JUICIO EN LINEA

INTRODUCCION

De conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

En aras de alcanzar los principios plasmados en nuestra Carta Magna, específicamente, es decir, que la justicia sea impartida de manera, pronta por tribunales que estarán expeditos para ello, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, se implementó el “juicio en línea” en el procedimiento contencioso administrativo.

En la exposición de motivos de la reforma a que nos referimos se argumento, esencialmente, que el número de juicios ingresados al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha ido incrementando a partir del año 2000, junto con la ampliación de su competencia, por lo que, de un inventario de 37 mil 511 expedientes con que contaba, se llegó a poco más de 118 mil en 2007, lo cual propicia retraso en su resolución, pues cada uno requiere 355 días hábiles en promedio, razón por la cual, existía la imperiosa necesidad de implementar un sistema moderno, posible, eficiente y seguro para resolver ésta clase de conflictos.

Por tal motivo, se decidió implementar el “Juicio en Línea” a fin de regular de manera específica la tramitación y resolución del proceso contencioso administrativo federal en los medios electrónicos.

El juicio en línea, requiere la utilización de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales para la integración y consulta de los expedientes que se formen con la tramitación de los juicios entre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la finalidad de que las partes puedan darle el seguimiento correspondiente a través del Internet.

A través del presente trabajo, trataremos de analizar este nuevo esquema del Juicio en Línea, ventajas y desventajas así como posibles arbitrariedades que pueden suscitarse durante la tramitación de éste juicio y, sobre todo, la viabilidad de este proyecto que está próximo a entrar en vigor en el próximo mes de agosto del año 2011.

HISTORIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

El primero de enero de 1937, entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal y con ella inician las actividades del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. La competencia que les asignó el Legislador era en materia estrictamente fiscal, conociendo de las controversias que se suscitaban de actos o resoluciones emitidas por autoridades fiscales.

En el año de 1942 la Ley de Depuración de Créditos otorga competencia para conocer de esta materia a cargo del Gobierno Federal. De igual manera, la competencia del Tribunal también se amplía al conocer sobre la legalidad de los requerimientos de pago realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; exigir fianzas otorgadas a favor del Gobierno Federal; conocer las controversias que surgían por las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social; sobre las resoluciones fiscales emitidas por el Departamento del Distrito Federal; respecto a las aportaciones que los patrones están obligados a efectuar para el establecimiento de las Escuelas Artículo 123; de controversias en materia de pensiones militares; de las controversias que surjan por las aportaciones que deben hacer los patrones conforme a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; respecto a la interpretación de contratos de obra pública; sobre resoluciones que fincan responsabilidades en contra de funcionarios o empleados de la Federación o del Departamento del Distrito Federal; en materia de multas por infracciones a las leyes federales o del Distrito Federal; y, en materia de pensiones civiles con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

En el año de 1967 se expide una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se introduce el concepto de Organismos Fiscales Autónomos y se otorga al Tribunal facultades para conocer de los juicios de lesividad.

En los años siguientes aparecen diversas leyes que otorgan competencia al Tribunal. En materia de comercio exterior, para conocer en juicio de las resoluciones recaídas respecto al recurso de revocación previsto en la Ley de la materia, así como de las resoluciones recaídas al recurso de revisión que contempla la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

A finales del año 2000 el Congreso de la Unión aprueba las reformas en materias trascendentales para el Tribunal, como son: en primer lugar el cambio de nombre de la Ley Orgánica y del nombre de la Institución, por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reflejando con ello la competencia que a través de los casi 65 años de existencia se le ha ido asignado, así como la que adicionalmente el propio Decreto de reformas le otorga señalando competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo se le proporcionan facultades al Pleno para determinar las regiones y el número y sede de las Salas, así como la forma de integrar jurisprudencia al resolver contradicciones de las resoluciones de las Secciones o de las Salas Regionales.

El 31 de diciembre de 2000, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la Federación.

Es a finales del año 2000 cuando el Congreso de la Unión aprueba las reformas, como son: en primer lugar el cambio de nombre de la Ley Orgánica y del nombre de la Institución, por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; se le otorga competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; se le concede al Pleno de la Sala Superior la facultada para determinar las regiones y el número y sede de las Salas, así como la forma de integrar jurisprudencia al resolver contradicciones de las resoluciones de las Secciones o de las Salas Regionales, facultándose además a la Sala Superior, para determinar la jurisdicción territorial de la salas regionales,

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