Delito Contra La Propiedad

Delito contra la propiedad

Artículos: 451, 452, 453 y 454. Los delitos contra la propiedad mas comunes son el hurto y el robo, básicamente ambos consisten en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena. El objeto o cosa debe ser mueble, que se pueda trasladar de un lado a otro, incluso una parte de un inmueble puede constituirse por la acción del delincuente como cosa mueble, por ejemplo, arrancar una puerta de una casa y llevarla. Es un delito de acción pública, por lo tanto puede ser denunciado por cualquier persona. Todos estos delitos admiten la tentativa.

Delitos contra la propiedad es una categoría de delitos que incluye, entre otros delitos, robo, hurto, robo de vehículos, incendio, y vandalismo. Delitos contra la propiedad sólo afecta a la toma de dinero o bienes, y no implica la fuerza o la amenaza de la fuerza contra la víctima. Aunque el robo consiste en tomar la propiedad, que está clasificado como un delito violento, como la fuerza o la amenaza de la fuerza de un individuo que está presente está involucrada en contraste con el robo que por lo general de una vivienda desocupada o edificio deshabitado otros.

Delitos contra la propiedad son de alto volumen de los delitos, con dinero en efectivo, la electrónica (televisores, por ejemplo), herramientas eléctricas , cámaras y joyas menudo objetivo. "productos populares" tienden a ser los elementos que son escamotéales, removible, disponible, valioso y agradable, con una facilidad de "eliminación" de ser la característica más importante.

Delito de invasión

Artículos: 471, 471A y 472. Un nuevo tipo penal surgido por las múltiples afectaciones a la propiedad privada ocurridas en nuestro país desde inicios de la primera década del siglo XXI, que llevaron al legislador histórico a reforzar el derecho de propiedad de los bienes inmuebles, terrenos e incluso bienhechurías, a través de la amenaza penal (prevención general negativa) creando un nuevo supuesto de hecho típico sancionado con una elevada pena privativa de libertad. Al pie de la letra, dicho artículo establece: "Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T) a doscientas unidades tributarias (200 U.T). El sólo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta en una sexta parte. La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión. Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.

Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia en primera instancia o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos. Será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor o invasores comprueben haber indemnizado los daños causados a entera satisfacción de la víctima." Lamentablemente la práctica forense venezolana no ha sabido (o no ha querido) explotar las bondades derivadas del alcance del referido tipo penal, que podrían llevar a contrarrestar la impunidad de tales delitos, o cuando menos, ayudarían a restablecer los derechos de propiedad pertenecientes al sujeto pasivo, restituyéndosele la posesión de su inmueble, terreno o bienhechuría, lamentablemente invadidos ante la mirada cómplice de las autoridades encargadas de la persecución penal quienes muchas veces alegan la imposibilidad de materializar dicha restitución, ante la

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