Derecho Laboral

Derecho Laboral

1. A la Administración Laboral como parte integrante de la Administración General, le corresponde en el orden social, servir con objetividad los intereses generales, actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 de la Constitución). Ejerce las competencias derivadas de la política social de los poderes públicos, de la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento laboral y de procedimientos cuya resolución se le atribuye por el ordenamiento legal.

2. La acción administrativa en materia laboral ha experimentado una profunda transformación a partir del nuevo modelo constitucional, lo que ha supuesto que determinadas manifestaciones de la intervención administrativa, hayan sido asumidas por el orden jurisdiccional de lo social y por las representaciones de empresarios y trabajadores.

El orden jurisdiccional de lo social, en virtud del principio de exclusividad jurisdiccional, ha pasado a conocer de los procedimientos de estricta naturaleza jurídica que la administración laboral ejercía, (procedimientos de clasificación profesional y declaración de puestos de trabajo tóxicos, penosos o peligrosos).

Determinadas manifestaciones normativas (reglamentaciones de trabajo) pasaron a ser sustituidas por la negociación colectiva, así como determinadas intervenciones en los conflictos laborales, han ido pasando a sistemas voluntarios de solución extrajudicial de conflictos (laudos de obligado cumplimiento, conciliación preprocesal en conflictos colectivos) como consecuencia del reconocimiento del derecho de libertad sindical, autonomía y autotutela colectiva.

3. En el ámbito competencial, la Constitución reconoce a las CC.AA. con autonomía plena la posibilidad de asumir la competencia de ejecución de la legislación laboral a través de sus Estatutos de Autonomía, asunción que en la actualidad, puede predicarse de la generalidad de los Estatutos de Autonomía.

La competencia de ejecución de la legislación laboral, es una competencia de gestión, que se concreta en actos de aplicación de una norma estatal en los territorios autonómicos (S.T.C. 102/85 de 4 de octubre. Fund. J.º 2.º) delimitada por el respeto a unos principios constitucionales, -principio de solidaridad, unicidad, igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y respeto a la libre circulación de las personas por el territorio nacional- (arts. 2, 138, 139, 149.1.1 C.E.).

En su virtud, la Administración Laboral Autonómica ejerce la mayor parte de las competencias de orden social, restando a la Administración del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las relativas a migraciones interiores y exteriores, extranjería, fondos de ámbito nacional, y empleo, sin perjuicio que en esta última materia, son ejercidas por las CC.AA., muchos de sus aspectos, -Expedientes de regulación de empleo, formación profesional ocupacional, subvenciones propias de fomento de empleo, control de los requisitos de la contratación laboral, y vigilancia de las obligaciones empresariales vinculadas a los procesos de colocación-.

Esta mayor asunción competencial por parte de las CC.AA.

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