Delitos Informaticos

Crimen en la red

CREDITO:

Sergio Morales / El Economista

Como parte de su estrategia de combate a la criminalidad, México debe actualizar su legislación y programas de gobierno destinados al combate frontal de los delitos cibernéticos, cuyo catálogo es cada día más amplio y complejo.

Como parte de su estrategia de combate a la criminalidad, México debe actualizar su legislación y programas de gobierno destinados al combate frontal de los delitos cibernéticos, cuyo catálogo es cada día más amplio y complejo.

Aunque no existe una definición universal, los expertos han formulado conceptos funcionales que atienden la realidad concreta de cada país, consecuencia de la globalización y dependencia de tecnologías de la información, como el uso masivo y universal de Internet.

Los delitos cibernéticos constituyen actos criminales que pueden llegar a afectar al gobierno y su estabilidad, la economía y la paz social, por lo que se requiere de atención especializada de la autoridad.

En un primer momento se les buscó encuadrar en figuras típicas como el robo o hurto, fraude, falsificación, estafa o sabotaje, pero actualmente el catálogo es más amplio e incluye figuras como el terrorismo cibernético.

La adopción de nuevas tecnologías y su impacto en la vida cotidiana llevaron al Congreso de la Unión a actualizar, aunque todavía de manera insuficiente, diversos ordenamientos legales que quedaron desfasados con el paso del tiempo.

Además, las autoridades mexicanas adoptaron políticas para enfrentar este nuevo peligro, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Procuraduría General de la República; también se sumó a esfuerzos internacionales con la finalidad de formar un frente común en la lucha contra la delincuencia cibernética.

Por tratarse de ilícitos que pueden dañar las actividades productivas, la iniciativa privada también empezó a adoptar medidas de seguridad para protegerse de ataques a sus sistemas.

Catálogo de delitos cibernéticos

Cada día aparecen nuevas expresiones de la criminalidad, muchas de ellas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías, lo que representa un reto para las autoridades.

De acuerdo con los especialistas, los delitos cibernéticos se pueden catalogar de la siguiente manera: terrorismo cibernético y crimen organizado. Dentro de este último apartado se ubican el tráfico de drogas, personas y armas, entre otros; secuestro, delincuencia organizada, piratería, pornografía infantil, estafas electrónicas y delitos tradicionales cometidos a través de medios electrónicos.

Incluye hacking, ataques destructivos a información estratégica gubernamental y financiera, manipulación de datos y programas, falsificaciones informáticas, creación de virus, sabotaje informático, estafas electrónicas, intrusiones, modificaciones, intercepción, copia de información no autorizada, interrupción de las comunicaciones electrónicas, violaciones a los derechos de autor, spam y robo de identidad.

Entre los potenciales adversarios de las autoridades se encuentran: los usuarios de sistemas, empleados, hackers, intrusos, el espionaje corporativo, el crimen organizado y el terrorismo.

Cabe destacar que los delincuentes cibernéticos cuentan con habilidades para el manejo de sistemas informáticos y generalmente, por su situación laboral, se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información sensible o bien son hábiles en el uso de los sistemas.

Experiencia internacional

Aunque en Europa y Estados Unidos se han logrado los mayores avances, tanto a nivel legislativo como en las acciones instrumentadas para el combate a los delitos cibernéticos, desde finales del siglo pasado los países de América Latina empezaron a intercambiar experiencias y a impulsar políticas para enfrentar este tipo de criminalidad.

Estados Unidos fue a fondo en el combate a esos delitos, sobre todo en la intercepción de comunicaciones, luego del ataque a las torres gemelas de Nueva York y lo mismo sucedió en casos como los de Inglaterra y España, donde también se dieron expresiones del terrorismo.

En marzo de 1999 los ministros de justicia o procuradores generales recomendaron establecer un grupo de expertos intergubernamentales sobre delitos cibernéticos, con la encomienda de elaborar un diagnóstico sobre la actividad delictiva vinculada a las computadoras y la información en los estados miembros.

El diagnóstico incluía la legislación, políticas y prácticas nacionales sobre el tema; identificar entidades nacionales e internacionales con experiencia en el área y los mecanismos de cooperación dentro del sistema interamericano para combatir delitos cibernéticos.

En su cuarta reunión los ministros y procuradores recomendaron que, en el marco de las tareas del Grupo de Trabajo de la OEA, se volviera a convocar a los expertos con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y elaborar instrumentos jurídicos interamericanos pertinentes y de legislación modelo.

La finalidad era fortalecer la cooperación hemisférica en el combate contra dichos delitos, considerando normas relativas a la privacidad, protección de la información, los aspectos procesales y la prevención del

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