COLOMBIA, UN PAÍS DE OPORTUNIDADES O CONFORMIDADES

COLOMBIA, UN PAÍS DE OPORTUNIDADES O CONFORMIDADES

Por: Aura Lucia Moreno Ramírez

Resumen: Colombia es un Estado Social de Derecho, por lo cual debe brindar bienestar al conglomerado social para cumplir con este fin se crearon una serie de servicios públicos al auxilio de la comunidad. El concepto de servicios públicos aparece en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y son aquellos que están destinados a satisfacer las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua baja la dirección, regulación y vigilancia del Estado.

Nuestra Carta Superior tipifica en el artículo 365 la prestación de servicios públicos así “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”

Para cumplir sus fines el Estado ha de ejercer funciones y prestar servicios, pero la prestación de éstos y el suministro de los bienes que son requeridos por la comunidad, sólo pueden llevarse a cabo aplicando modelos económicos que consulten la realidad local y haciendo uso de bienes y recursos humanos disponibles, los cuales deben ser costeados por los miembros de la respectiva comunidad que los reclama, mediante una contribución señalada por el Estado o por explotación de bienes que pertenecen a esa colectividad o al Estado mismo.

En la década de 1990 los servicios públicos domiciliarios en Colombia pasaron por una reforma importante: se permitió la entrada del sector privado y se le dio participación a los usuarios en la vigilancia y control de estos servicios. Pero, dada la dimensión colectiva y el carácter monopólico que tienen la mayoría de estos servicios, fue necesario introducir una serie de mecanismos institucionales que permitieran al usuario defender su bienestar.

Si miramos la situación del derecho a la salud después de la implementación de la Ley 100 de 1993 en nuestro país, podemos señalar que dicho paso ha implicado una serie de desafíos para los gobernantes, ya que se han presentado desviaciones en lo relacionado a la adjudicación de responsabilidades.

Podemos notar que en

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