Delitos Contra La Recta Y Eficaz Impartición De Justicia

DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

En el anterior estatuto penal, es decir el código de 1980, el titulo presente objeto de estudio, correspondía a los “Delitos contra la Administración de Justicia”; pero la misma fue modificada en el titulo XVI del libro II del nuevo código penal por “Delitos Contra La Eficaz Y Recta Impartición De Justicia”, pues según se estableció en la exposición de motivos, el termino Administración de Justicia estaba afectado por una doctrina liberal individualista producto de la revolución francesa, donde la función de los jueces era secundaria a la del legislador, habida cuenta que les correspondía ser solo “La Boca De La Ley”, actividad sustancialmente diversa a las que hoy les compete conforme a los principios y exigencias de la Constitución Nacional del 91.

Esta denominación de “Delitos contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia” permite verificar que constituyen delito no solo aquellos comportamientos que lesionan el aparto de justicia en su forma, sino también los que vulneran los mecanismos dispuestos para discernir y reconocer el derecho.

Es claro que si, tal como lo establece el art. 2° de la carta política en el Cual se expresa que constituyen fines esenciales del Estado el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la garantía de la efectividad de los principios , derechos, y deberes establecidos en la norma superior, tales labores y gestiones deben ser adelantadas por los funcionarios judiciales dentro de exigencias de eficacia y rectitud, con lo que podrá avanzarse lo suficiente como para conseguir la estabilidad y vigencia de un orden Justo. Tal planteamiento es posible si se asume que, en el estado social y democrático de derecho, los poderes públicos no tienen una misión de simples observadores del acontecer diario de los ciudadanos, si no que están llamados a efectuar unas gestiones de prestación, sustentadas en valores superiores que entregan un contenido material de legitimidad a todas las expresiones del poder; en consecuencia, los funcionarios judiciales abandonan su papel de manifestadores de ley ( boca de la ley) para convertirse en personas de pensamiento que aportan con sus decisiones en la producción de sus actos con los valores propugnados por el estado.

En este sentido es menester recordar que las autoridades encargadas de impartir justicia, conforme al art. 116 de la carta política, son: la corte constitucional, la corte suprema de justicia, el consejo superior de la judicatura, la fiscalía general de la nación, los tribunales y los jueces. También el congreso de la republica (respecto de la acusación y el presidente de la republica, los magistrados de la corte constitucional, la corte suprema de justicia, el consejo de estado y el consejo superior de la judicatura y el fiscal general d la nación); excepcionalmente determinadas

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