la Reforma del Estado y la Descentralización lucían altamente prometedoras y ambiciosas y decimos esto, dado que años después las evaluaciones de los logros son bastante discretas, tal vez por falta de seguimiento o por la improvisación que definió tales procesos en sus primeros años.

Lo cierto del caso es que hoy se plantea nuevamente contar con una “nueva arquitectura del Estado venezolano”. El rediseño del Estado no es sólo, ni principalmente, una cuestión técnica, jurídica o cosmetológica. La moderna “Ingeniería Constitucional e Institucional” están generando permanentemente propuestas, modelos y diseños organizacionales muy innovadores, acompañados de la ingeniería de procesos de gestión, monitoreo con rendición de cuentas entre otros, cuestiones que ciertamente nos permitirían construir y contar con organizaciones, instituciones, procedimientos y formas públicas más idóneas, estables e impecables.

Ciertamente tendríamos que las funciones de gobierno enfrentan nuevos escenarios y desafíos, cada vez más complejos y conflictivos, donde la gobernabilidad sigue estando a prueba. Ciertamente la gobernabilidad es una de las más recientes preocupaciones de expertos y analistas, el problema no es teórico, sino práctico. Emerge de la necesidad de desarrollar una dimensión práctica, tanto es así, que el tema de la gobernabilidad de una determinada gestión y gobierno comienza cada vez más a ganar espacio y comienza a ser incluida como una prioridad, punto y logro de un gobierno, perfil y agenda política.

Venezuela en estos últimos años transitó por un cambio constitucional a través de un proceso constituyente inédito, en el cual los venezolanos, por medio de la figura del referendum consultivo decidieron: a) modificar la Constitución de la República y, b) aceptar la propuesta del Ejecutivo Nacional, en cuanto que, se produjera la modificación de la Carta Magna, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En este nuevo texto constitucional se continúa consagrando la división de poderes en Venezuela, así como el principio de colaboración que debe existir entre los órganos que integran las diferentes ramas del Poder Público. En el nivel nacional se incluyen dos nuevas ramas: la electoral y la ciudadana. Se tuvo como objetivo general, analizar la vulnerabilidad del Estado de Derecho en Venezuela, tomando en consideración la organización actual del Poder Público Nacional.

Y a partir de la disgregación de éste, los siguientes objetivos específicos: identificar la evolución del Poder Público en Venezuela, tomando en consideración las Constituciones de 1961 y 1999; comparar la organización del Poder Público en Venezuela, de acuerdo a lo establecido en las Constituciones de 1961 y 1999, y establecer las consideraciones en cuanto a la vulnerabilidad del Estado de Derecho en Venezuela, para el período 2001-2002. El trabajo se enfoca dentro de una investigación cualitativa, con un nivel de análisis de tipo socio-político, donde se tomaron en consideración, tanto el aspecto político como jurídico inmersos en el contexto social. Por la naturaleza de la investigación y los objetivos planteados, se recurrió a fuentes generales y secundarias; realizándose la recolección de datos a través de las revisiones apoyadas en las técnicas propias de este tipo de investigación.

Venezuela desde que se consolida como Estado, nace bajo una concepción de Estado de Derecho, al reunir las condiciones o elementos existenciales, de acuerdo a consideraciones de Chalbaud Zerpa (1980). El Estado venezolano no ha permanecido parménico en el tiempo, sino por el contrario ha sufrido cambios y transformaciones acordes con las nuevas realidades internas y externas. Presentándose actualmente bajo una concepción de "Estado Social de Derecho y de Justicia," de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999).

Constitucionalmente en Venezuela está prevista, y así lo expresa Brewer Carias "una división del Poder en el sentido que se establece una multiplicidad de órganos y a cada uno se le asigna una función propia, lo que en modo alguno significa exclusividad en el ejercicio de esa función...En otras palabras, el sistema constitucional establece una separación orgánica con la cual no coincide una supuesta separación de funciones" (2000: 54). Es decir, que cada órgano que integra las diferentes ramas del poder público en Venezuela, tiene una función propia, más ésta no es exclusiva ni excluyente. De forma tal, que puede existir colaboración entre éstos al momento de realizar las diferentes actividades, alcanzándose así los fines del Estado.

Ahora bien, Venezuela en estos últimos años transitó por un cambio constitucional a través de un proceso constituyente inédito. En este nuevo texto constitucional se continúa consagrando la división de poderes en Venezuela. Así

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