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Analisis A La Ley De Responsabilidad Social En Radio Y Televisión


Enviado por   •  6 de Febrero de 2012  •  2.545 Palabras (11 Páginas)  •  1.216 Visitas

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UNA SEGUNDA LECTURA A LAS PRIMERAS PÁGINAS DE LOS DIARIOS DE CARACAS: Ultimas Noticias, EL Universal,

El Nacional y Diario VEA, semana del 27 - 10 AL 16 - 11 2004

La discusión y aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión tiene una gran importancia nacional por varias razones. Resulta incuestionable la concentración de los medios hasta constituirse en lo que se ha señalado como una de las voces más poderosas, quizá la más potente, seductora, irresistible y arrolladora de la sociedad actual. Por otra parte, en Venezuela el debilitamiento y decadencia del sistema político ha tenido expresión en el declive y la crisis del sistema de representación.

En ese contexto, los medios no se han resistido a la tentación de llenar ese espacio y sustituir a los partidos insertándose cada vez más en el tejido político hasta ubicarse como actores de primera línea en la lucha por el poder político. En consecuencia, los medios de comunicación gradualmente se han convertido en el lugar de convergencia de la vida pública. Por otra parte, ante la falencia del sistema político y el deterioro en la imagen de otras instituciones estatales y públicas, en los últimos años de la democracia representativa, los medios, en particular las televisoras y las radios, han pretendido asumir cierto liderazgo en la confrontación política. A grandes rasgos , este es el contexto en el cual se elaboró y aprobó Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión-

El Observatorio de Medios de Venezuela considera de urgente necesidad la aprobación de un instrumento legal que regule el funcionamiento de los medios audiovisuales, en el cual se preserven, en primer lugar, las garantías constitucionales de la libertad de expresión y del derecho a la información sin restricciones de ningún tipo, salvo aquellas señaladas en la Constitución y las leyes. Por otra parte, consideramos que una ley sobre esta materia debe propiciar y garantizar , en el marco de la pluralidad cultural de nuestro país, una programación diversa y de calidad que promueva los valores nacionales, la convivencia pacífica y el sentido participativo en la sociedad democrática venezolana. Es sobre todo importante la regulación de los espacios destinados a la audiencia de menores de edad, no solo determinando el tipo de contenidos adecuados según su desarrollo psicológico, sino también incentivando su producción nacional. Por otra parte, la única forma efectiva de contrarrestar el predominio monopólico del grupo empresarial de medios, es la creación de un importante sector de medios independiente, además del sector comunitario,.concebido como servicio público y gestionado por las asociaciones de receptores y profesionales organizados. Asimismo, es impostergable crear, condiciones favorables para el desarrollo de la producción nacional independiente de los contenidos para la radio y televisión.

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El Observatorio Global de Medios de Venezuela ha elaborado varios documentos de trabajo sobre estos aspectos , respaldados por la revista Question en su número 29, Noviembre de 2004, en el editorial titulado ¡Ay, Resorte!. En ese sentido, se han determinado los siguientes objetivos que debe perseguir una ley de medios en la Venezuela de hoy:

1. Democratizar el acceso plural a la información, a las opiniones y a las opciones culturales como condición para la democracia, por cuanto sin una esfera pública democrática, plural, no es posible la democracia.

2. Restringir la conformación de los monopolios y oligopolios en los medios. Estimular la formación de un importante sector de medios de servicio público independiente.

3. Democratizar la propiedad y el control de los medios.

4. Garantizar a mediano y largo plazo la libertad de expresión, por lo que las regulaciones de contenido tienen que estar plenamente justificadas sin que quede abierta la posibilidad de la censura, sea ésta previa o a posteriori, ya que sus consecuencias terminan siendo las mismas.

5. Garantizar la contraloría social de los medios como objetivo democratizador, fundamentalmente en lo que se refiere al impacto que los contenidos que transmiten los medios puedan tener sobre niños, niñas y adolescentes.

6. Promover y democratizar la producción de contenidos, con fines a la ampliación y democratización de la producción cultural e incrementar, en consecuencia, la producción de contenidos venezolanos y latinoamericanos.

El Observatorio de Medios, una vez aprobada la nueva Ley, realizará un análisis exhaustivo de su contenido en el sentido de comprobar si se cumplieron o no esos objetivos.

El sector de los medios privados del país ha desarrollado, desde el mismo momento en que se anunció el Proyecto de Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, una campaña nacional e internacional contra dicho proyecto. En el siguiente análisis de las Primeras Páginas de cuatro diarios de Caracas, se estudian los procedimientos informativos sobre la Ley de Responsabilidad Social de esos diarios en las ediciones que se indican.

Pasemos entonces, a “la segunda lectura de las primeras páginas “ de los medios impresos.

El miércoles 27 de octubre, El Nacional, acude a la SIP y desde esa mirada “patronal” e internacional se levanta un juicio ¿moral? a la ley: “SIP condena al gobierno por restringir la libre expresión” ante la “existencia de una política sistemática orientada a restringir la libertad de prensa”. Igualmente destaca en titular contiguo (ambos en ángulo superior derecho) otra alerta internacional: “Venezuela cayó al puesto 90 en libertad de prensa”, de acuerdo al ranking difundido por la organización Reporteros sin Fronteras y que abarca un total de 167 naciones.

Este mismo diario, el jueves 28 se descansa en la opinión del “teórico de la comunicación” Antonio Pasquali quien expresa que el “El Chavismo busca vengarse de los medios” a través de una “ley totalitaria, militarista, cercenadora de libertades y generadora de censuras y autocensuras”. El diario reseña la voz del gobierno, a través del Ministerio de Comunicación e Información, que “rechaza posición de CIDH sobre ley de contenidos” y que acusa al relator de dicha comisión de injerencia en los asuntos internos del país. Queda en manos de voces externas a El Nacional el cuestionamiento a la Ley de Responsabilidad Social denominada por este diario como Ley de Contenido, restringiendo

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