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DESARROLLO Y USO DE LA NATURALEZA EN COLOMBIA POLÍTICAS AMBIENTALES

maesma051 de Noviembre de 2013

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La evolución de la política ambiental colombiana ha sido la expresión de conceptos y situaciones exógenas, por fuera de la realidad y a lo largo de los años y como consecuencia de la evolución humana, las legislaciones mundiales se han visto en la obligación de regular las relaciones del hombre que afecten o perturben el buen funcionamiento del Medio ambiente, por tal motivo el Estado Colombiano buscó mitigar los efectos nocivos que se le estaban causando al medio ambiente y se adopta en un primer momento una política legal ambiental, en donde se prevenga corrija y restaure el medio ambiente y los recursos naturales renovables. De este proceso de codificación podemos mencionar seis normatividades, que atravesaron por grandes cambios a través de los años y que tuvieron como fin primordial cubrir los vacíos jurídicos que acerca de esta materia existían, estas son: la ley 23 de 1973, el decreto ley 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables), la ley 9ª de 1979 ,la Constitución Política , la ley 99 de 1993 y Finalmente el Código penal.

Como primera medida aparece la ley 23 del 12 de diciembre de 1973, por medio de la cual se faculta al Presidente de la República para crear el Código De Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, junto con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, todo lo anterior con el propósito de prevenir, evitar y manejar de alguna manera la contaminación ambiental, tal resolución fue el paso inicial para la construcción de un régimen legal, definitivamente interesado en la salvaguardia de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del país en general; más adelante encontramos el Decreto Ley 2811 de 1974 mas conocido como el Código de Recursos Naturales Renovables, que es la primera recopilación legal que pretende disciplinar toda la materia ambiental en forma exhaustiva y consecuente, de tal forma que los recursos naturales y los elementos ambientales, no se manejen aislados unos de otros sino en conjunto, de tal forma que el trato tanto desde el punto de vista administrativo como legal este contemple en una misma normatividad.

Hasta este momento, no se había establecido el daño que la contaminación ambiental podía causar a la población colombiana, únicamente se buscaba preservar las calidades ambientales de la nación, motivo por el cual se expide La ley 9ª de 1979, el llamado "Código Sanitario Nacional", norma en la cual se estipulan los aspectos relacionados con el medio ambiente pero desde una óptica mucho más significativa, no solo ambientalista sino saludable e higienista, es decir que giraba en torno al Hombre y a sus necesidades más inmediatas y no solo frente a los recursos naturales, teniendo en cuenta la afectación a la calidad de vida de las personas. No obstante lo anterior, desde una concepción personal, la cumbre se alcanzó con la promulgación de la Constitución Política de 1991, ya que en ella se establece como un derecho, porque no decirlo de carácter fundamental, pues aunque esta mencionado podemos decir de una manera lacónica, gracias a su consagración en la Carta Magna se le da la importancia y el trato que merece, ya que no solo incide en la vida ambiental sino social de todos y cada unos de los colombianos, que en nuestro país llegó no solo de forma repentina en relación con algunas legislaciones, no solo europeas sino latinoamericanas como es el caso de Brasil. Es así como la constitución lo plantea no solo como un derecho fundamental de los ciudadanos sino como un deber de todos y cada uno de los colombianos y además de ello como un deber incluso a nivel estatal, por lo tanto la despreocupación tanto del estado como de los particulares por la preservación del medio, acarrea una serie consecuencias jurídicas y legales que aparte de castigar intentan concientizar a la nación de la importancia del tema. De tal forma que la consignación de este derecho en la Carta Política es el primer paso para la codificación no solo de las políticas ambientales sino de los organismos que están encargados de velar por el cabal cumplimiento de estas disposiciones.

Dadas las razones mencionadas, se crea la ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se organiza mas concienzudamente el Sector Público encargado de la Gestión Ambiental, junto con las políticas indispensables para el resguardo y protección del medio ambiente como un sistema interrelacionado que llevado a cabo correctamente puede proteger el medio ambiente en su integridad; además de ello encontramos algunos aspectos bastante llamativos, como lo son la creación del SINA o Sistema Nacional ambiental, el Consejo Nacional Ambiental y las Corporaciones Autónomas Regionales como estamentos nuevos que están encargados de la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones ambientales, y ya no solo a nivel nacional , sino regional, es decir, tanto departamental como Municipal; sin dejar de lado la importancia del Desarrollo económico sostenible, el cual propende por el crecimiento económico, la importancia de la calidad de vida, junto con la prosperidad de la sociedad, pero teniendo en cuenta la importancia del medio y evitando a toda costa agotar los recursos naturales, o el deterioro del medio ambiente.

Dada la importancia de lo expuesto también se pretenden difundir estos conocimientos en todos los sectores educacionales del País tales como colegios, centros de educación técnica y no formal, sin dejar de lado las universidades, contando siempre con la ayuda y el soporte técnico y científico brindado por el Ministerio del Medio Ambiente. De tal forma que se unifica así el Ordenamiento Jurídico en lo que concierne a esta materia, no solo para la protección que se debe brindar a nivel estatal, sino también de las Empresas Privadas y de los mismos particulares.

Sin embargo no podemos dejar de lado la inclusión que se hizo en el actual código penal colombiano, en donde las normas ambientales hacen su aparición con el propósito de castigar severamente a las personas ya sean naturales o jurídicas que de cualquier forma atenten contra el medio ambiente, o que actuando sin la debida autorización o licencia ambiental causen daño a este.

De esta forma podemos establecer las diferentes etapas por las que tuvo que atravesar el régimen legal de nuestro país para podar conformar una compilación de normas que propendan por la protección del medio ambiente íntegramente, y acercarse de esta forma a los países que desde hace muchos años reconocieron tal necesidad y adoptaron soluciones para el mismo. Para concluir que aunque es de reciente creación el sistema legal ambiental dentro de la legislación colombiana, se ha tratado de mitigar el impacto que en el medio ambiente ha tenido la practica desmesurada de algunas actividades tanto económicas como industriales y que si no se limitan a tiempo llegaran a causar a corto plazo un impacto ambiental de magnitudes desgarradoras.

Las políticas son el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular. En los tres planes nacionales de desarrollo expedidos en la década de los noventa se advierte continuidad y la paulatina incorporación de la dimensión ambiental en algunas políticas sectoriales, un hecho que se relaciona con las competencias que tiene el Ministerio de Ambiente en materia de su definición, conjuntamente con otros ministerios.

Durante la primera administración del presidente Uribe (2002-2006), el Plan Nacional

Desarrollo Hacia un Estado Comunitario contempló cuatro objetivos orientadores de la

Acción del Gobierno: brindar la seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, construir equidad social e incrementar la transparencia y eficiencia del Estado. Dentro del objetivo de impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo se planteó centrar la recuperación económica en el sector de la vivienda y la construcción. Y, para hacer sostenible el crecimiento en el largo plazo, se planteó llevar a cabo una serie de cambios normativos, regulatorios e institucionales orientados a propiciar la participación privada en los sectores de infraestructura, minería y servicios públicos.

En términos específicos, para lograr este objetivo de crecimiento económico sostenible se propuso dar un impulso especial a la vivienda, a la construcción y a la exploración y

Explotación minera. Igualmente, se propuso desarrollar una infraestructura estratégica de transporte; reestructurar y optimizar la prestación de servicios

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