Evidencia De Aprendizaje. El Derecho Penal Y La Seguridad Pública En

UNIDAD 1. GENERALIDADES DEL DERECHO PENAL

Evidencia de aprendizaje. El Derecho Penal y la Seguridad Pública en

México

¿Qué relación existe entre el derecho penal y la seguridad publica en México?

¿Cómo aplica la seguridad publica los principios de derecho penal dentro de la sociedad? (prevención, sanción y readaptación entre otros).

Desde el ámbito de la seguridad pública ¿a qué necesidades da respuesta el derecho penal?

En respuesta a las preguntas anteriores se escribe el siguiente trabajo.

La seguridad pública es para el Estado un servicio (artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y su objetivo es mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres.

Para la sociedad, la seguridad pública es el derecho constitucional de gozar de una situación de tranquilidad y estabilidad tal que les permita ejercitar de forma libre y responsable los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente (artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

El objetivo del derecho penal es proveer seguridad jurídica, lo cual realiza a través de la protección de bienes jurídicos como forma de asegurar la coexistencia de todos los integrantes de una sociedad, es el medio de control más drástico, al cual se debe recurrir en última instancia cuando todos los demás medios de solucionar el problema han fracasado, auxiliándose de la seguridad pública como elemento regulatorio y represivo para castigar a quien haya infringido las leyes y atenten contra las garantías de la sociedad. Por consiguiente la policía se transforma en fuerza pública, siempre como expresión fiel del elemento coercitivo del Derecho, encargada del cumplimiento de esas reglas.

Sin embargo la seguridad pública en México solo ha sancionado, no le ha dado el impulso necesario a la prevención ni a la readaptación, ya que para readaptar es necesario contar con una nueva política penitenciaria que verdaderamente capacite, eduque y fomente el autoempleo de las personas que han cometido algún delito, lo cual ha sido un grave error, ya que en medida que se atiendan en conjunto dichos ejes, la Seguridad Publica se verá fortalecida,

Por eso es necesario fomentar la cultura de la participación ciudadana en el cuidado y atención de todos, que fomentemos la solidaridad como miembros activos para enfrentar la inseguridad que nos agobia en nuestras colonias. Sabemos que el problema principal de México es la falta de educación y de cultura. Pero educación y cultura implican correspondencia. Es decir, que se tiendan puentes y vasos comunicantes entre gobernantes y gobernados sobre la base de aquellas cultura y educación. Esto favorecería enormemente una atmósfera social de seguridad pública.

INTRODUCCION.

El 18 de junio de 2008 fue reformado el artículo 20 de nuestra Constitución, donde se establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Dicha reforma se debió a la crisis del anterior modelo procesal en relación con la garantía constitucional de la seguridad pública y en el fracaso del Estado por combatir la criminalidad, prevenirla y sancionarla. Ya que como miembros de una sociedad en la que vivimos, es un derecho constitucional y ante todas estas olas de violencia y criminalidad, estos factores pasan a conformarse como un riesgo en la seguridad nacional. Ante este contexto tenemos que la seguridad pública es para el Estado un servicio y su objetivo es mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres. Mientras que para la sociedad, la seguridad pública es el derecho constitucional de gozar de una situación de tranquilidad y estabilidad tal que nos permita ejercitar de forma libre y responsable los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente.

La relación entre el Derecho Penal y la Seguridad Publica es que el derecho penal debe proveer seguridad jurídica, lo cual realiza a través de la protección de bienes jurídicos como forma de asegurar la coexistencia de todos los integrantes de una sociedad, auxiliándose de la seguridad pública como elemento regulatorio y represivo para castigar a quien haya infringido las leyes y atenten contra las garantías de la sociedad. Por consiguiente la policía se transforma en fuerza pública, siempre como expresión fiel del elemento coercitivo del Derecho, encargada del cumplimiento de esas reglas.

Como ciudadanos tenemos derecho a la seguridad pública, a solicitarla y reclamarla, mientras que el objetivo del Estado es regular la tranquilidad de la población por medio de la implementación de un nuevo modelo procesal más eficaz y transparente a la hora de investigar la comisión de un delito, así como la de juzgar, mediante una audiencia oral al presunto responsable. Estas reformas al sistema de justicia penal fueron encaminadas a fortalecer la seguridad pública, realizando la transición de un proceso mixto, pero preponderantemente inquisitivo a un sistema oral.

No puede haber otra seguridad que aquella que permite cumplir

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