Propuesta Ciudadana Por Un Modelo Diferente Sobre El Control Del Cannabis.

Antecedentes.

A nivel de la región de América Latina las Naciones Unidas establecieron las bases de Derecho Internacional sobre el control de drogas ilícitas. La primera de ellas realizada en 1961, donde se formuló bajo una directriz básica: todas las drogas definidas por las Convenciones como ilícitas, sólo pueden tener fines medicinales y de investigación. Luego a causa de la creciente variedad de drogas que surgieron en los años 60 y 70, como los estimulantes, las anfetaminas y el LSD; la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 definió medidas de control de la preparación, del uso y del comercio. En 1988, debido a la creciente delincuencia organizada, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas lidió con cuestiones relacionadas al tráfico de drogas, tales como el control de precursores (sustancias que en sí no son peligrosas, pero que sirven para la producción de drogas ilícitas) o el combate al lavado de dinero. Con esto se buscaba por lo menos reducir significativamente la producción y consumo de drogas ilícitas.

Desde 1991 en Ecuador se adopto la Iniciativa Andina denominada como “Guerra contra las drogas” donde la Izquierda Democrática desarrolló y promulgó la Ley 108 (Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas). Dichas leyes, altamente severas, sentenciaban con más de una década de privación de libertad a cualquier persona que portara droga, sin importar la cantidad. No existían garantías de una defensa justa ya que los abogados no estaban interesados en involucrarse en estos tipos de casos, porque lo más probable era que fuesen acusados por delitos relacionados a drogas y enfrentarían estigmatizaciones profesionales y personales, lo que podría perjudicar su futuro profesional y hasta no podrían ser legalmente considerados para ocupar un puesto de juez si es que había defendido alguna vez a una persona acusada por tráfico de drogas. Por otro lado los jueces que decidieran declarar inocente al acusado les preocupaba que esa decisión a favor del acusado pudiera ser revocada por el Tribunal Superior, y que a causa de ello pudieran enfrentar sanciones y ser señalado como “juez comprado”. Sumado a todo esto los acusados se los consideraba culpables hasta demostrar la inocencia cuando lo justo es ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto ha durado más de veinte años, tiempo en el que se han formado grandes organizaciones ilícitas especializadas en la producción y distribución de drogas.

La sobrepoblación carcelaria en Ecuador es un fenómeno que aparece con ésta implementación de políticas prohibicionista antidrogas, fenómeno que es generalizado en América Latina y afecta principalmente a los países andinos. Se ha visto un cambio en las características de la población carcelaria en los últimos años, los delitos relacionados con drogas ilegales se han convertido en la principal causa de detención, de los cuales 40.7% de encarcelados es por tenencia de drogas. En este sentido, la composición de la población penitenciaria depende de las políticas penales y carcelarias y, en el caso de nuestro país, las políticas antidrogas son el eje angular de esta realidad penitenciaria. Esto ha creado una sistemática violación de los derechos humanos y precarias condiciones de vida a las personas recluidas en el país, estos son factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social.

El desarrollo del sicariato a nivel nacional se produce con el crecimiento del narcotráfico, cuando el negocio de la droga requiere de una fuerza irregular que desbroce las amenazas del Estado, del sistema político o de la sociedad. En números absolutos San Lorenzo tiene casi la mitad de los homicidios por sicariato del país (47.5%), le sigue Guayaquil casi con un tercio (27.3%) y luego Manta, Quevedo, Santo Domingo, Durán, Machala, Nueva Loja y Quito. Si bien el número de homicidios no es tan significativo en el conjunto nacional, sus efectos son devastadores en los ámbitos de impunidad, de los valores que genera, de la violencia que tiene y del desarrollo de un entramado capital social negativo que tiende a ampliarse para hacer justicia por propia mano y para legitimar la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos. Lo que ha dado que personas comunes busquen el sicariato para resolver diferencias en negocios, propiedades de tierras, acosos sexuales, infidelidades conyugales, apuestas, deudas y cualquier problema que requiera intimidación o, incluso, la eliminación del otro. Este delito es parte de la violencia moderna, es decir, de aquella donde hay premeditación para cometer un hecho criminal, y es un servicio imprescindible para la existencia de la organización delictiva del narcotráfico.

En Santo Domingo en el 2007 hubo protestas por el aumento del sicariato, en Quevedo se pidió la declaratoria de emergencia de la ciudad debido a que los fiscales y abogados recibieron amenazas de muerte, además de que algunas cooperativas y negocios que pagan impuestos para no ser objeto de retaliaciones. El sicariato podría erosionar y deslegitimizar el sistema legal y penal, con lo cual el fenómeno tendría terreno fértil para desarrollarse si el sicariato encuentra lugar donde las instituciones son precarias y las debilita más mediante la intimidación.

Actualmente en América Latina, varios son los países que están implementando políticas, o están en vías de hacerlo, para despenalizar la posesión para uso personal de drogas ilícitas; entre ellos están Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil. En las últimas cumbres a pesar que no constaba como tema principal y tampoco había sido establecido en la agenda, nuestros líderes han planteado como fracaso esta denominada “Guerra contra las drogas” y han decidido crear reformas o presentar proyectos de Ley para permitir portar cierta cantidad de drogas y también se ha considerado permitir el autocultivo de Marihuana. En Uruguay han tomado una nueva estrategia para acabar con el narcotráfico, que es la de legalizar el Cannabis.

Propuesta.

Reformar la Ley De Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas para permitir el funcionamiento de clubes de consumidores de Cannabis encargados de su producción y distribución responsable. Estos clubes no estarían abiertos al público en general, se seleccionaría

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