Apocalipsis

LAS RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y LOS ADMINISTRADOS

1.2 LOS DEBERES DE LA ADMINISTRACION Y LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO

Es función de la Administración Pública cumplir su cometido con estricto apego a la normativa legal vigente. La desatención de las normas legales y éticas que rigen su actuación genera, en la práctica, conflictos y problemas que afectan al administrado. Por esta razón, es importante tomar en consideración los elementos básicos de defensa de todo administrado.

La Administración Pública está obligada a respetar los principios fundamentales del servicio público, para asegurar la continuidad, eficiencia y adaptación a todo cambio en el régimen legal o en las necesidades sociales que satisfagan, así como la igualdad de trato a los usuarios.6

En la Administración Pública los funcionarios están obligados a actuar con apego a la ley (Principio de Legalidad Administrativa).8

El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfaga primero el interés público.14 En todo caso, éste prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública.15

Los actos administrativos de alcance general, deben ser publicados para que su eficacia alcance a todos los administrados.16

1.2.2 Silencio administrativo.

Como principio general, la Administración Pública está obligada a resolver, siempre de forma concreta y por escrito, las peticiones que pongan en su conocimiento los administrados.26 Por tanto, el Ordenamiento Jurídico Administrativo ha establecido varias soluciones al respecto, estableciendo dos presunciones27 para asumir la voluntad administrativa, a saber:

Silencio negativo, aplicable a reclamos o impugnaciones sobre un acto administrativo. Si la administración no respondiera, 2 meses después de interpuesto el reclamo se interpretará que la solicitud fue denegada.28

Silencio positivo, rige únicamente para licencias, permisos o autorizaciones administrativas, cuya solicitud se presentó cumpliendo con los requisitos legales aplicables al caso. Si la Administración no responde en el plazo de un mes después de presentada la solicitud, se considera que ésta fue concedida (o aprobada). Este silencio no rige para permisos, licencias o autorizaciones en materia forestal, ambiental o ecológica.29,30

En una situación de conflicto con la Administración, el administrado, dependiendo del caso, puede plantear:

Una denuncia o recurso de queja por las actuaciones u omisiones que han ocurrido en el trámite administrativo, y que han provocado la paralización, infracción de plazos preceptivamente señalados u, omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.

La función Administrativa es el conjunto de actividades orientadas hacia la consecución de un fin, sin importar el órgano o agente que las realice; esto se traduce en una ejecución concreta y práctica. Conforme al mandato constitucional presente en nuestra Carta Magna, toda la gestión pública se encuentra dirigida a la procura del interés colectivo, propio del sistema democrático que nos rige.

[35] Conforme con el Artículo 48 de la Constitución Política "Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales y, al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán competencia de la Sala indicada en el Artículo 10."

[36] El recursos de amparo no procede:

a. Contra leyes o disposiciones normativas, salvo que se impugnen junto con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios a partir de su promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado.

b. Contra resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

c. Contra actos que realicen autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial

d. Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona agraviada.

e. Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral.

"Artículo 49. Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados".

DEFINICIONES

Expropiación: es una institución de Derecho Público, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización, concretamente, a un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero. La expropiación posee dos notas características, primera que la expropiación es una transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del Derecho Público que no puede ser asimilada a la compra venta prevista en el derecho privado; segundo que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico de la cosa expropiada, lo que la diferencia de la confiscación.

Requisición: es

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