Mujeres Y Violencia En Guatemala

Mujeres y violencia en Guatemala

En Guatemala son particularmente alarmantes los niveles de violencia en general y específicamente contra las mujeres. Si bien existen limitaciones para documentar todos los casos de violencia, se cuenta con algunos datos que permiten una aproximación a la magnitud de esta problemática.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística-INE en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres- CONAPREVI, ha sistematizado datos sobre violencia intrafamiliar y contra las mujeres1 que permiten, como afirma su más reciente publicación (2010), “demostrar estadísticamente la dirección de la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones”2.

Según los datos del INE, entre el 2007 y 2008 se registraron 44,874 casos de violencia intrafamiliar de los cuales el 90% corresponde a víctimas del sexo femenino. De los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, el 53% ocurrió en el área urbana y el 47% en el área rural3. En la mayoría de casos, el agresor fue identificado como el esposo, ex esposo o conviviente, de manera que las relaciones de pareja constituyen un ámbito donde se viola el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.

Otra fuente de datos que contribuye a visualizar el problema de la violencia que enfrentan las mujeres en Guatemala, se refiere a la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil- ENSMI. En la perspectiva de las implicaciones para la integridad física, mental, emocional y sexual de las mujeres, las ENSMI indagan sobre la violencia intrafamiliar4 que incluye violencia verbal, física y sexual.

La más reciente encuesta (2009) revela que 45 de cada 100 mujeres entre los 15-49 años ha sufrido, en algún momento de sus vidas, hechos de violencia (verbal, física y/o sexual) por parte de sus parejas5. La incidencia se manifiesta independientemente del área de residencia, el grupo étnico y el nivel educativo, aunque se observan algunos matices: la violencia contra las mujeres se reporta con más frecuencia en el área urbana (48.8%) que en el área rural (42.3%); entre mujeres no indígenas (47%) que entre las indígenas (42.3%), y más entre mujeres con educación (primaria, secundaria y superior), un 45.6% en promedio, quienes reportan más violencia física y verbal; que entre mujeres sin educación 42%, que enfrentan mayor violencia sexual6. Situación que refleja no sólo la enorme extensión del problema de violencia, sino también la necesidad de continuar con las acciones a favor de una vida sin violencia para las mujeres, sobre todo de los grupos más vulnerables.

Las evidencias cuantitativas de la violencia contra las mujeres, reiteradamente diagnosticada y denunciada desde hace más de dos décadas, han justificado la aprobación de leyes como la Ley de Violencia Intrafamiliar (1997), la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ambas en el 2008. Así como la creación de instituciones estatales, como la CONAPREVI, la Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio, la Defensoría de los Derechos de las Mujeres en la Procuraduría de Derechos Humanos, y la Defensoría de la Mujer Indígena-DEMI.

Esta respuesta estatal, si bien aún insuficiente, es resultado entre otros factores del accionar sostenido de organizaciones de mujeres, de sus alianzas con entidades estatales a favor de las mujeres y con organismos internacionales, que han logrado evidenciar que la violencia es un problema social, una violación a los derechos humanos y que constituye un delito7. Asimismo, han contribuido a elevar la conciencia entre las mujeres y la sociedad respecto a que los actos de agresión no son naturales, de manera que las instituciones, tanto a nivel nacional como local, deben abordar integralmente la violencia contra las mujeres.

Por la dignidad de las mujeres

La aprobación del Decreto Número 9-2008 del Congreso de la República de Guatemala que contiene la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, establece la derogación de los artículos 176,177 y 178 del Código Penal que regulaban los delitos de estupro mediante inexperiencia o confianza, estupro mediante engaño y estupro agravado respectivamente, figuras delictivas que desaparecen de la legislación penal sustantiva nacional. Esta norma constituye un avance para la dignidad de las víctimas de violación, estupro, abusos deshonestos y rapto, delitos que en leyes anteriores (artículo 200 del Código Penal, declarado inconstitucional) eximían de responsabilidad al agresor cuando éste se casaba con la víctima

III Informe del Estado de Guatemala Sobre la aplicación del PIDCP, 2009

Otra faceta de la problemática de la violencia contra las mujeres, es el progresivo aumento de muertes violentas de mujeres, que se ha convertido en un problema social por sus implicaciones para las familias, la sociedad y el Estado. Los registros, aunque no dan cuenta fidedigna de este fenómeno8, indican que en el período 2001 al 2009 hubo 4,6029 muertes violentas de mujeres. Estas muertes ocurren en todos los departamentos del país, sin embargo, los casos se concentran en la ciudad capital y en municipios aledaños como Mixco y Villa Nueva, y en departamentos ubicados en el sur (Escuintla), suroriente (Jalapa y Jutiapa) y norte del país (Petén) donde la población es mayoritariamente no indígena.

Cuadro no. 14: Muertes violentas de mujeres, 2001 a 2009

Fuente: Policía Nacional Civil en Fundamentos para la formulación de la estrategia para abordar el femicidio en Guatemala. Comisión

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